Pepe Álvarez: "Se cree que los sindicatos somos entes subvencionados y tenemos que dar la vuelta a esa leyenda urbana"

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) acaba de ser reelegido secretario general de UGT para su tercer y último mandato. El líder sindical afronta en el corto plazo varios acuerdos muy relevantes para las relaciones laborales: la reducción de la jornada de trabajo y un nuevo aumento del salario mínimo. Además, en el Congreso Confederal de UGT situó sobre la mesa un debate que puede ser controvertido: que el Estado pague más a los sindicatos por su labor.

El Ministerio de Trabajo ha afirmado que cerrará un acuerdo inminente con los sindicatos sobre la ley para reducir la jornada laboral. ¿Qué queda por cerrar y cuándo cree que se podrá sellar este texto? ¿La próxima semana?

Está abierta la audiencia pública y no veo ningún problema para que vaya con un acuerdo con los sindicatos. Si vamos a una modificación legislativa a pelo, sin un acuerdo previo con la patronal, lo que se ha hablado en la mesa, se queda la mesa y no tiene que estar en la proposición de ley. Porque, si no, en la tramitación parlamentaria con toda seguridad habrá que hacer concesiones. 

Nos lo insinuó el PNV, en la medida en que nos ha dicho que ellos preferirían votar una reforma pactada con la CEOE. Por tanto, sería de inocentes pensar que lo que salga del Consejo de Ministros va a ser lo que se publique en el Boletín Oficial del Estado. 

El presidente Pedro Sánchez pidió a los empresarios que se sentaran a negociar en el Congreso de UGT, cuando ya se había oficializado su ‘no’ a la última propuesta de Trabajo. Y usted, que había pedido al Gobierno que legislara “a pelo” sin la patronal, afirmó un día después que había “oportunidades” de acordar con la patronal. ¿Moncloa quiere que se amplíe la negociación del diálogo social? ¿Se lo ha pedido?

No, no estoy pensando ni en Moncloa ni en lo que quiera el presidente. Las negociaciones en la mesa en el ámbito del Gobierno se han acabado y nosotros no vamos a entrar en una negociación con la CEOE otra vez, a volver al día de la marmota. La CEOE hay una cosa que no ha hecho: decir que, con condiciones, acepta las 37 horas y media. Si no dice eso, ¿para qué vamos a negociar? 

Mi llamamiento tiene que ver con que creo que, para poder tener una mayoría en el Congreso de los Diputados, necesitamos que los grupos parlamentarios que mantienen una posición más tibia vean que, si no hay acuerdo, es porque la CEOE no ha querido. Esa es la única intención. 

Por otra parte, he oído al presidente del Gobierno en la clausura del Congreso del PSOE que iban a tirar para adelante con la reducción del tiempo de trabajo. Creo que por parte del Gobierno no tiene que haber ninguna duda, a la CEOE se le ha dado tiempo suficiente. Continúa habiendo margen para la negociación en el marco del Parlamento.

¿A qué se refiere con el margen de negociación? ¿A las 37 horas y media o a las medidas complementarias, como el refuerzo del control horario y endurecer las sanciones a las empresas por los incumplimientos?

Sobre el registro de jornada, en la CEOE siempre han dicho que quieren que se haga porque es un elemento que ayudaría a impedir la competencia desleal, según Antonio Garamendi. Si no quieren amparar delincuentes, nadie debería oponerse. 

Creo que el control horario tiene que avanzar paralelamente a la reducción del tiempo de trabajo. No hace falta que vaya al Congreso de los Diputados. Es una decisión que toma el Ejecutivo, puede hacer un real decreto. Exigimos al Ministerio de Trabajo que lo haga de manera inmediata. Que nos lo explique, lo conozcamos nosotros y la CEOE, y que lo haga. 

Entonces, ¿en qué puede haber “concesiones” en el Parlamento? 

No soy muy partidario de explicitarlo, porque si ya lo saben, casi se lo concedes antes de ir a la mesa. Pero es evidente que en el tiempo de aplicación de las 37 horas y media habría un margen y en que se cierre el cómputo de horas anuales de una manera o de otra, también. 

Y no creo mucho en las subvenciones. Porque en este marco de las subvenciones hay una perversión permanente cuando se apela a la pequeña empresa. Hay pequeñas empresas que están en un convenio colectivo de ámbito sectorial que ya tienen las 37 horas y media y no pasa nada. No es un problema del tamaño de la empresa. 

