Italia quiere que Bruselas revise la prohibición de vehículos de combustión
El Gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni presiona a la Unión Europea con la intención de que Bruselas adelante a 2025 -inicialmente está prevista para 2026- la revisión de la agenda medioambiental que contempla la prohibición de la venta de coches de combustión en el Viejo Continente para 2035. En un esfuerzo conjunto con la República Checa, Italia pretende que el resto del bloque comunitario reconozca una «gama más amplia» de soluciones a la movilidad más allá de los vehículos eléctricos de batería y los coches de hidrógeno, de lenta adopción en el territorio, lo que de hecho significa una revisión de la posible prohibición de vender coches de combustión convencional. «La industria se encuentra en una coyuntura crítica, enfrentándose a importantes desafíos relacionados con la producción, el empleo y la competencia global, que requieren una acción urgente y coordinada a nivel europeo», recoge el borrador del escrito preparado por el Ejecutivo italiano adelantado por 'Bloomberg'. En el documento, aún sujeto a cambios, se admite que la competitividad de la Unión Europea y, en especial, de la industria del automóvil «debe seguir siendo un eje de la política industrial» común. Mientras tanto, la industria automovilística europea lucha por cumplir sus objetivos de la agenda climática europea en plena ofensiva de la competencia china y la caída de la demanda de coches eléctricos por parte de los consumidores. Además, la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses también ha hecho temer la imposición de aranceles adicionales a las exportaciones en un futuro próximo, en particular para los fabricantes alemanes, que envían más vehículos a Estados Unidos que a cualquier otro país. A día de hoy, la Comisión Europea, que encabeza Úrsula Von der Leyen ya se ha comprometido a crear una excepción para los coches que funcionan con los e-fuels, que se fabrican utilizando dióxido de carbono capturado y electricidad renovable. La posible ofensiva de Roma sobre Bruselas llega en un momento en el que los gobiernos nacionales se revuelven contra el Gobierno de la Unión Europea. El pasado martes Francia admitió estar negociando con varios Estados miembro la creación de un frente común para evitar la aplicación de sanciones a los fabricantes de automóviles que incumplan con los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono en 2025. Desde 2019, el reglamento europeo bautizado como 'CAFE' prevé una trayectoria de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los coches vendidos en los diferentes mercados comunitarios que conducirá a la prohibición de facto en 2035 de las nuevas matriculaciones de coches de combustión. De aquí a unos meses, en enero de 2025, Bruselas ya ha anunciado que empezará a aplicar esta normativa, lo que en la práctica requerirá una reducción de las emisiones del 15% respecto a los niveles previos a 2020, lo que supone tener que vender en apenas ocho semanas un coche eléctrico por cada cuatro térmicos. Las proyecciones varían en cuanto al montante total de las sanciones que tendrían que terminar pagando los fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas. La industria calcula que estaría entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros. Sin embargo en su escenario central, el impacto potencial podría limitarse a los 5.100 millones de euros. En este contexto, se antoja previsible el apoyo de los países de Europa del Este a la iniciativa francesa. Rumanía, por ejemplo, bastión de Dacia (grupo Renault), sin coches eléctricos de batería en su catálogo, salvo el Spring importado de China, considera que la hoja de electrificación europea es demasiado agresiva. Italia y la República Checa también podrían estar a favor de esta nueva revisión. Mientras, desde España, la presidenta de la Federación de asociaciones de concesionarios de la automoción (Faconauto), Marta Blázquez, ha pedido a la Unión Europea adelantar a 2025 la revisión de los objetivos de emisiones de gases contaminantes para vehículos industriales, prevista en un principio para 2027. EL objetivo sería evaluar las condiciones necesarias para el cumplimiento normativo y eliminar las multas para las empresas que no consigan alcanzar el propósito, según ha defendido Blázquez durante su intervención en el III Observatorio del Vehículo Industrial celebrado este jueves en el Campus Repsol de Madrid. Bruselas se ha marcado como objetivo una reducción del 15% de las emisiones de dióxido de carbono para los vehículos pesados en 2025, del 45% para 2030 y del 90% para 2040, tomando como referencia los niveles previos a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, desde Faconauto advierten de que al ritmo actual de electrificación del mercado, y ante la falta de infraestructura de carga y estaciones de hidrógeno para vehículos pesados, junto con el incipiente desarrollo tecnológico, el sector difícilmente cumplirá con estos objetivos. Por ello, consideran esencial establecer unas condiciones «adecuadas» que permitan a los operadores invertir en vehículos de cero emisiones y operarlos «de manera rentable». En todo caso, más allá de los vehículos eléctricos, Faconauto subraya el papel que pueden jugar en todo esto los combustibles renovables que, a su juicio, son una alternativa «viable e inmediata» para reducir las emisiones sin esperar a desarrollos futuros.