Editorial: Desperdicio por precipitación e imprevisión
El dinero para financiar infraestructura escasea. Los presupuestos vienen en caída desde hace años y hay una larga lista de obras pospuestas. El desperdicio nunca se celebra, pero es mucho más lamentable cuando urge la correcta inversión de los recursos para atender necesidades imperiosas.
Los ejemplos son muchos, pero los 5,4 kilómetros de la Circunvalación norte acumulan 3.254 costosos días de retraso, luego de transcurridos diez años desde la orden de inicio de la etapa de diseño. Las demoras son responsabilidad del Estado y dan pie a reclamos de la contratista, en este caso el consorcio H. Solís-Estrella. La Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) confirmó la existencia de tres reclamos hasta ahora. Uno por $2 millones ya fue acogido y los otros dos están bajo estudio.
En marzo se conoció otro reclamo, por $16 millones, frente al cual el Conavi no emitió respuesta. En consecuencia, la empresa alega silencio positivo, es decir, la implícita aceptación del reclamo por falta de contestación en el plazo concedido por ley. La obra, contratada por $223 millones prestados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), seguramente saldrá más cara.
Cada centavo gastado de más tendría un gran impacto en otras obras urgentes como, por ejemplo, en la carretera a Limón, donde la falta de fondos para pasos a desnivel se pretende resolver con la construcción de rotondas, o la ruta 1, con más de una década de retraso y varias reparaciones urgentes todavía en el tintero.
Por supuesto, el dinero de un proyecto no se traslada a simple voluntad de una obra a la otra, pero el desperdicio inevitablemente se paga y compromete fondos estatales cuya mejor inversión redundaría en beneficios inmediatos para la actividad económica y la calidad de vida de las personas.
Las pérdidas económicas y en bienestar pueden superar en mucho los costos adicionales causados por las demoras. Proyectos como la Circunvalación no son producto del capricho. Se ejecutan para agilizar el comercio y mejorar los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos.
Según el Informe Estado de la Nación publicado en el 2018, los congestionamientos en la Gran Área Metropolitana cuestan a los trabajadores el equivalente al 3,8 % del producto interno bruto (PIB), unos $2.527 millones en ese año. El costo se extiende a la salud mental y física, el tiempo para disfrutar en familia o recrearse. El gasto en combustible y la eficiencia del transporte, y entrega de insumos para la producción también engrosan las pérdidas.
Ninguna de las cinco etapas de la Circunvalación dejó de sumar retrasos a los 3.254 días compensables. Ninguno de los obstáculos era impredecible, con excepción del impacto de la pandemia de covid-19 y las condiciones del clima. Nunca hubo duda sobre la necesidad de expropiar los terrenos de la empresa Agromec, en la Uruca, o sobre la indispensable reubicación de la escuela de Colima. Tampoco se desconocía la necesidad de trasladar el Triángulo de Solidaridad, un asentamiento ubicado al lado de la ruta 32.
Las expropiaciones son un factor de prolongación de todas las obras públicas nacionales donde se necesitan, pese a la reforma aprobada para agilizar el trámite. Dos terrenos cerca del puente sobre la quebrada Rivera se convirtieron en obstáculos por ese motivo y hasta hubo necesidad de aprobar, en el último minuto, un proyecto de ley para permitir a la Municipalidad de Goicoechea donar un terreno indispensable.
La imprevisión y las decisiones precipitadas salen caras una y otra vez. Randall Murillo, director de la Cámara Costarricense de la Construcción, culpa, con razón, a la falta de preingeniería, una etapa inicial de planificación y diseño donde se ejecutan estudios técnicos, económicos y ambientales para identificar problemas previsibles, minimizar riesgos y evitar retrasos.
Dar la orden de inicio sin contar con las expropiaciones y la totalidad del derecho de vía desembocó, durante largos meses, en la existencia de pequeños “pedazos” del proyecto sin ninguna conexión entre sí, explicó Murillo. Ese análisis es aplicable, con pocas salvedades, a la carretera a Limón, la de San Carlos y prácticamente cualquier otra.