La Confederación lanzó un ultimátum al Gobierno de Mazón en junio para aprobar parte del proyecto del barranco del Poyo

“Si no hubiera anulado el proyecto del barranco del Poyo se hubieran salvado muchas vidas”. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, recriminó de esta forma a la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, una supuesta paralización del proyecto de adecuación del barranco del Poyo, que según la tesis de los populares, hubiera evitado las inundaciones. La realidad es que ni el proyecto está paralizado por el Gobierno ni la ejecución del proyecto hubiera evitado la catástrofe, si bien sí que hubiera atenuado en parte los daños materiales. Tampoco es cierto que la Ley de Protección de la Huerta sea incompatible con el proyecto, sino que establece unos criterios de integración paisajísticos.

Y es que, según la documentación recabada por elDiario.es (completa al final de la información), el ministerio de Ribera, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), lanzó el pasado mes de junio una suerte de ultimátum a la Generalitat Valenciana para poder avanzar en la tramitación de una parte de este proyecto, en concreto para el proyecto “Acondicionamiento del barranco de la Saleta. Tramo Aldaia-Nuevo cauce del Turia”. Un documento que demuestra que no es cierto que se anulara proyecto alguno, como dijo Tellado el pasado miércoles 20 de noviembre en el Congreso, durante la comparecencia de Ribera para dar cuenta de la gestión de la DANA.

En concreto, se trata de la respuesta que el pasado mes de julio dio la Conselleria de Medio Ambiente a un requerimiento de la CHJ emitido un mes antes para que se pronunciara sobre si considera adecuado un informe, en el que la CHJ propone al órgano ambiental (la dirección general de la Conselleria) continuar con los trámites de aprobación del proyecto de encauzamiento del barranco de la Saleta (el que cruza el municipio de Aldaia, uno de los más afectados por la DANA). Además, incluye informes firmados en febrero del presente año lo que pone en evidencia que la tramitación ha estado en marcha.

En su respuesta, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente afirma que “en relación con la zona de huerta expropiada, desde el punto de vista de las competencias de esta Dirección General, y, visto que resulta necesaria una adecuada coordinación entre administraciones, considerar adecuado el trazado propuesto en el proyecto de la CHJ sobre los terrenos de huerta expropiados, para que sean utilizados para el citado encauzamiento. Todo ello como continuación de la tramitación de la documentación presentada ante esta Dirección General”.

Sobre el informe de febrero de 2024 de la CHJ realiza algunas precisiones: “De conformidad con el art.24 de la Ley 5/2018 de la Huerta de Valencia, resulta necesaria la aportación de un estudio de integración paisajística, por la incidencia en el paisaje del proyecto, debiendo este ser informado favorablemente antes de la aprobación final del proyecto, y recomendándose su aportación antes de la emisión del informe ambiental”, una afirmación que tumba el argumento de que esta normativa sea incompatible con el proyecto.

Además, en relación con la propuesta que hacía el entonces Servicio de Gestión Territorial (SGR) en cuanto a valorar otro tipo de alternativa para el tramo final, en la entrega al río Turia, la CHJ indica que se ha llegado a otra solución consensuada con la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana que evita que el sistema de entrega entre en carga: “Por el momento no se ha recibido documentación sobre esta nueva solución, deberá ser informada por esta Dirección General previamente a la aprobación definitiva del proyecto. En cualquier caso, sin conocer los detalles de la solución final adoptada, se valora de forma positiva un cambio en ese tramo que evite la entrega en carga al Turia”.

Por último, afirma la dirección general de la conselleria que “en relación con lo indicado respecto a las áreas de sacrificio, trazado y el espacio verde triangular, desde el Servicio de Planificación Territorial se estima favorablemente lo indicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)”.

“Hubiera aliviado un 30% los daños materiales”

Ramiro Martínez Costa es ingeniero de caminos y redactó uno de los primeros planes relativos al encauzamiento del barranco del Poyo en 2006. En una entrevista el pasado 21 de noviembre en el programa 'Bon Dia Comunitat Valenciana' de À Punt aseguró que “hay que hacer estas obras que se propusieron hace tiempo, pero no debemos caer en la falsa seguridad de creer que con estas obras ejecutadas el peligro ha desaparecido, el riesgo cero no existe porque requeriría unas inversiones descomunales y puede que el traslado de poblaciones enteras”.

Martínez Costa comentó que trabajan con unos criterios de diseño con periodo de retorno de 500 años, es decir, “infraestructuras que sean capaces de conseguir la defensa para episodios que se producen como media una vez cada 500 años, es un algoritmo necesario para que proyectemos con criterios iniciales de diseño” y añadió: “Se trata de un proyecto de bifurcación, un conjunto de piezas por toda la cuenca del Poyo que contribuían a la minoración de la onda de avenida. En esta ocasión hemos sufrido un evento de proporciones bíblicas y no es cierto que de haber estado construidas esas soluciones no se hubiera padecido en l'Horta Sud la catástrofe que se ha padecido. Según mis estimaciones, un 20% o 30% de los daños materiales podrían haber sido evitados, pero no se hubiera evitado el desbordamiento con la magnitud que hemos conocido. De todas formas la cuestión fundamental no es la minoración de los daños materiales, sino el problema de la cantidad de víctimas mortales que hemos tenido, que no son entendibles en un país que se considera desarrollado, esto tiene que ver con otras cuestiones que no son soluciones infraestructurales, hay medidas básicas de prevención y de alerta a la población para que tome sus propias medidas de defensa”.

En cuanto a la supuesta incompatibilidad con la Ley de Protección de Huerta comentó que “no es cierto que impida hacer una actuación como esta; sí que prevé una serie de cuestiones a tener en cuenta en el caso de que se quiera promover una actuación pública que tenga afección sobre el espacio protegido, pero proporciona una serie de herramientas para que se pueda ejecutar una actuación como esta manteniendo una serie de consideraciones de protección sobre la huerta y buscando las soluciones que menos impacto produzcan”.

Proyecto atascado desde 2006

 En noviembre de 2006 la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente publicó el pliego de bases de la “Asistencia técnica para la redacción del proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera”. En el marco de esta asistencia técnica se redactó un proyecto informativo (no es un proyecto constructivo), dando así continuidad a la tramitación ambiental del conjunto de actuaciones propuestas y a fin de obtener una declaración de impacto ambiental global.

Este estudio informativo da lugar a la redacción de seis proyectos. En noviembre de 2010 se finalizaron los proyectos constructivos que desarrollan el proyecto informativo de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera, entre los que se encuentran la vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia y la adecuación del barranco del Poyo entre el acueducto Júcar-Turia y Paiporta, junto al drenaje del barranco de La Saleta a su paso por Aldaia y Quart de Poblet.

El 16 de diciembre de 2011 la Secretaria de Estado de Cambio Climático Teresa Ribera (actual ministra) formula declaración de impacto ambiental favorable al proyecto informativo de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera con una serie de condiciones (publicación en el BOE de 5 enero de 2012).

El 5 enero 2018, la declaración de impacto ambiental caduca al no haberse iniciado el proyecto a causa, según las mismas fuentes, de los recortes del PP que dejaron entre un 25% y un 30% de la disponibilidad presupuestaria precrisis para políticas de agua.

Por este motivo, ese mismo año se vuelve a iniciar la tramitación con el análisis coste-beneficio del proyecto. Actualmente, a requerimiento de la Generalitat Valenciana, está en tramitación la redacción de un estudio de Integración Paisajística que una vez informado favorablemente por la administración autonómica dará lugar al pronunciamiento favorable de impacto ambiental, aprobación del proyecto y licitación de las obras.