Aquí la cuestión es que, donde hay sindicatos y hay capacidad de reivindicación, son los sectores que más se acercan a las 37 horas y media. Y donde no hay sindicatos, donde no hay organización de los trabajadores, estamos en las 40 horas. Esa es la disyuntiva que hay. 

Luego queda un paso fundamental: que la ley tenga los apoyos parlamentarios para que sea aprobada. ¿Cree que Junts va a apoyar esta regulación? Durante lo que llevamos de legislatura ha sido muy difícil pactar con esta formación. 

Francamente, sí. De hecho, estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que nos veamos con Junts, con su máximo responsable, que es el president Puigdemont. 

¿A los sindicatos se refiere?

Yo con toda seguridad, sí. No sé cuánto tiempo tardaré, no tengo la fecha cerrada, pero sí. Es verdad que tengo una relación con el president Puigdemont. No muy grande, porque coincidí muy poco tiempo de secretario general de la UGT de Catalunya con él como president, pero sí que la he tenido con la gente de Junts. Con el president del Parlament de Catalunya, con Josep Rull, también con Jordi Turull... que los conozco mucho más porque han estado en los gobiernos de Pujol. 

Nosotros les vamos a explicar de qué se trata y yo estoy convencido de que nos van a escuchar y espero que a entender. Espero que podamos, como ha pasado a través de la historia siempre, tener puntos de coincidencia. 

En Catalunya, cerca del 70% de las personas trabajadoras se van a ver afectadas directamente por la reducción del tiempo de trabajo. Unas en media hora, otras en diez minutos,... de diferente manera. Pero este es un tema que nadie debe banalizar, tiene una gran importancia. La reducción del tiempo de trabajo es una medida que a medio plazo, y quizás también corto, nos va a hacer mejores como país desde el punto de vista productivo, económico y del bienestar social.

Estamos a final de año, se ha vuelto a abrir la mesa de expertos y expertas sobre el salario mínimo, para valorar cuál es el 60% del salario medio. ¿Qué espera UGT de la subida de este año?

Sobre la mesa de expertos, el Ministerio de Trabajo es libre de hacer lo que quiera, pero el 60% del salario medio ya está establecido. Hay tres organismos oficiales de solvencia que lo vienen determinando, por lo que tampoco entiendo que tengamos que ir a otro. A no ser que lo que se quiera es rebajarlo.

¿Qué tres organismos?

La Seguridad Social, la Agencia Tributaria y Eurostat, y los tres están bastante alineados. No son exactos, pero se parecen bastante. Por tanto, ¿cuál es el 60% del salario medio en España? Tenemos el dato de 2022, pero ya nos permite avanzar. Es de 1.293 euros al mes. 

Sobre esto tenemos otra cuestión ante la que siempre hay la callada por respuesta. La Carta Social Europea habla del 60% del “salario neto” y hay quien interpreta que es después de IRPF y de los descuentos personales. Desde nuestro punto de vista, cuando se habla de neto en la Carta Social Europea, seguramente se está pensando lo que ocurre en la mayoría de países europeos: que los impuestos van a cargo de cada uno y no hay descuentos, sino que el neto es el bruto. Sobre esto, todo el mundo debería decir lo que piensa. No callarse y, después, si cae, cae. 

Sobre este año, convendría ir a un aumento de entre el 5% y el 6%. Más cerca del 6%. 

Con un incremento del 6% se llegaría a un salario mínimo de 1.202 euros al mes. ¿Por qué propone ese 6%?

Porque entre el 5% y el 6% es la subida del salario medio. No de los convenios, sino de la masa salarial del país. 

Quien puso las cifras sobre la mesa fue Comisiones Obreras, fue Unai [Sordo], y no tengo mucho interés en que los dos sindicatos no vayamos al unísono en este tema. Quizá podríamos haber tirado un poco más alto, pero está bien. 

¿Puede haber un acuerdo con los empresarios para subir el salario mínimo este año?

Creo que no, las expectativas no son buenas. No hay acuerdo en casi nada.

Tras tantos pactos alcanzados, ¿por qué cree que ahora mismo no hay acuerdo en “casi nada” con la patronal?

Por efecto de la situación política, la vorágine en la que estamos, que no propicia los acuerdos. Creo que la CEOE se deja mucho influenciar por esta situación. Luego también llevamos unos años largos con  una subida del salario mínimo interprofesional de un cierto nivel y los sectores que están en cuadros más afectados por el SMI tienen mucho más peso en CEOE del que deberían de tener, en mi opinión. 

Ya lo veremos, nos reuniremos en las diligencias previas que tenemos que pasar. Si el Gobierno quiere firmar, no hay mucho más de lo que hay encima de la mesa, no hay mucho margen de negociación. Vamos a ver qué ocurre, ya quedan días. 

