El sátrapa de Nayarit
Hay gobernadores buenos, malos, pésimos y Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit. Por largo tiempo ha estado por debajo del radar de la opinión pública nacional, por lo que sus abusos, despojos, leyes draconianas, persecuciones políticas y denuncias de corruptelas, han pasado relativamente desapercibidas. Pero sus excesos tuvieron un punto de inflexión. Después de buscar contener al gobernador en su intento por meterse en la vida interna del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su dirigencia finalmente hizo pública su denuncia con un desplegado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum donde centra sus arbitrariedades.
Navarro Quintero se metió en el proceso de renovación del Comité Ejecutivo del SNTE y ha estado hostigando al candidato para encabezarlo, Óscar Flavio Cedano, para intimidarlo por medio de la fiscalía estatal y descarrilarlo del proceso electoral. En el desplegado, el secretario general del sindicato magisterial, Alfonso Cepeda, dijo que se trata de una campaña de intimidación que violenta la autonomía sindical y representa un abuso de poder. Muchos meses antes, Flavio Cedano reveló que, por su oposición a la llamada ley Navarro, Navarro Quintero había ordenado que se abrieran carpetas de investigación contra quien se opusiera.
La ley Navarro es una aberración. Desapareció 2 mil 500 millones de pesos del fondo de pensiones, por lo que los trabajadores del estado lo denunciaron penalmente, sin éxito, y un grupo de ciudadanos quiere promover la revocación de mandato, que aparentemente sigue el mismo camino. Redujo en más de 30% la pensión máxima que puede tener un jubilado y eliminó los aumentos en las pensiones del personal en activo, que impactó al poder adquisitivo. Se ha metido en los contratos colectivos de la burocracia para quitarles derechos adquiridos, como en el caso de los maestros, donde esa ley canceló sus aguinaldos. Para neutralizarlos, ordenó acciones judiciales e incautó bienes del SNTE.
En mayo pasado, Cedano declaró a la prensa que en Nayarit, si “levantas la voz, señalas alguna violación que se esté haciendo por parte del gobernador, te abren una carpeta de investigación e inicia la persecución y el amedrentamiento. Ves patrullas en las esquinas de tu casa para que no alces la voz y señalar que está haciendo un mal trabajo. Estamos viviendo una dictadura en el estado”. Su caso, como dijo, es el de muchos.
La utilización de la fiscalía con fines políticos ha sido una constante de Navarro Quintero. Uno de los objetivos del gobernador se ha enfocado en neutralizar y desaparecer a todos sus opositores en Bahía de Banderas, el municipio de mayor crecimiento y desarrollo en el estado, corazón de la Rivera Nayarita. Navarro Quintero impuso en la alcaldía a Héctor Santana, a quien está impulsando para que lo releve en 2027, para lo cual ha perseguido penalmente a quien se le cruce. La fiscalía nayarita abrió una investigación contra Mirtha Villalvazo, casi recién inició su segundo periodo en la alcaldía, y la acusó de fraude inmobiliario y malversación de fondos públicos, por lo que pidió licencia y se dio a la fuga. Con esta acción, la puerta a Bahía de Banderas se abrió para el delfín del gobernador.
Esta acción fue asociada con el Mega Operativo Nuevo Nayarit, que inició Navarro Quintero al asumir la gubernatura para recuperar, dijo, los bienes inmuebles del estado que le habían sido arrebatados ilícitamente en Bahía de Banderas y Compostela. Uno de los empresarios afectados, Eduardo Valencia, acusó al gobernador en una entrevista en la prensa nacional de manejar una red de despojo a particulares, empresarios y ciudadanos extranjeros de sus propiedades en Bahía de Banderas.
De acuerdo con un reporte del periódico Tribuna de la Bahía a finales de octubre, el Mega Operativo abrió la puerta a reformas fallidas, como la controvertida reforma del Registro Público de la Propiedad, donde el gobierno federal interpuso un recurso de inconstitucionalidad porque cerraba esa base de datos y le quitaba su esencia pública, por lo que Navarro Quintero la abrogó, pero sustituyéndola por una ley para los trabajadores públicos que también los afectaba.
Lo que quedó intacto, como parte de sus reformas, fue la digitalización del registro catastral, donde, reportó el Tribuna, una serie de “descuidos” permitió que “defraudadores en Bahía de Banderas ya endeudados, (aprovecharan) esta omisión y el borrón de sus deudas en los libros catastrales para volver a solicitar millonarios créditos en cuatro bancos a los que ya estaban sujetos, desatando el mayor desfalco a la banca en la historia de Nayarit”.
Navarro Quintero ha sido un gobernador altamente controvertido y bastante repudiado por sus gobernados. De acuerdo con el ranking de gobernadores que publica mensualmente Consulta Mitofsky, se encuentra en el lugar 29 –de un total de 32–, donde sólo Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, están peor evaluados que él. De estos cuatro, solo él ha estado lejos de los reflectores nacionales, pero el descrédito en su estado está asociado con los señalamientos de atrabiliario e incompetente, así como de presunción de corrupción.
Hay algo adicional que levanta mucho las cejas por su interés en tener bajo control Bahía de Banderas. Tanto en ese destino turístico como en Tepic, la capital de Nayarit, se ha incrementado la desaparición de mujeres, particularmente entre 20 y 30 años, que en los primeros 10 meses del año habían sumado una decena más que en todo 2023, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Información que le proporcionaron colectivos de personas desaparecidas apunta a una red de trata de personas en Bahía de Banderas, que opera con impunidad en la región gracias a la complicidad del gobierno estatal.
Desde septiembre diferentes grupos sociales han estado movilizándose y realizando manifestaciones, pero no han tomado tracción. El desplegado del SNTE, aunque enfocado en el tema sindical, ha sido un catalizador por el cual muchos ojos comenzaron a voltear a Nayarit, donde los “atropellos” y los “actos de autoritarismo e intolerancia” que le achacó Cepeda a Navarro Quintero rebasan el conflicto con el magisterio y se convierten en un tema estatal con implicaciones nacionales al involucrar, pidiendo acción en respuesta, a la Presidenta.