El informe de Sanidad para romper con Muface no contempla contratar a más médicos
- El apartado 4, “posibles cauces de acción”
- Reforzar los medios, pero solo para la transición de Muface a la sanidad pública
- Competencia de Óscar López
- El informe detalla cuánta carga de más supone este cambio para el sistema público
- Una competencia autonómica con influencia del Estado
El Ministerio de Sanidad ha publicado este martes el documento completo donde proponen transferir a la sanidad pública todos los mutualistas, terminando así la asistencia concertada a los funcionarios. El informe aboga por destinar a la sanidad pública los 1.337 millones de euros que ahora paga el Estado a las aseguradoras privadas que se hacen cargo de los trabajadores públicos que eligen ser atendidos por estas compañías.
Sin embargo, no menciona en ningún apartado de los 19 folios en los que se desarrolla el plan, la posibilidad de contratar más médicos para hacer frente a la absorción de los mutualistas en el sistema público. Los profesionales de la sanidad pública, principalmente los de la atención primaria, llevan desde la pandemia denunciando la precariedad en la que se ha sumido al sector, que soporta una carga de trabajo muy por encima de la adecuada, según denunciando las asociaciones y sindicatos de este colectivo.
El apartado 4, “posibles cauces de acción”
El informe no menciona en ninguna parte la posibilidad de incorporar más médicos para hacer frente a las decenas de miles de personas a las que tendría que atender el sistema público si se pone fin a Muface. El documento aborda en el punto cuatro los “posibles cauces de acción” para incluir a todos los funcionarios en la sanidad pública.
En este apartado, destinado específicamente a diseñar cómo incluirlos, se detalla un plan de nueve meses. Es decir, Sanidad propone prorrogar el contrato actual con las aseguradoras durante casi un año para que la absorción de todo el funcionariado actualmente asistido por las empresas privadas sea progresiva.
“(...) Podría plantearse una incorporación paulatina estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios”, afirma el texto para explicar el orden alfabético en el que se irían introduciendo a los funcionarios en el sistema público de salud.
Reforzar los medios, pero solo para la transición de Muface a la sanidad pública
A partir de aquí el documento relata de forma detallada un plan sobre cómo organizar el traspaso de los casos más importantes, evitar duplicidades una vez se incluyan en el sistema público, cómo ordenar las listas de espera quirúrgicas e incluso la elaboración de un plan de comunicación para que todos los afectados estén correctamente informados.
Por último, también hace referencia al coste, y sostiene que deben traspasarse los recursos destinados a las aseguradoras, al sistema nacional de salud. Esto es, esos 1.300 millones. Y es aquí donde se encuentra la única frase que podría abrir la puerta a contratar más médicos para reforzar la sanidad pública: “Es evidente que se afrontarán retos en términos de necesidad de adecuación de la planificación de los servicios de salud para el nuevo escenario de cobertura sanitaria”, aunque no se apela en ningún caso a recursos humanos.
De hecho, el documento hace mucho más hincapié en cómo gestionar esos nueve meses de transición que cómo se fortalecerá el sistema público de salud.
“Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas de MUFACE que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública en el proceso de internalización de la provisión de dicha asistencia, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”, concluye el documento.
Competencia de Óscar López
Esta informe llega en mitad de las negociaciones entre el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, y competente en la materia, y las empresas aseguradoras que consideran insuficiente los más de 1.300 millones que el Estado les paga para que atiendan a los funcionarios que así lo decidan.
López apuesta por realizar una nueva oferta a las compañías sanitarias y no renuncia al acuerdo, mientras la parte de Sumar del Gobierno ahora se pronuncia abiertamente sobre disolver el sistema de mutualidad vigente desde hace 30 años.
El informe detalla cuánta carga de más supone este cambio para el sistema público
El documento de Sanidad, en cambio, sí recoge el aumento de personas que tendrá que atender cada autonomía. Incluso dividido por edades. Una tabla recoge estos datos de cero a catorce años, de quince a 34, y mayores de 65. Ceuta y Melilla tendrán un aumento total de más del 5%, el mayor de todo el país. Seguidos de Castilla y León, con un 3,12% y Extremadura, con un 3,02%.
Una competencia autonómica con influencia del Estado
Las competencias en Sanidad están, en gran medida, delegadas a las comunidades. Los gobiernos autonómicos tienen la potestad de aumentar las plantillas, por lo que, en última instancia, depende de los territorios, pero el Ejecutivo central tiene opciones como aumentar las plazas MIR en las especialidades con mayor carga.