Zidane Zeraoui: México y la Corte Penal Internacional

La reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto en contra del Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ex-ministro de la Defensa, Yoav Gallant y el líder palestino Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri, comandante de las Brigadas Al-Qassam, ala militar de Hamas, marca un profundo cambio en el sistema internacional.

La decisión se funda en que, según el Tribunal, hay evidencias para afirmar que los tres líderes son responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad, que se han cometido a partir del 7 de octubre de 2023, cuando el Hamas lanzó su ataque contra Israel.

Tradicionalmente, la CPI ha emitido órdenes en contra de líderes de países particularmente subdesarrollados como Sudán, Liberia y Ruanda todos africanos y siendo Slobodan Milosevic, de la extinta Yugoslavia, el primer líder europeo en ser requerido por esta instancia, ahora es la primera vez que un líder de un Estado del primer mundo se encuentra bajo la mira del organismo internacional.

Sin embargo, no se trata de cualquier Estado, sino de Israel, un país que, aunque repetidas veces fue criticado y sancionado por la Organización de las Naciones Unidas por sus actos en contra de la población palestina y sus violaciones sistemáticas a las normas internacionales, nunca tuvo que responder a las sanciones del organismo por el sistemático veto norteamericano en contra de cualquier resolución que afectase a su principal aliado en Medio Oriente.

Frente a esta decisión, muchos países han reaccionado unos para secundarla y otros, al contrario, rechazarla.

En primer lugar, la posición del gobierno de Israel era de esperarse. Pero no solamente el primer ministro de aquella nación criticó a la corte internacional, sino que la acusó de ser antisemita por el simple hecho de condenar a 2 ciudadanos judíos, él y su ex ministro de la defensa.

Este argumento es ya habitual frente a cualquier crítica al estado judío. El antisemitismo como bandera.

Por otro lado, los Países Bajos y la República Sudafricana, por ejemplo, han emitido declaraciones en favor de la aplicación de la resolución.

Al contrario, Argentina, la República Checa y Hungría la han rechazado e inclusive este último país ha invitado, como signo de desafío, al primer ministro israelí a visitar su nación.

Hasta la fecha, México no se ha pronunciado sobre esta problemática. ¿Falta de interés o descuido? Esta posición resulta ser la más conveniente para nuestro país, particularmente en el momento actual de tensiones con el vecino del norte.

Pronunciarse a favor de la decisión de la Corte Penal podría conllevar más enfrentamientos con los Estados Unidos toda vez que ellos ya se han manifestado en contra de dicha resolución en defensa, como siempre ha sido, de Israel.

Pero, México no solamente se adhirió al estatuto de Roma en el 2015, si no que ha sido un actor activo que participó en todo el proceso que dio vida a este tribunal y firmó el estatuto el 7 de septiembre del año 2000.

Con esta decisión, México, como los 124 países firmantes, se comprometió en acatar las resoluciones del organismo, sin embargo, una gran paradoja encierra sus resoluciones ya que pocas veces han sido acatadas por sus miembros.

Baste recordar condenas como la que pende contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien fue condenado en marzo del 2023, y en su visita a Mongolia en septiembre del 2024 no se ejecutó su arresto a pesar de que Mongolia es parte de la CPI.

Lo mismo sucedió con el entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, quien fue condenado el 4 de marzo de 2009 por el genocidio en el Darfur, y tampoco fue arrestado por Sudáfrica, país signatario del Estatuto de Roma, cuando visitó esta nación.

Inclusive hoy, el ex líder del Sudán se encuentra encarcelado en su propio país cuando fue derrocado en el 2019, pero aún no enfrenta la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que se le imputaron desde la Corte Penal Internacional.

Muchas condenas y pocos arrestos. Ante esta situación de poca efectividad de la Corte Penal Internacional, la posición de México, consciente o simplemente por ignorancia, es la más adecuada en estos casos tan complejos y en ambientes de tanta inestabilidad.

El autor es Doctor en Ciencia Política, especialista en política internacional y asuntos regionales y del Medio Oriente. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.