Las 16 denuncias constitucionales que el Congreso puede hacer prescribir
El mismo Congreso de la República que persigue a una fiscal suprema titular por supuestamente demorarse unas horas o un par de días en investigar a un presidente, se demora meses o más de un año en tramitar las denuncias constitucionales promovidas por la fiscalía de la nación desde enero de 2024, contra altas autoridades públicas: presidentes, ministros y congresistas.
Esto es lo que se advierte del oficio que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza remitió al presidente del Congreso Víctor Salhuana a fin de que se disponga dar el trámite correspondiente a 16 denuncias constitucionales presentadas entre enero y septiembre de 2024.
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De acuerdo con la Constitución, el Ministerio Público requiere la autorización del Congreso para formalizar la investigación preparatoria contra altas autoridades públicas por presuntos actos ilícitos en el ejercicio del cargo.
El plazo de prescripción
Sin esa autorización, las investigaciones se mantienen en indagación preliminar, sin poder avanzar. Eso no es todo.
Algunos casos corren el riesgo de prescribir gracias a la Ley 31751, denominada Ley Soto, que reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público.
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Antes que el actual Congreso dictará dicha ley, el 25 de mayo de 2023, la suspensión del plazo de prescripción era igual al plazo máximo de prescripción, con lo que se evitaba cualquier riesgo en la demora del proceso judicial.
Pero, el Congreso estableció que la suspensión sólo debe durar un año.
Así, las denuncias constitucionales que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena presentó en enero de 2024 están por cumplir un año. Luego, correrá el plazo ordinario de prescripción, equivalente al máximo de la pena del delito, más un año.
Riesgo en la demora
Entre las denuncias pendientes de tramitarse en el Congreso están varias dirigidas contra congresistas por recorte de sueldo a sus trabajadores y el presidente Pedro Castillo y ministros de estado por mal uso de bienes públicos que sucedieron entre los años 2020 y 2022.
El plazo de prescripción se cuenta desde el día en que ocurre el delito o desde el momento en que el acto ilícito deja de cometerse.
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En defensa del ejercicio de la acción penal que tiene el Ministerio Público, la fiscal de la Nación ha llamado la atención para que se avance con las denuncias constitucionales, ante el riesgo de que el día que estas se aprueben los casos hayan prescrito o estén próximos a prescribir.
Luego, los políticos culparán a los jueces y fiscales. El Congreso respondió que las denuncias están dentro del trámite regular.
1. Jorge Prado Palomino, ministro de la Producción.
El 30 de enero de 2024, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena presentó denuncia constitucional contra Jorge Luis Prado Palomino, en su condición de ministro de la Producción como presunto instigador del delito de negociación incompatible.
Se le atribuye haber dispuesto, el 8 de febrero de 2022, que la Dirección General de Desarrollo Empresarial contrate y favorezca con dos órdenes de servicio a su sobrino Edwin Chávez Prado, el 16 de febrero y 30 mayo de 2022, para realizar actividades de concertación y coordinación para la reactivación empresarial y productivas.
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La fiscalía presentó 55 elementos de convicción que muestra una sospecha grave de la comisión del delito.
2. Rosio Torres Salinas, congresista
El 29 de febrero de 2024, la fiscalía de la Nación denunció a la congresista Rosio Torres Salinas, del partido político Alianza Para el Progreso (APP) por el presunto delito de concusión que habría cometido, de julio de 2021 hasta agosto de 2022, al recortar el sueldo a trabajadores de su despacho, vía su sobrino Juan Daniel Guerra, por hasta 33,400 soles.
La denuncia incluye las declaraciones de las víctimas Cecilia Salazar Mattos, Jesús Sierra Tapia, Abigaíl García Díaz, César Von Bancels y Estefanía Calvo Zúñiga, registros de depósito, capturas de conversaciones y la declaración de un colaborador eficaz.
Torres Salinas es la actual presidenta de la Comisión de Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas en Materia de Mitigación de los Efectos del Cambio Climático para el periodo anual de sesiones 2023-2024.
3. Heydi Lisbeth Juárez Calle, congresista
El 29 de febrero de 2024, la fiscalía denunció a la congresista Heydi Lisbeth Juárez Calle, del partido político Podemos Perú, por realizar cobros irregulares, de mil soles mensuales, a cinco trabajadores de su despacho, en complicidad con su asesor Miguel Ángel Chafloque.
