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La comisión de investigación sobre Begoña Gómez que impuso Ayuso se diluye tras las primeras comparecencias

La segunda jornada de indagaciones sobre el presunto trato de favor a la esposa del presidente se pierde entre un compareciente sin información directa y la alerta de dos rectores contra la desinformación y los recortes presupuestarios

La comisión para exponer a Begoña Gómez se vuelve en contra de las intenciones del PP: "Todo fue legal"

Tras pasar cerca de una hora repitiendo en la Asamblea de Madrid que la información de que disponía sobre la cátedra extraordinaria de la esposa del presidente del Gobierno se basaba en informaciones de prensa y los “muchos 'inputs'” u opiniones que le llegaban de profesionales de dentro y fuera de la universidad, el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Clemente, se encontró esta semana con la pregunta brusca de la diputada socialista Marta Bernardo:

— ¿Usted tiene alguna relación concreta con el caso que nos ocupa?

— Nada.

En esa “nada” que reconocía el decano se desarrolló, a grandes rasgos, la segunda sesión de una comisión de investigación que pretende dilucidar el presunto trato de favor a Begoña Gómez, codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense. Como quiera que en la primera jornada Gómez no declaró, el rector negó cualquier irregularidad en la creación del título y la interventora general solo dio parte de una infracción administrativa en una contratación por 24.000 euros de servicios que sí se prestaron, el PP y Vox se esfuerzan ahora en insuflar aliento a una comisión que se extenderá como mínimo hasta febrero, aunque con expectativas menguantes.

Los populares habían puesto ciertas esperanzas en la intervención del decano Clemente, pues su relación con el rector, Joaquín Goyache, no es exactamente cordial: pidió su dimisión en un consejo de gobierno de la universidad celebrado en julio, a raíz precisamente de las informaciones de prensa sobre el máster de Begoña Gómez. Este miércoles denunció supuestas irregularidades, pero no relativas a Gómez, sino a defectos eminentemente formales en el funcionamiento de las cátedras extraordinarias de su propia facultad.

También dijo que le han abierto un expediente por “acoso laboral” por ser inquisitivo en exceso respecto al caso, según su sospecha. Además, especuló con que el rector quizás pudo haber decidido en su momento autorizar la cátedra extraordinaria de Gómez para engrasar sus relaciones con el PSOE, del mismo modo que la concesión del título de alumna ilustre a Isabel Díaz Ayuso pudiera buscar cimentar su buen trato con el PP. Quizás sí, pero a lo mejor no, porque pruebas no tenía ni en un caso ni en el otro, según apostilló en seguida.

Reputación y desinformación

El celo investigador del decano venía dado, según explicó, por “el daño reputacional” ocasionado a la universidad tras saltar a la prensa la relación de Gómez con la institución. Sobre la cuestión de la reputación también preguntaron los diputados a los otros dos comparecientes del día, la rectora de la Universidad Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, y su homólogo en la Carlos III, Ángel Arias, llamados a la sesión por Más Madrid para explicar los procederes de sus respectivas instituciones respecto de las cátedras extraordinarias.

Ambos quisieron ser diplomáticos, pero dieron a entender que la cuestión, que es menor en términos económicos —la financiación de las cátedras extraordinarias no supera el 0,5% del presupuesto— pudo estar inflada mediáticamente. “Tanta información y desinformación sobre el caso afecta a la reputación no de la Complutense, sino de todas las universidades públicas”, dijo Mendikoetxea. “Hay mucha información y hay mucha desinformación. Hay que hacer un esfuerzo colectivo para poner en valor el trabajo de docencia e investigación”, planteó Arias.

Los dos coincidieron, como ya era conocido antes de la convocatoria de la comisión y había reiterado Goyache en la sesión inicial, que la denominación de “cátedra” puede resultar equívoca para estas titulaciones financiadas por empresas. Daniel Varela y Antonio Sánchez, de Más Madrid, adujeron que su mera existencia podría espolear la colonización de la institución pública por parte del sector privado, pero ese no era el objeto del debate, como insistió la presidenta de la comisión, la popular Susana Pérez Quislant.

La rectora de la UAM recordó que ha tenido que hacer “un recorte importante” por la insuficiente financiación universitaria, y el rector de la Carlos III fue más allá. “El presupuesto, si se mantienen las cifras actuales, compromete seriamente la actividad” dijo sobre las cuentas del Gobierno regional, tras asegurar que “el personal está en una situación crítica”.

Sesiones al menos hasta febrero

El deslucido discurrir de la sesión hace presagiar un provecho limitado de las siguientes comparecencias, que se alejan, como círculos concéntricos, del examen del supuesto trato de favor a Gómez para centrarse en funcionarios y técnicos de menor rango. Quedan dos jornadas de trabajo antes de final de año y las siguientes no se celebrarán hasta febrero, pues enero es mes inhábil en la Asamblea de Madrid. Pero Vox ha pedido ir más allá e investigar ahora el programa informático puesto a disposición de la cátedra de Gómez con financiación privada, posibilidad que el PP no descarta y que puede extender la comisión hasta la primavera.

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