El sector pesquero andaluz amenaza con tomar medidas ante el cierre inesperado del caladero del Golfo de Cádiz
El sector pesquero andaluz vuelve a dar la luz de alarma y clama por ayudas al Gobierno al tener que amarrar la flota durante este mes de noviembre tras un recibir un correo electrónico del Ministerio de Agricultura y Pesca en el que se ordenaba que desde el primer día del mes los buques de cerco del golfo de Cádiz tenía que dejar de faenar. De no recibirla, amenaza con tomar medidas. La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores denuncia que la orden se produjo «sin aviso previo ni resolución o documento» de cierre y que el sector pesquero asumía la suspensión de la totalidad de la pesquería de cerco un mes antes de la parada temporal obligatoria veda, establecida para los meses de diciembre y enero. Esto, añade la federación, condena al sector como mínimo hasta febrero para poder faenar, ya que se desconoce también fecha de apertura. Por ello, sostiene que el sector pesquero andaluz se enfrenta a un «panorama muy crítico» que se completa, «por desgracia», con otros varapalos que rodean a esta pesquería «y que no hacen más que desestabilizar a la flota sin que se les ofrezca compensación alguna». Por esta razón, insta que se apruebe en la próxima conferencia sectorial, la petición urgente y necesaria para que esta flota pesquera obtenga por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación algún tipo de ayuda que compense este cierre del mes de noviembre. «Necesitamos que se considere favorablemente esta petición urgente de ayudas al sector en estos momentos en los que los armadores y marineros del cerco del Golfo de Cádiz se encuentra en un clima de desesperación y preocupación », ha asegurado el presidente de la federación, Manuel Fernández. De no recibirlas, el sector advierte de que tomará «las medidas necesarias» para defender a tantas familias que viven de esta pesquería y que se ven golpeadas por decisiones políticas sin argumentos ni previo aviso. La flota de cerco del Golfo de Cádiz está compuesta por casi un centenar de barcos. El cierre de esta pesquería afecta a 1 .000 trabajadores directos y a 5.000 trabajadores de forma indirecta. Se trata de la modalidad con más necesidad de sectores servicios y con el más elevado nivel económico en la cadena de suministros y comercialización, lo que conlleva grandes pérdidas a numerosas empresas dependientes de estos buques. «Son muchas las familias que viven de este arte de pesca y que se están viendo afectadas además de ser muy significativo el perjuicio económico que ocasiona al Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía», se añade desde la federación.