Yolanda Díaz se refugia en la gestión: acelera la reducción de la jornada y la subida del salario mínimo

“Gobernar no es resistir”. Es casi un mantra que la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, repite desde que volvió de las vacaciones de verano, después de un inicio de curso político muy complicado. Lo volvió a hacer este lunes en una entrevista en la Cadena SER en la que utilizó la frase para dar un toque al Partido Socialista por la falta de capacidad transformadora de la coalición progresista.

Convencida de que solo desde la gestión podrá el Gobierno revalidar su delicada mayoría en las urnas y ella misma, reflotar el debilitado proyecto de Sumar, Díaz trata de impulsar desde la vicepresidencia y la cartera de Trabajo medidas que tengan efectos reales sobre la población, la única fórmula que contempla para que los socios minoritarios de la coalición puedan recuperarse.

Díaz dejó hace meses ya el liderazgo orgánico de Sumar para centrarse en su tarea en el Gobierno, consciente de que es esa labor la que le granjeó una gran popularidad entre el electorado mientras la batalla interna y los descalabros electorales solo han deteriorado su imagen y la de su incipiente formación. Su figura se había desgastado mucho por el ruido interno a la hora de construir la coalición con todas las fuerzas de izquierda, pero sobre todo tras la ruptura con Podemos y el pésimo ciclo de resultados electorales en la primera mitad del año. Para recuperar de nuevo la confianza de los votantes Díaz confía en sacar adelante cuanto antes alguna de sus principales promesas de campaña.

En las últimas semanas, la vicepresidenta ha acelerado parte de la agenda de su ministerio, en especial la reducción de la jornada laboral que Sumar situó como medida estrella para la legislatura y que hasta ahora estaba atascada por las negociaciones con la patronal. A falta de acuerdo con los sindicatos, que llegará en los próximos días, la norma está ya muy cerca de viajar al Consejo de Ministros para que comience el trámite parlamentario donde tiene que articular una compleja mayoría. 

“Va a entrar en vigor el año que viene y ahora sí que entramos en la recta final. Vamos a cerrar un acuerdo con los sindicatos, va a pasar el trámite administrativo que va a ser preferente y urgente y nos vamos a un proceso legislativo en torno a cinco y seis meses”, dijo Díaz en la entrevista de este lunes en la que confió en atar los apoyos necesarios bajo la premisa de que esta es una medida que tiene una gran aceptación en todo el electorado, también en el de derechas.

La ley que pretende aprobar el Ministerio supone la primera reducción de la jornada máxima de trabajo desde hace cuatro décadas, para pasar de las 40 horas a la semana a las 37 horas y media. Además, incluye otras medidas complementarias, pero que en Trabajo y los sindicatos destacan como fundamentales, como reformar el control horario para que sea efectivo y accesible “en tiempo real” a la Inspección de Trabajo, así como endurecer las sanciones ante los incumplimientos de las empresas.

Díaz ha intentado incluso atraer al Partido Popular a un avance social que cuenta con un apoyo muy mayoritario en la sociedad e incluso llegó a ofrecer ayudas millonarias a la patronal para compensar a las pymes. Ahora cree que es el momento de ponerla en marcha, con o sin la derecha política y económica.

Por su parte, el aumento del salario mínimo, que se debate cada final de año, se ha convertido en una bandera del Ministerio de Trabajo desde el anterior Gobierno de coalición, cuando surgieron muchas tensiones con el área de Economía que lideraba Nadia Calviño. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar contempla que “el SMI seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio”. Este año, Trabajo ha vuelto a citar a la comisión de expertos y expertas para que sitúen cuál es esa referencia del 60%, pero Díaz ya ha advertido una línea roja: que el SMI suba más que la inflación. La vicepresidenta ha afirmado que tratará de alcanzar un acuerdo con los empresarios, pero ya ha reconocido que, si no es posible –como ha ocurrido otros años–, espera cerrar un pacto con los sindicatos. 