Sobre el clima político, agradeció en el Congreso de UGT a Alberto Núñez Feijóo el “compromiso” del PP para apoyar el último acuerdo de pensiones. ¿Ese compromiso así, se lo oficializó Feijóo? ¿Qué les han dicho?

Estuve reunido con el señor Feijóo y le hablé del tema, porque me parece que un acuerdo entre la CEOE y los sindicatos, con temas tan importantes para el país como renovar el contrato relevo o medidas en la jubilación activa para el colectivo de autónomos, entre otras, es algo que se tiene que aprobar. No tiene interés que entremos en estas dinámicas del Parlamento de que no se apruebe, que llegue el 1 de enero y el contrato relevo haya desaparecido, etc. 

Y la verdad es que el señor Feijóo lo miró, pidió la carta que le habíamos enviado, habló con el responsable de Economía, que también estaba en la reunión… Y dijo: “Vamos a verlo. En todo caso, que no vaya acompañado de nada más”. ¿Eso es un sí o un no? No lo sé, yo lo he dado por un sí. Cuando alguien dice “que vaya solo”... Yo le dije al Gobierno que no lo metiera en un decreto escoba, para no tener que penar. 

"He hablado con presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular que me han dicho que efectivamente el acuerdo de pensiones es fundamental en sus territorios"

En el PP no confirman el voto a favor por el momento. 

No hemos vuelto a hablar del tema, alguien me ha dicho que ahora dicen que no… Allá ellos, que hagan lo que quieran, pero nosotros lo vamos a decir: esto es un problema para los trabajadores, es un problema de país. 

La política tiene que ser útil. Sus señorías están para ser útiles a los ciudadanos, no a sus partidos. De verdad que no podría entender que un acuerdo firmado por sindicatos y patronales, que tiene una importancia vital en algunas partes del territorio, no se apruebe. Yo he hablado con presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular que me han dicho que efectivamente para ellos es fundamental. 

Esta semana Glovo ha anunciado el cambio al modelo laboral de sus riders. Es un conflicto laboral que lleva muchos años, en el que UGT tuvo un papel muy importante en la batalla judicial. ¿Cuál cree que ha sido la pieza fundamental para este cambio finalmente? ¿El hecho de perseguir penalmente a los directivos?

Lo que me parece relevante es esta declaración de Glovo, y yo la verdad es que se lo agradezco, porque es verdad que llevamos mucho tiempo en un debate con este tema. Glovo es una multinacional que en todos los países de la Unión Europea no está funcionando con la misma legislación que en España. Y creo que finalmente han llegado a la conclusión de que tienen que acoplarse a la legislación española y, por tanto, tienen que cumplir con la ley. En ese sentido, yo se lo agradezco.

Todo el mundo sabe qué es lo que ha hecho en este proceso, pero ahora prefiero poner lo positivo que decir ‘qué buenos hemos sido’. El objetivo era que los riders tengan contratos laborales, que rompamos con esta práctica de autónomos y, sobre todo, con la subcontratación cuentas, que no se da solo en Glovo, por la que se subarriendan las licencias y eso cae en cascada, con personas incluso que no tienen papeles, que no están de alta en la Seguridad Social y que, si tienen un accidente, no están cubiertas.

Creo que también hay que visualizar de manera clara que Glovo tiene en España el Centro de Investigación y Desarrollo para el conjunto de la empresa a nivel internacional. Estamos hablando de, entre Barcelona y Madrid, en torno a seguramente 1.800 personas trabajando, una parte importantísima ingenieras, que son quienes diseñan el software del grupo. Por tanto, creo nos interesa consolidar una empresa que respete la legislación, si es que la respeta como han dicho, y que podamos tener una cierta normalidad, para que continúe siendo ese motor desde el punto de vista tecnológico. Lo digo como lo pienso. Para mí es una gran noticia.

El Tribunal Supremo se va a pronunciar este mes sobre si procede o no una indemnización adicional en los despidos improcedentes. UGT denunció a España ante Europa por el coste del despido, con una resolución que dice que no cumplimos con la Carta Social Europea. ¿Qué espera de la sentencia del Supremo? ¿Será el detonante para la reforma del despido que hasta el momento ha dividido al Gobierno de coalición?

