El PP pide la dimisión de Armengol después de que el Supremo fallara en favor del letrado purgado por criticar la amnistía
El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha cargado contra la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, tras haberse visto desautorizada por el Tribunal Supremo al cesar el secretario general de las Cortes a un letrado que se mostró crítico con la ley de Amnistía . Manuel Fernández-Fontecha, segundo jurista con más antigüedad de la Cámara, recurrió su cese en la Comisión Constitucional al Alto Tribunal en diciembre de 2023, después de ser destituido por el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, coincidiendo con la publicación de sendos artículos en ABC en los que Fernández-Fontecha se mostraba crítico con la ley de Amnistía, alegando que había sido víctima de una «purga ideológica» y un acto «inmotivado, arbitrario, dictado en desviación de poder, discriminatorio». Ahora, un año más tarde, el Alto Tribunal falla en favor del letrado y las respuesta de la oposición no se ha hecho esperar. Tellado ha reaccionado en redes sociales a la información publicada por este diario con los detalles del fallo a los que tuvo acceso ABC. «Los letrados del Congreso se ven obligados a recurrir a la Justicia para que respeten sus derechos», ha asegurado el portavoz parlamentario del PP, quien señala directamente a la presidenta de la Cámara Baja, «Así actúan Armengol y su fiel servidor Galindo. Armengol, váyase ya. Deje de dañar la institución». Cabe recordar que, empujado por la presión mediática, Galindo restituyó al letrado dos semanas después, pero este mantuvo su recurso a trámite en el Supremo para que un futuro pronunciamiento del Alto Tribunal disuadiera a la secretaría general de la Cámara Baja de llevar a cabo acciones similares. Este suceso se suma a la lista de polémicas que rodean al secretario general del Congreso, quien queda desautorizado por el Supremo que señala en el fallo que la adscripción de los letrados de las Cortes a las distintas comisiones es un acto recurrible, y afecta a sus derechos, en contra de lo que argumentaba Galindo. El nombramiento del letrado mayor ya fue polémico por ser una persona de de máxima confianza del Gobierno socialista que sirvió como subsecretario en el gabinete de la entonces titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ahora ministra de Vivienda. Galindo fue además responsable del informe que libró de obstáculos la calificación de la ley de Amnistía.