El Ayuntamiento de Madrid va a comprobar que la oposición del bombero trans «ha cumplido la ley»

La polémica suscitada tras conocerse la inclusión de un bombero trans en la lista de ganadores de una plaza para el Ayuntamiento de Madrid al revisársele las notas de las pruebas físicas como mujer ha llegado al Consistorio. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, declaró el jueves que se va a comprobar si en el proceso «se ha cumplido escrupulosamente la ley». Raúl Asenjo, el aspirante que en principio había conseguido el puesto 126, el último con opciones al trabajo, se vio idesplazado al 127 por este motivo y se ha quedado sin opciones. Va a llevar el caso a los tribunales, como adelantó ABC. Sanz explicó que el Ayuntamiento de Madrid ya advirtió de que la Ley Trans, aprobada en abril de 2023, traería consigo casos así: «Dijimos en su momento que estas situaciones iban a ocurrir, y evidentemente esta es la primera situación en la que nos encontramos en procesos selectivos en nuestro ayuntamiento». Añadió que lo que va a hacer su Administración («desde el tribunal», que es independiente) «es comprobar que se ha cumplido escrupulosamente la ley». Un texto que, insistió, que no les gusta: «Se hizo desde la imposición, desde la pancarta, desde el puro sectarismo y está dando lugar ya en muchos otros sitios de España también se han producido a situaciones injustas con otros opositores, también con otras mujeres que han acudido a los procesos selectivos«. «Hay que denunciar que era una mala ley desde el inicio, que se van a producir situaciones fraudulentas, pero que tenemos que cumplir», sentenció Sanz. La llamada Ley Trans , auspiciada por la exministra y ahora eurodiputada de Podemos Irene Montero, viene cargada de polémicas y fraudes de ley desde su aprobación, en febrero de 2023. El único requisito para inscribirse como persona de un género distinto al sexo biológico (el que se tiene al nacer, por los órganos reproductivos) es acudir al registro. Allí, se expone la decisión y en un plazo máximo de tres meses el interesado debe confirmar su determinación. Luego, la Administración cuenta con un máximo de un mes para emitir la resolución. No hace falta ni cambiarse de sexo físicamente ni tampoco es necesario modificar el nombre de nacimiento. Tan solo el mero papeleo con la solicitud. Sectores feministas (pese a que el PSOE apoyó finalmente el texto definitivo) y deportivos de competición, entre otros muchos, critican la total arbitrariedad de esta nueva legislación y los problemas que está ocasionando por los fraudes que se cometen.