La comisión de la operación Cataluña da por probados hechos sin pruebas

La segunda de las comisiones de investigación puesta en marcha en el Congreso, la de la llamada 'operación Cataluña', ejecutada por la llamada 'Policía patriótica' por orden del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández-Díaz y y Francisco Martínez, es un 'win-win' para el Gobierno y sus socios independentistas. Para el primero, porque vuelve a poner de actualidad un caso de corrupción que afecta directamente al Partido Popular; para los segundos, porque se reafirman en sus tesis de que el Estado trabajó para neutralizarlos vulnerando sus derechos fundamentales. De nuevo la comisión se enfrenta a un problema difícilmente soslayable, ya que muchos de los comparecientes se acogen a su derecho a no contestar a sus señorías al estar inmersos en causas penales, como la 'Kitchen', o si lo hacen sólo responden a aquello que los beneficia, parapetándose en su condición de investigados para no contestar el resto de cuestiones. Eugenio Pino, exdirector Adjunto de la Policía, fue claro ejemplo de lo primero, y Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad, de lo segundo. Aparentemente a los diputados de la comisión les da igual, pues como sucede de forma recurrente ya tienen sus conclusiones previamente sacadas y las comparecencias son un mero trámite que hay que sobrellevar de la mejor manera posible. Sólo así se entiende, por ejemplo, que entre los comparecientes no figuren personas de las que se habla de forma constante, en ocasiones imputándoles graves delitos que se dan como hechos ciertos aunque ni siquiera haya una causa judicial abierta por los mismos. Un caso paradigmático es el del fiscal Anticorrupción José Grinda, al que se atribuye un papel nuclear en la 'operación Cataluña' y que entre sus casos tiene el del 3 por ciento. La tesis sería: acusa a políticos independentistas como pago a que el Estado borró las pruebas que había contra él en dos supuestos casos de pederastia que fueron archivados hace años… Es decir; cuestionan abiertamente la honorabilidad de un funcionario público, tanto en su ámbito personal como profesional, y sin embargo no le llaman a comparecer para que explique sus actividades presuntamente 'tenebrosas'. Se trata de un caso muy llamativo porque Junts cree que esta es una vía para poder neutralizar esa pesadilla que es para el nacionalismo la causa de de corrupción sistémica de la Generalitat que era la trama del 3 por ciento. Y para conseguirlo no repara en medios. Si incluyen a una persona como Grinda en la 'operación Cataluña', ¿por qué no quieren que vaya a la comisión para que aclare sus dudas, como han hecho con el resto?. Es curiosa la suposición de verdad que hacen los independentistas, en este caso también de Bildu, sobre testimonios que acusan al citado fiscal. Nervis Villalobos, exministro venezolano de Energía, aún con dos causas judiciales abiertas en España -en una ya está acusado- aunque él lo ocultó a la comisión, acusó a Grinda de amenazarlo por no hacer acusaciones contra los responsables del Banco Madrid de Andorra. «Perdió el control y dio dos puñetazos e la mesa», aseguró en la comisión, y añadió, sin aportar pruebas, que también le dijo: «Si usted no va a cooperar conmigo, entonces aténgase a las consecuencias. Va a pasar de testigo a investigado y a terminar en la cárcel». Nadie repreguntó. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, trató de poner las cosas en su sitio e impulsó un comunicado en defensa de José Grinda. «Dicho fiscal (...) está sujeto en sus actuaciones procesales al oportuno control judicial y, en el ámbito interno, a los principios de jerarquía y de unidad de actuación, conforme a los cuales las actuaciones procesales más significativas de los fiscales son sometidas al visado de la Jefatura», advierte la nota. Y sostiene que esta manera de proceder «garantiza que la intervención de la Fiscalía, también en estos procedimientos en los que se discute la actuación de uno de los fiscales que la representa, haya estado presidida por el fiel respeto a los principios de legalidad e imparcialidad».