De acuerdo con las pruebas que tiene la fiscalía, Juárez retuvo parte del sueldo de sus trabajadores para financiar el pago a su primo, encargado de gestionar sus redes sociales.
"Chicos, ¿ya está?, ¿cómo vamos?, ¿ya están los aportes? Pasando por caja, ah, decía Chafloque. Eso era de todos los meses, cada vez que nos pagaban", declaró uno de los afectados.
4. Jhakeline Katy Ugarte Mamani, congresista
El 6 de marzo de 2024, la fiscalía de la Nación denunció a la congresista y ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Katy Ugarte Mamani, del partido Perú Libre, por realizar supuestos cobros a trabajadores de su despacho, entre 200 a 400 soles mensuales, a través de su asesor wilber Felices Villafuerte.
Los cobros o recortes de sueldos se utilizaban, supuestamente, para financiar publicidad en medios de comunicación del Cusco, con el objetivo de difundir el trabajo legislativo del congresista Ugarte y mejorar su imagen en la región.
5. Carlos Moran Soto, ex ministro del Interior
El 14 de marzo de 2024, la fiscalía presentó denuncia constitucional contra el ex ministro del interior Carlos Morán Soto por incluir información falsa, en la resolución ministerial de felicitación, del 24 de abril de 2020.
En la lista de felicitados se incluyó a 20 efectivos y oficiales que no participaron en las funciones de seguridad y resguardo que se estaban reconociendo. El objetivo de las felicitaciones era justificar el ascenso de los favorecidos en la PNP.
6. Magaly Ruiz Rodríguez, congresista
El 23 de abril de 2024, la fiscalía denunció a la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, del partido Alianza Para el Progreso por el recorte de sueldo a trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, en complicidad con su asesor principal Johnny Romero Nima.
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Luego, el 19 de julio de 2024, se formuló una segunda denuncia constitucional por tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por interesarse en la contratación en el Congreso de Alex Rojas Gómez, hermano del fiscal Richard Rojas Gómez, que tenía a su cargo la investigación por recorte de sueldo.
7. Jorge Flores Ancachi, congresista
El 8 de mayo de 2024, la fiscalía denunció al congresista Jorge Flores Ancachi, de la bancada de Acción Popular por presuntamente pedir el 10% de su salario a trabajadores de su despacho y el 50% de los bonos que recibieron del parlamento.
La denuncia incluye un audio en el cual el congresista dice: "Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10 por ciento (de su sueldo), yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50 (por ciento). Lo han cumplido, en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño que lo hacen los demás", se le escucha al congresista.
8. Pedro Castillo Terrones, ex presidente
El 27 de junio de 2024, la fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra el ex presidente Pedro Castillo por designar a Daniel Salaverry Villa como presidente del directorio de la empresa estatal Petroperú, el 9 de enero de 2022, pese a no cumplir los requisitos legales, capacidad técnica y trayectoria profesional, para el cargo.
Una semana después de juramentar como presidente de Petroperú, Salaverry presentó su carta de renuncia.
9. David Jiménez Heredia, congresista
El 18 de julio, la fiscalía de la Nación promovió denuncia constitucional contra el congresista David Jiménez Heredia, del partido político Fuerza Popular, por utilizar los servicios de la trabajadora del Congreso, Ángela Guadalupe Noblejas Pomazongo, quien supuestamente realizaba funciones en su despacho, pero que en realidad trabajaba en el Instituto Tecnológido Privado Franklin Roosevelt de propiedad del Congresista.
La denuncia aporta como pruebas videos y audios.
10. Yéssica Rosselli Amuruz Dulanto, congresista
El 19 de julio de 2024, la fiscalía de la Nación denunció a la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz Dulanto, de Avanza País, por la contratación irregular en el área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones del Parlamento de tres personas: Alejandra García Oviedo, Erick Enrique Tirado y Angie Gómez Acosta.
Dichas personas serían familiares y allegados a la pareja de Amuruz, el ex legislador de Acción Popular, Paul García.
11. Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta
El 30 de julio de 2024, la fiscalía presentó denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Se le atribuye ser responsable de las muertes y lesiones en agravio de 160 ciudadanos que participaron en las protestas sociales que ocurrieron entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023, en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
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La denuncia incluye a los ex ministros Pedro Angulo Aranda, Luis Otárola Peñaranda, Jorge Chávez Cresta, César Cervantes Cárdenas, Victor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
La fiscalía registró 44 personas asesinadas, de las cuales 41 murieron por proyectil de arma de fuego y tres por golpe con objeto contundente. Otras, 116 personas sufrieron lesiones graves y leves, de ellos 78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por impacto de bomba lacrimógena y 5 por otros golpes.
La fiscalía archivó la denuncia inicial por genocidio. Sobre los asesinatos en las protestas existen otras 303 investigaciones en curso, que involucran a 824 personas por presunta comisión de delitos de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, atentado a los medios de transporte, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones en agravio de las fuerzas del orden.
12. Edgar Nivardo Tello Montes, congresista
El 1 de agosto de 2024, la fiscalía promovió denuncia constitucional contra Edgar Tello Montes, congresista de Podemos Perú, en su condición de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, por requerir a trabajadores de su despacho y de la referida comisión el aporte de 27,800 soles para entregar canastas con víveres y 50 cocinas equipadas a las ollas comunes y comedores populares de varios distritos de Lima Metropolitana.
La denuncia establece que en su calidad de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo (2022-2023), Tello Montes requirió y recibió como ayuda humanitaria la donación de USD 8000 a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi para realizar las donaciones, por las que solicitó aportes a sus trabajadores.
13. José Alberto Arriola Tueros, congresista
El 16 de agosto de 2024, la fiscalía denunció al congresista José Arriola, de Podemos Perú, por recortar el sueldo a siete trabajadores de su despacho, a los que exigió el aporte del 10% de sus haberes y el 15% de sus bonificaciones, en complicidad con la coordinadora parlamentaria Yolanda Cuya Llajaruma. El aporte consistía en donativos en alimentos e implementos de cocina que eran entregados a las organizaciones de las ollas comunes y vasos de leche.
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"Desde diciembre de 2021 les solicitó la entrega de dinero, cuyo monto era el 10% de sus haberes y el 15% de sus bonificaciones extraordinarias haciéndoles firmar documentos denominados "declaraciones juradas de donación voluntaria" en complicidad con Yolanda Cuya, quien laboró como coordinadora parlamentaria hasta diciembre de 2023", detalló la Fiscalía.
Los testimonios indican que existía una estructura organizada para la recaudación de fondos, que incluía coacción. Yolanda Cuya se encargaba de coordinar los depósitos de donaciones en efectivo a una cuenta de Scotiabank a nombre de su esposo. Las donaciones eran entregadas en bienes o en efectivo.
14. Pedro Castillo Terrones, presidente
El 21 de agosto de 2024, la fiscalía de la Nación presentó denuncia contra el ex presidente Pedro Castillo por delito de peculado de uso, por el uso indebido de un avión C-27 de la Fuerza Aérea del Perú y helicópteros del Ejército para realizar viajes personales a la provincia de Jáen y Chota, Tacabamba, en la región Cajamarca.
En uno de los viajes, el domingo 10 de octubre de 2021, lo acompañaron 18 familiares y amigos, ajenos a la función presidencial, para participar del cumpleaños de su hermana Irma Castillo Terrones, en Cajamarca.
15. Pedro Castillo Terrones, presidente
El 21 de agosto de 2024, la fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra el ex presidente Pedro Castillo y el ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte por el nombramiento ilegal de Juan Carrasco Millones, como ministro del Interior, el 29 de julio de 2021.
De acuerdo con la denuncia, Carrasco Millones tenía impedimento legal y constitucional para ejercer ese cargo, pues en ese momento aún se desempeñaba como fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada de Lambayeque.
Según los documentos recogidos por la fiscalía, dos día antes de jurar como ministro, Carrasco Millones pidió licencia sin goce de haber y presentó su carta de renuncia, que fue aceptada semanas después.
16. María Jéssica Córdova Lobatón, congresista
El 26 de septiembre de 2024, la fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra la congresista María Córdova Lobatón, de Avanza País por delito de peculado doloso.
Se le atribuye utilizar los servicios de la coordinadora parlamentaria, Shirley Martínez Paredes, de su despacho, para que en realidad realice funciones de asesora en la empresa LOT International, que le pertenece al novio de la parlamentaria.