El Supremo rechaza investigar al Gobierno, Interior y la Generalitat por la fuga de Puigdemont de Barcelona

El Tribunal Supremo ha rechazado la denuncia con la que la HazteOir y un particular habían pedido investigar penalmente al Gobierno, el Ministerio del Interior y la Generalitat por la fuga de Carles Puigdemont en Barcelona el pasado mes de agosto. La Sala de lo Penal inadmite la acusación que se dirigía, entre otros, contra Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa además de los directores de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, reprochando a la asociación ultracatólica que haya presentado la denuncia sin indicar “cómo ordenador o de qué modo se valieron” para que los distintos cuerpos policiales fracasaran al intentar detener a Puigdemont, sobre quien pesaba una orden de detención del juez Pablo Llarena.

Carles Puigdemont, fuera de España desde 2017 y reclamado en diversas ocasiones por el Tribunal Supremo para responder por el procés independentista catalán, acudió a Barcelona el pasado mes de agosto en la sesión de investidura del socialista Salvador Illa como president. Puigdemont compareció durante unos breves instantes a las puertas del Parlament en un escenario para después bajarse y desaparecer de la zona mientras se dirigía, supuestamente, hacia la cámara catalana. La 'operación Jaula' de los Mossos d'Esquadra no consiguió dar con él y volvió a Bruselas.

El juez Pablo Llarena, instructor de la causa central sobre el procés, mantiene a Carles Puigdemont en búsqueda y captura dentro de las fronteras de España desde hace más de seis años y pocas horas después se dirigió por escrito a los Mossos y al Ministerio del Interior para reclamar explicaciones sobre cómo había sido posible que el expresident catalán se esfumara a plena luz del día y ante decenas de efectivos policiales. Mientras tanto, juzgados de Barcelona investigan a varios agentes del cuerpo de Mossos por, supuestamente, ayudarle a huir.

La Sala de lo Penal del Supremo recibió varias denuncias y querellas contra miembros del Gobierno, a los que acusaban de haber permitido la fuga de Puigdemont por conveniencia política. Una primera querella fue presentada por un particular, acusando a Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlska, Salvador Illa y los mandos de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos de un ilícito de omisión del deber de perseguir delitos. Unos días después el presidente de HazteOir presentaba una denuncia por este mismo delito contra el Minsitro del Interior.

El Supremo inadmite todas estas acciones penales y recuerda que denunciar a alguien solo por su cargo, sin “referir alguna vinculación con los hechos”, es una vía directa a la inadmisión y al archivo. “Únicamente se describen las responsabilidades inherentes a los diversos cargos enumerados, pero no se concreta conducta alguna por parte de los mismos. Sólo se habla de un resultado, la no detención del Sr. Puigdemont, pero nada indican como ordenaron o de qué modo se valieron para que los integrantes de los diversos cuerpos policiales fracasaren en el logro de esa detención”.

La denuncia y la querella, reprocharon los jueces a finales de octubre, “aluden a responsabilidades, pero no a conducta concreta alguna”. En caso de que quieran dirigirse contra otras personas, explica el Supremo, deben hacerlo en los órganos competentes, como los juzgados de Barcelona que investigan la fuga del expresident catalán.