El asesinato de un CEO

El asesinato a tiros y a plena luz del día del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Midtown Manhattan, Nueva York, tuvo una consecuencia inmediata e inesperada. Las especulaciones en redes sociales sobre si el asesino o alguien de su familia pudieran ser víctimas de las malas prácticas de las aseguradoras se mezclaron con expresiones de júbilo y comprensión hacia el tirador, un John Q real (¿se acuerdan de Denzel Washington secuestrando al personal de un hospital porque su seguro se negaba a cubrir un trasplante que salvaría la vida de su hijo?). Cuando se hizo público que se habían encontrado casquillos de bala con las palabras “deny” (denegar) y “delay” (demorar) y “depose” (deponer), que aluden claramente a las tácticas de las aseguradoras para evitar pagar la reclamaciones de sus clientes, las celebraciones inundaron las redes sociales. Han proliferado los memes y chistes crueles del tipo de “mi seguro no cubre la empatía ni las oraciones”, “con un poco de suerte le darán cita con el especialista en unos meses”, “se requiere autorización previa para quejarse” o “la segunda enmienda servía para esto, no para disparar a escolares”. 

Aunque en las redes sociales se hacen todo tipo de comentarios deshumanizantes y odiosos, las reacciones al asesinato de Brian Thompson fueron generales, sin distinción de ideología, raza o clase social, muchas de ellas acompañadas de testimonios que narraban experiencias terribles con las aseguradoras y estadísticas sobre el porcentaje de reclamaciones denegadas. Algunas compañías retiraron de sus páginas corporativas los perfiles de sus ejecutivos y los medios americanos dan cuenta de cómo las empresas ya están reforzando su seguridad, alimentando un sector casi tan lucrativo como el de la sanidad. Todo esto se produce tras la victoria inapelable de Donald Trump, un millonario, que ha encargado a Elon Musk, un multimillonario, recortar el gasto público. 

Desde la perspectiva española es difícil de entender, a pesar de los apóstoles de la destrucción del estado y la privatización, por qué los americanos permiten que su salud sea un bien más de mercado en un sistema infame que maximiza los beneficios de hospitales, farmacéuticas y aseguradoras y multiplica los juicios y la burocracia a costa, literalmente, de años de vida de los ciudadanos. Entra en juego la mentalidad americana, tendente a sospechar de cualquier papel del Estado en la vida de los ciudadanos. Saben, como se ha visto estos días, que el sistema no funciona pero temen la alternativa, que supondría un papel más activo del gobierno federal, algo que casi se puede tachar de socialismo. Sin embargo, las contradicciones ya existen: en 2022, Estados Unidos invirtió el 16,6% de su PIB en salud, cuando la media de países occidentales estuvo en el 11%. Si lo habitual en las economías de la OCDE es que por habitante se inviertan entre 4.000 dólares (Italia o España) y 8.000 (Alemania o Suiza), en Estados Unidos supera los 12.500 dólares por habitante. Y todo eso con una de las tasas más altas de mortalidad materna durante el parto y una de las esperanzas de vida más bajas de los países de su entorno.

El sistema de salud privatizado estadounidense tiene tres patas en tensión constante: hospitales y médicos que tratan a la personas como clientes y no como pacientes y que inflan los costes de los tratamientos, un sistema de seguros y copagos que casi nunca cubre todo lo que se necesita y entierra a sus beneficiarios en cláusulas, letra pequeña y burocracia y unas farmacéuticas casi libres para fijar los precios. Más de la mitad de los estadounidenses con seguro no comprende bien al menos un aspecto de su póliza, y más de un tercio reconoce que no tiene claro qué cubre su seguro y qué no. Los costes administrativos de las reclamaciones encarecen las pólizas y las negociaciones entre los distintos actores del sistema acaban elevando los precios. Un análisis de sangre puede costar cientos de dólares y una cesárea más de 24.000. No hablemos ya de los tratamientos contra el cáncer o los trasplantes, que suponen cientos de miles de dólares a los que hay que sumar hospitalización y medicamentos.

En este contexto se han producido las reacciones al asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, compañía que según lo publicado estos días, deniega el 30% de las reclamaciones de sus clientes. Mientras tanto, la última década ha sido mejor para los multimillonarios, aquellos con un patrimonio superior a los 1.000 millones, que para los mercados mundiales. Mientras la fortuna de los primeros aumentó un 121% desde 2015 a 2024, el índice MSCI Mundo subió un 73%, según se desprende de los datos del Informe de ambiciones multimillonarias, publicado esta semana por el banco UBS. La brutalidad y desigualdad que acompañan siempre al capitalismo y a la acumulación de la riqueza son más evidentes y sangrantes cuando afectan a lo que las personas necesitan para vivir y desarrollarse: sanidad, vivienda, educación. Sin embargo, las soluciones al deterioro del contrato social no pasan por exigir su cumplimiento y reformas amplias que afecten a toda la población, sino por romperlo y quebrar para siempre la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. El mundo occidental se ve atraído, después de las elecciones americanas, por el tecnofeudalismo de Elon Musk o el conservadurismo religioso de JD Vance, sin un plan que pase por reforzar lo que permite vivir a los ciudadanos. La desigualdad seguirá produciendo víctimas diarias y los estadounidenses han entendido, con todo el riesgo que eso conlleva, que el director ejecutivo Brian Thompson es una más.