En las últimas semanas, además, Díaz ha recuperado protagonismo por dos cuestiones ajenas. La primera, la tragedia de la DANA. Igual que ocurrió con la pandemia, cuando el Ministerio de Trabajo diseñó el mecanismo de los ERTE para salvar a millones de empresas y trabajadores, el Gobierno aprobó tras el temporal un nuevo “escudo laboral” con una serie de medidas para proteger el empleo y a las personas trabajadoras. Entre ellas, permisos para ausentarse sin pérdida de salario, una ampliación de los ERTE por fuerza de causa mayor y restricciones a los despidos. 

Triunfo en diferido de la Ley Rider 

Este lunes, apenas un día antes de que su fundador Óscar Pierre acudiese a los juzgados imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores, Glovo anunció un cambio radical en su sistema de negocio: “Cambiar de un modelo autónomo a un modelo basado en el empleo para sus repartidores en España”, según el comunicado que difundió la matriz de la compañía, Delivery Hero. 

Un día después, ya ante la jueza, Pierre reconoció que la decisión está íntimamente relacionada con la búsqueda de paz social para evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de la causa penal que enfrenta.

Además de la vía penal abierta por la Fiscalía en Barcelona, en una causa pionera en España por el modelo de falsos autónomos de Glovo, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que tiene un modelo laboral para sus trabajadores (la mayoría son subcontratados) reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.

Este anuncio de Glovo supone un triunfo en diferido de la Ley rider impulsada por el ministerio de Díaz, que encontró también algunas resistencias en el ala socialista del Consejo de Ministros, pero que finalmente fue aprobada en el Congreso durante la legislatura pasada, una legislación pionera para la laboralización de los repartidores de plataformas digitales que daba un lapso de tiempo de tres meses a las empresas como Glovo y Deliveroo para que se adapten al modelo laboral. La legislación presume que los repartidores de plataformas digitales son trabajadores por cuenta ajena y, además, introduce una obligación de transparencia de todas las empresas que utilicen algoritmos en lo que afecte a las relaciones laborales. 

“Ninguna empresa por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica, puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores”, celebró Díaz este lunes a su llegada a un consejo de Empleo en Bruselas en reacción a la noticia que se conocía en ese momento. “Vale la pena gobernar para hacer esto”, añadió. 

Precisamente ese día en Bruselas, Díaz se anotaría otra victoria con sus colegas europeos al bloquear el intento del húngaro Víktor Orbán de limitar una ley comunitaria contra los falsos becarios. La ministra impulsó junto a otros ocho gobiernos una minoría de bloqueo a la propuesta de la presidencia húngara del Consejo de la UE para descafeinar la directiva de prácticas con la que la Comisión Europea pretendía poner coto a los falsos becarios.

España, Alemania, Rumanía, Bélgica, Portugal, Austria, Bulgaria, Eslovenia y Chipre rechazaron así las aspiraciones del Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán. Quedará ahora en manos de Polonia, que asumirá las riendas de las negociaciones en el seno de los 27 el próximo semestre, una nueva negociación del texto que concite el apoyo suficiente para salir adelante. 

“Realmente si esa directiva sale como se pretendía por parte de la presidencia de Hungría haríamos mucho daño a la gente trabajadora. Sí merece la pena defender estas cosas y sobre todo creo que no es lo mismo, no da igual quién gobierne.”, aseguraba la vicepresidenta en la entrevista en la Cadena SER.

En esa misma entrevista, Díaz dejó claro que las cuestiones orgánicas que afectan a Sumar -a Movimiento Sumar- ya no son su ocupación. “Yo creo que Sumar ha cambiado su hoja de ruta, los compañeros están trabajando en una hoja de ruta y un proyecto de país. Y les deseo toda la suerte”, dijo y aclaró después, preguntada por el uso de la tercera persona, que ella no está ya en la dirección del partido. No obstante, y aunque haya dejado la coordinación general, el cargo con el que fue elegida hace menos de un año, el pasado marzo, Díaz sigue acudiendo a las ejecutivas y mantiene su ascendencia sobre las decisiones que se toman.