Magistrado destituido en El Salvador: Un juez apéndice del poder político es cómplice de violaciones

El exmagistrado salvadoreño Sidney Blanco, retirado obligatoriamente del cargo luego de que una ley impulsada por Nayib Bukele ordenó destituir a todos los jueces mayores de 60 años en El Salvador, advirtió de que los jueces que operan como apéndices del poder político se convierten en cómplices de violaciones.

Blanco, exintegrante de la Sala de lo Constitucional, sostuvo que, en su país, la violencia de las estructuras criminales fue sustituida por la violencia del Estado. En conversación con La Nación, el jurista analizó las señales de populismo, presión y anulación de la división de poderes en Centroamérica.

El exmagistrado visitó Costa Rica, a finales de octubre, para conversar con jueces de toda la región sobre los desafíos que el populismo está poniendo sobre las democracias.

-¿Qué significa la independencia judicial para el ciudadano, más que para el administrador de justicia? ¿Qué incidencia tiene sobre las personas que reciben la justicia?

-La independencia es un principio ético. Le corresponde al juez emitir decisiones sin intromisiones indebidas de los demás poderes, ni del mismo Poder Judicial. Es también un derecho que tienen los ciudadanos en general, para contar con jueces que resuelvan sus asuntos, como despidos laborales, peticiones de cuotas alimentarias, el derecho a la propiedad, el honor, la no intromisión en domicilios ajenos, cobros de tributos...

Jueces de Latinoamérica advierten ataques a independencia judicial en Costa Rica

“El trabajo del juez y su característica de independencia tienen un impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿A quién no le interesa tener derecho a la estabilidad laboral, derecho a la propiedad, o que el contrato de arrendamiento se cumpla tal como fue establecido?

En medio del populismo, de los chistecitos y de que ‘aquí yo quiero hacer las cosas bien, pero no me dejan’, en medio de ese jueguecito de palabras al que el populista suele recurrir, habrá unas consecuencias muy graves para nuestra región.

Sidney Blanco, exmagistrado salvadoreño

“Cuando eso no se cumple, hay que acudir a un juez, llamado a resolver los conflictos entre particulares y el Estado.

“En otro nivel, el legislador tiene facultad de aprobar leyes y el Ejecutivo, el presidente, la competencia de ratificarlas; esos dos órganos políticos pueden aprobar leyes que perjudiquen a los ciudadanos, como jubilaciones forzosas, reducir pensiones, autorizar despidos injustificados.

“Entonces, es al juez independiente al que le corresponde analizar, desde la Constitución y los tratados internacionales, la validez de esta ley, pero eso solo lo puede hacer un juez con las características de independencia. Un juez que sea un apéndice de los poderes políticos está siendo cómplice de las violaciones en perjuicio de la sociedad”.

-¿Cómo se opera, desde su experiencia, esa manipulación para la anulación de la división de poderes? ¿Cuáles son las señales?

-Nuestra región latinoamericana ha demostrado, en los últimos tiempos, un evidente apetito por anular los poderes judiciales, de distintas maneras. Algunos lo hacen a través de distintas reformas, como estamos viendo en México, actualmente, que están cesando a todos los jueces en virtud de una reforma.

“Otros países lo han hecho de manera más brutal, como ocurrió en El Salvador, con la remoción inmediata, sin debido proceso, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, para imponer a unos abogados cuyo nombramiento no fue a través del debido proceso.

“En El Salvador, a partir de la remoción de estas cúpulas, en la Fiscalía General y la Sala de lo Constitucional, y la imposición de funcionarios leales al poder político, entonces todo el tema de independencia se desmantela.

“Esto lo vimos en setiembre del 2021, cuando se aprobaron dos cosas que condujeron al desmantelamiento total de la independencia judicial. Uno: se aprobó la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que expulsó a un tercio de los jueces, por tener más de 60 años, contra la Constitución que asegura la estabilidad.

“Dos: que estos nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, impuestos de manera inconstitucional a través de una resolución, reconocen que el presidente de la República puede reelegirse. Entonces, fue una especie de pago de favores por el nombramiento, a pesar de que era un proceso que nada tenía que ver con la reelección.

