La Justicia tumba la ordenanza de PP y Vox en Valladolid para desmantelar carriles bici y carriles bus-taxi

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Valladolid para la regulación de carriles de uso restringido, al considerar que “no cumple con la normativa vigente” y carece de una regulación adecuada de los elementos esenciales. Además, han apuntado, que se deja “en manos de otras actuaciones el establecimiento de restricciones de paso.”

La sentencia, que podrá ser recurrida, recoge que “la normativa objeto de esta resolución no es conforme a derecho”, ya que la ordenanza no define con suficiente claridad a quién afecta la restricción, cómo se implementará ni bajo qué condiciones, lo que deja aspectos clave en manos de normativas o decisiones posteriores, contraviniendo el marco legal aplicable.

La medida de PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid fue presentada como uno de los grandes ejes del nuevo equipo de gobierno para acabar con los cambios en movilidad urbana destinados a favorecer el uso de la bici en la ciudad. Desde noviembre de 2023 se comenzó a cambiar el uso de quince carriles bus taxi bici, que ahora se laman ''de uso restringido“. Además, el plan era desmantelar los carriles bici de Isabel La Católica y la Avenida de Gijón y ampliar el Puente de Poniente. La ordenanza tenía un coste total de 6,4 millones de euros y estaba previsto que termine a mediados de 2025. De los cambios propuestos, se han realizado una parte de ellos salvo la ampliación del Puente de Poniente y el carril bici de Isabel La Católica, actualmente en obras de desmantelación.

El fallo del TSJCyL recuerda a PP y Vox que su ordenanza incumple normativas como el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que exige que medidas que afecten significativamente al uso de vías urbanas sean reguladas de manera explícita mediante ordenanzas. Estas normativas, al impactar en áreas de alta movilidad urbana, precisan de que haya un marco normativo más exhaustivo y garantista.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal considera que la falta de una regulación adecuada afecta de forma sustancial al derecho general de los ciudadanos a utilizar las vías urbanas. Además, se imponen las costas procesales al Ayuntamiento de Valladolid como consecuencia de la estimación total de la demanda presentada por Ecologistas en Acción Valladolid.

El TSJ de Castilla y León ha empleado una sentencia de 2022 contra el anterior plan de regulación del tráfico del Ayuntamiento de Valladolid, cuando el ministro de Transportes Óscar Puente era alcalde, como base para anular el decreto de PP y Vox. El Partido Popular, entonces en la oposición, fue el impulsor de la demanda.

La ordenanza ahora impugnada deriva de la necesidad de corregir las deficiencias señaladas en la sentencia de 2022. Ese fallo del TSJ estableció que cualquier regulación de uso de las vías urbanas que suponga restricciones sustanciales a los derechos de los ciudadanos debe realizarse mediante ordenanzas municipales, garantizando mayor transparencia y claridad normativa. Con la normativa de 2023, el tribunal ha considerado que todavía se carece de una regulación adecuada y deja aspectos esenciales sin definir, lo que lleva a que también sea declarada nula.

Según el TSJ de Castilla y León “la ordenanza se convierte, en realidad, en una norma de reenvío y no cumple las finalidades para las que está prevista”, por lo que “la exigüidad de la disposición la hace inviable jurídicamente hablando”.

Entre los reproches a la ordenanza, el TSJ de Castilla y León ha criticado al Ayuntamiento que cuando remitan un “tipo concreto de norma para disciplinar una materia”, esta debe “regular los elementos esenciales que la afecten”.

El texto aprobado por PP y Vox tiene un impacto en los ciudadanos, ya que, como ha reflejado el fallo, las medidas “las medidas contempladas en la ordenanza afectan general e intensamente a los derechos de los vallisoletanos”.

El Ayuntamiento recurrirá y no modificará la movilidad de la ciudad

Al no ser una sentencia firme, el Ayuntamiento de Valladolid ha adelantado que presentará un recurso de casación. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca (PP), ha indicado que la sentencia “no altera para nada ningunas de las modificaciones de movilidad”. El edil ha afirmado que “las principales modificaciones” se van a mantener “tal y como están”.

El concejal 'popular' ha señalado que la sentencia, en sus fundamentos de derecho, recoge sus argumentos en la sentencia de 2022 contra el decreto de PSOE y VTLP. “Lo que el magistrado viene a decir es que la ordenanza el 2022 no estaba exactamente bien regulada, ya que las restricciones ”tenían que haber sido especificadas de una forma más prolija“, ha defendido Gutiérrez Alberca.

Además del recurso, el equipo de gobierno va a incorporar en una nueva modificación de la ordenanza los aspectos que recoge la sentencia para ser “más aclaratorios” e incorporar las cuestiones relacionadas con la ley y el reglamento de tráfico y seguridad vial.