El Supremo hace muy pocos días unificó doctrina aplicando un convenio de la OIT respecto a la audiencia previa en los despidos disciplinarios. Creo que debe de ser el indicador de por dónde va a ir la sentencia. Si no es así, para mí sería difícil de entender por qué la Carta Social Europea, desde el punto de vista de la ordenación jurídica en España, tiene un valor parecido al que pueden tener los convenios de la OIT. 

Creemos que esto nos dará margen para que el Gobierno finalmente decida convocar a las partes para ver si somos capaces de legislar a tenor de la resolución del Comité Europeo de Derechos Social. Lo que dice, que no podemos obviar, es que un empresario en España, cuando despide porque quiere, no puede saber cuánto le va a costar el despido del trabajador o la trabajadora. Es lo que nosotros queremos. Lo que hay que hacer es no despedir, no pagar más, sino que no se despida si no hay razones objetivas para ello. 

Sobre esto de la vida política, qué parte del gobierno está a favor y cuál no está… El que quiera saberlo solo tiene que ver cuál es la oposición frontal que hizo el Gobierno a nuestra demanda en Europa.

A UGT nos tocan unos 6,1 millones de euros de subvención y solo la elaboración de los planes de igualdad nos cuesta al sindicato más de 15 millones de euros

Acaba de volver a ser elegido para liderar UGT por otros cuatro años y una de las cuestiones que ha situado como fundamental es la necesidad de una Ley institucional que pague a sindicatos por su labor. ¿A qué se refiere? ¿Qué se debe pagar y cuánto? 

En España, por razones inexplicables, hay una parte muy importante de la población –me quedo en muy importante, aunque creo que es mayoritaria– que tiene la percepción de que las organizaciones sindicales somos entes subvencionados. La realidad pura y dura es que hay una subvención estatal publicada en el BOE de 17 millones de euros a los sindicatos, que se reparte proporcionalmente según el número de representantes. Por tanto, los sindicatos minoritarios están igual de subvencionados que los mayoritarios en función de si tienen más o menos delegados.

De los 17 millones, a la UGT nos tocan unos 6,1 millones de euros y resulta que solo la elaboración de los planes de igualdad nos cuesta al sindicato más de 15 millones de euros. Los planes de igualdad no son solo para los afiliados, son para todos los trabajadores y todas las trabajadoras y la ley dice que nosotros tenemos que asistir a los planes de igualdad. 

Hay unos 6.000 convenios colectivos en España, que la UGT está presente seguramente en el 99%. No lo hemos calculado, pero vamos a calcular cuánto nos cuestan los convenios colectivos. ¿Y los planes LGTBI? ¿Y la negociación del sistema de pensiones con el Estado? ¿Todo eso lo pagan con 6,1 millones de euros cuando en realidad solo los planes de igualdad son 15 millones? No. Por tanto, no se trata de que nadie subvencione nada. Se trata de que nos paguen lo que las leyes nos obligan a hacer a los sindicatos mayoritarios. Esa es la factura que queremos que el Gobierno pague. 

¿Hay ejemplos a nivel internacional que puedan servir de referencia? 

No hay ningún país en el entorno europeo donde las organizaciones sindicales tengan una legislación tan antiafiliación. Porque ¿para qué vas a estar afiliada si sabes que tu convenio no lo vas a tener igual? ¿Si sabes que tu plan de igualdad lo vas a tener igual? ¿Si sabes en las pensiones que el aumento lo vas a cobrar igual?

Quien carga con el coste de las relaciones laborales en nuestro país son los afiliados a los sindicatos. Entonces tenemos que dar la vuelta a esa especie de leyenda urbana, que yo creo que por error de las direcciones de los sindicatos se ha instalado en la sociedad, y que nos lleva a que encuentres a alguna persona que se te encara a la calle y te dice: “A usted le pago yo”. ¿Pero usted qué se ha creído que me paga? A mí me pagan mis afiliados.

¿En Europa cómo funciona? En Francia, que es el país donde dicen que los sindicatos son más autónomos del mundo, tienen una subvención estatal del 0,7% del salario de todo el país, que se reparten el 50% a las patronales y el 50% a las organizaciones sindicales en función de su representación. ¿A alguien se le ocurre pensar esa cantidad del 0,7% cuánto es en España? Miles de millones para los sindicatos, respecto a una partida de 17 que tenemos en España. 

En Bélgica, el seguro de desempleo lo solicitas a través del sindicato y lo cobras el mismo mes. Vas a la Administración a solicitar el desempleo y son seis meses. Pues el sindicato es evidente que tiene a la gente afiliada porque le presta un servicio de unas características determinadas. Por poner algún otro ejemplo, en Alemania, el que no está afiliado al sindicato no cobra el convenio colectivo.