“Esta es la cosecha del desmantelamiento del Poder Judicial, la cooptación, los frutos de la cooptación, porque ya no hay una instancia capaz de controlar, de manera independiente, lo que hacen los legisladores o el Poder Ejecutivo”.

-¿Cuáles son las alertas y la experiencia que debe aprender un país como Costa Rica, que empieza a vivir inéditos ataques desde el poder político a la Corte?

-La creatividad de los políticos para desmantelar instituciones democráticas es casi infinita y además impredecible. En El Salvador, después de haber transitado desde los acerdos de paz en los 80, hasta el 2019, en que llega Bukele, se dieron algunos pasos para fortalecer la democracia y la independencia judicial.

“Yo ejercí la judicatura por 25 años y nueve de ellos estuve en la Sala de lo Constitucional, como magistrado. Dictamos un conjunto de sentencias relacionadas con derechos políticos electorales, derechos humanos, control constitucional de elecciones de segundo grado. Una serie de sentencias que, casi cuando terminamos el mandato, creímos que habíamos contribuido a cimentar las bases para el mantenimiento de la democracia.

“Pero nos dimos cuenta de que jamás vimos una señal de que ese desmantelamiento no se iba a hacer por la vía paralela, la vía ilegal. Entonces, llega el presidente Bukele, tiene una Asamblea con una correlación de fuerzas en su favor.

“Quita las cúpulas e impone otras, violando la Constitución, violando estándares internacionales, violando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y violando todos los procesos de selección de jueces, removiendo magistrados y nombrando, en cuestión de media hora, de la noche a la mañana.

“Todo aquello que construimos, fortaleciendo la independencia judicial, se vino abajo; es como que empiezas a construir una casa y, en un terremoto, se destruye todo y hay que empezar de cero.

“No podría yo decir cuáles son las señales, pero cuando aparecen estos políticos, que hablan con mayor libertad y dicen cualquier cosa, asumen esta personalidad de populistas, esta manera de gobernar, estos suelen calar en el pueblo, en las mayorías, y dicen cualquier cosa a los valores democráticos; lo adornan para que la gente los siga, entonces pueden hacer cualquier cosa.

“Luego, empiezan a hablar de nombre de esas mayorías, supuestamente, que ‘el pueblo me eligió para que capture a todos aquellos que parecen delincuentes, o para que suprima una institución, o para que yo ponga los jueces que yo crea correctos, o para que dé luz verde a las fuerzas armadas o la policía para que ellos tomen decisiones en las calles’.

“El Salvador va a ser ejemplo de las consecuencias que se producen cuando no hay respeto a los derechos humanos. Con el transcurrir de los años diremos, cómo pudo El Salvador llegar a este momento”.

-Actualmente, muchos países parecen admirar los números de seguridad del presidente Bukele, generados por el estado de excepción y los encarcelamientos indiscriminados. ¿Esa es la vía para resolver el problema de la inseguridad?

-Es que no se están atacando las raíces del problema. No es controlar militar o policialmente los territorios. La recuperación de los territorios de las manos de las estructuras criminales significa llevar a esos territorios salud, educación, empleo, esparcimiento y seguridad.

“Rescatar territorios por parte del Estado no es inundar de policía las comunidades. Ahora lo que estamos viendo es que la violencia que monopolizaban las estructuras criminales ha sido sustituida por la violencia estatal.

“Esto significa que los ciudadanos están atemorizados de que en cualquier momento sean detenidos; están atemorizados de que en cualquier momento te intervienen los teléfonos o te quiten los bienes, o que te obliguen a salir del país, que tengas que salir huyendo con tu familia.

“Esa es la violencia estatal. Yo creo que el Estado debe repensar sus deberes, porque el deber principal frente a las estructuras criminales es combatirlas, pero también el deber es abstenerse de ejercer violencia contra sus ciudadanos. El precio que se paga por estas acciones es muy alto.

“Claro, en medio del populismo, de los chistecitos y de que ‘aquí yo quiero hacer las cosas bien, pero no me dejan’, en medio de ese jueguecito de palabras al que el populista suele recurrir, habrá unas consecuencias muy graves para nuestra región”.