Miguel Ángel Rodríguez responderá que “no tiene información reservada” si le cita el Supremo
- Revelación de secretos
- Accedió a los correos
- Sin acceso a información reservada
- Los correos publicados en medios de comunicación
- La petición de acuerdo, iniciativa de la pareja de Ayuso
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá ante el Supremo sin problema, si el tribunal estima la petición en ese sentido formulada por Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado.
García Ortiz ha solicitado esa comparecencia en relación con la causa abierta por el Tribunal Supremo, tras la demanda contra él presentada por Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El pasado 16 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de fraude tributario y falsedad documental contra González Amador.
Revelación de secretos
El novio de Díaz Ayuso interpuso una querella por la divulgación, el 14 de marzo de 2024, de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de la investigación.
El tribunal precisó que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida al Fiscal General por el querellante, González Amador, puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.
Sin embargo, no decidió investigar el fiscal por dicha nota. "(...) Se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos (...)", afirmó el Alto Tribunal en su resolución. Pero sí ve indicios en los correos electrónicos publicados horas antes por distintos medios de comunicación. "(...) al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa", concluye.
Este caso supone la primera vez que el Supremo imputa al máximo responsable de la Fiscalía en España.
Accedió a los correos
La Abogacía del Estado, en defensa del máximo representante del Ministerio Público, asegura que existen “indicios” de que Miguel Ángel Rodríguez accedió a los correos que la fiscalía intercambió con la defensa de Alberto González Amador.
Fuentes cercanas a Rodríguez aseguran a Confidencial Digital que, no solo comparecerá, sino que se defenderá si la representación del Fiscal General le acusa de haber revelado los emails por cuya filtración sí se investiga al Fiscal General.
El jefe de gabinete de Ayuso niega tener acceso alguno a dicha información reservada que se publicó en los medios, al contrario que la Fiscalía: “Quien la tiene son ellos”, afirman desde su entorno a ECD.
Sin acceso a información reservada
La argumentación del entorno de Ayuso se basa en que no han tenido acceso a datos privados, es decir, a la correspondencia entre fiscalía y la defensa del novio de la presidenta.
Los emails solo podían ser enviados y recibidos por las partes inmersas en el proceso de acuerdo, no por el asesor de la presidenta madrileña. Esas serán las principales líneas de argumentación que esgrimiría Rodríguez, en caso de ser citado por el juez.
La defensa incidirá también en que quien tenía material sensible era la propia Fiscalía, que, como tal, no puede difundir la conversación de la negociación con un particular.
Sin embargo, ahí reside una de las principales complicaciones para demostrar que fue García Ortiz quien filtró el documento a los medios: si se les pregunta, los periodistas se acogerán al secreto profesional para proteger a la fuente; y al menos una veintena de personas tienen acceso al archivo que terminó publicado —además del Fiscal General—.
Los correos publicados en medios de comunicación
El origen de este caso se remonta al presunto fraude fiscal que cometió el novio de Ayuso. González Amador, según los informes de Hacienda, dejó de tributar más de 350.000 euros, tras haber ganado dos millones por haber intermediado en una operación de compraventa de mascarillas durante la pandemia. El presunto fraude se cometió entre 2021 y 2022.
Esta información, revelada por elDiario.es, desató un cruce de acusaciones entre la pareja de la presidenta y la fiscalía. El periódico El Mundo publicó un correo electrónico en el que se deducía que el ministerio público había ofrecido un pacto a González Amador, una práctica habitual, principalmente, cuando la fiscalía alberga la posibilidad de que el demandado pueda ganar un hipotético juicio.
La petición de acuerdo, iniciativa de la pareja de Ayuso
Ese email tuvo una respuesta en otros medios de comunicación, que publicaron un correo previo de la defensa de Amador a la fiscalía, donde se advertía que, en realidad, fue la pareja de Ayuso quien buscó el acuerdo, y no al revés.
Es esta filtración la que investiga ahora el Alto Tribunal, y por la que ha imputado a García Ortiz como máximo responsable de la institución, al entender que pudo ser él quien envió esta documentación a los medios para que la publicaran. Una práctica que vulneraría los derechos de la pareja de Ayuso. Sin embargo, otras veinte personas tuvieron acceso al correo y pudieron haberlo filtrado.