Gutiérrez Alberca ha defendido su trabajado al hacer una tramitación “absolutamente garantista” . Para el concejal “todos los ciudadanos han entendido que estas modificaciones han sido extraordinariamente positivas para la movilidad a las horas punta”.

El responsable de Tráfico y Movilidad ha indicado que el Ayuntamiento “no ha eliminado carriles bici”, puesto que han realizado una “sustitución del itinerario”. “Nuestras normas han sido unas normas claramente liberatorias, claramente en favor de una mejora en los medios de circulación para todo tipo de movimientos, para los peatones, para los ciclistas, para los vehículos privados y también para los autobuses”, ha agregado.

Ecologistas en Acción exige parar las obras de Isabel la Católica

Ecologista en Acción, impulsora de la demanda, ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid la paralización inmediata del desmantelamiento en curso del carril bici del Paseo de Isabel la Católica y su restitución para posibilitar la movilidad ciclista en ese eje principal de la ciudad. Sin perjuicio de la recuperación del carril bici de la Avenida de Gijón y de los carriles bus suprimidos por el equipo de gobierno popular contra la jurisprudencia que él mismo provocó.

Según han recordado, el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Salud Global, la contaminación atmosférica provocada por el tráfico causa en la ciudad de Valladolid más de doscientas muertes prematuras, cada año. Sin embargo, la Ordenanza Municipal anti Carriles Bus y Bici nunca evaluó su impacto sobre la calidad del aire y el ruido, evaluación obligada de acuerdo a los propios reglamentos municipales de Medio Ambiente Atmosférico y de Ruido, han reprochado en un comunicado.

En opinión de Ecologistas en Acción, la ciudad no necesita suprimir carriles bus ni carriles bici, sino todo lo contrario: aumentar sustancialmente los espacios reservados a la circulación de peatones, ciclistas, patinetes y transporte público. Los derechos a la salud y a un medio ambiente adecuado son esenciales para la vida, y así aparecen recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Española, prevaleciendo sobre cualquier ilusorio e inexistente derecho a circular por la ciudad en vehículos con motor de explosión.

“Vaparalo sin paliativos” para PP y Vox

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha calificado la sentencia como “un varapalo sin paliativos” para el equipo de gobierno de PP y Vox. El líder socialista ha indicado que el fallo del TSJ es “la consecuencia que se vive cuando uno hace las cosas por destruir y yendo en contra de todo”. Entre ellos, en contra “de los criterios de los técnicos municipales, de las directrices de la Unión Europea y de los ciudadanos”.

Herrero ha recordado al alcalde que hubo más de 1.600 sugerencias presentadas para la ordenanza, de las cuales el 90% no se tuvieron en cuenta. El representante del PSOE ha reclamado a Carnero que “sea sensato” y “no haga perder el tiempo a la ciudadanía”.

El PSOE ha exigido a Carnero que restaure los carriles buses que ha quitado en el Puente de Poniente, en Isabel la Católica, y también en López Gómez, con la Plaza de la Universidad y que pare la destrucción del carril bici de Isabel la Católica que es “completamente legal y que está levantando ilegalmente”.

Para Herrero, aunque la sentencia no recoge que una obligación para revertir los cambios o paralizar la obra, Carnero puede decir que se pare la destrucción del carril bici de Isabel La Católica al ser una decisión política. Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, es “voluntad política” el rectificar.

VTLP pide la reversión urgente de todas las medidas

Por su parte, el concejal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Jonathan Racionero, ha remitido un audio en el que ha exigido la reversión urgente de todas las medidas derivadas de esta ordenanza y ha criticado “las prisas y la falta de planificación” de la coalición de PP y Vox, ya que ha recordado que desde que anunciaran la modificación de uso de estos carriles su formación ha denunciado “lagunas y defectos de estas decisiones apresuradas”, informa EFE

“Creemos que el Ayuntamiento de Valladolid ha cogido un mal camino, ahora vemos que totalmente estaban equivocados y esperamos que cuanto antes paralicen lo que estaban haciendo, porque Valladolid se merece una ciudad muchísimo mejor y este gobierno no está a la altura”, ha afirmado.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha pedido “la paralización inmediata” de las obras en el paseo de Isabel la Católica y su restitución para la movilidad de los ciclistas en una de las arterias de la ciudad.

 A su juicio, Valladolid “no necesita suprimir carriles bici ni carriles bus” sino que requiere de aumentar estos espacios de circulación para proteger los derechos a la salud y al medio ambiente sobre “cualquier ilusorio e inexistente derecho a circular por la ciudad en vehículos con motor de explosión”.