JNJ nombra 4 nuevos jueces nacionales para juicio público de casos complejos
La Junta Nacional de Justicia oficializó el nombramiento de los primeros cuatro jueces titulares nacionales de juzgamiento de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada: Christian Alfaro Cáceres, Liliana Lizárraga Arqueros, Andy Rodríguez Junior y Wilmer Quispe Umasi.
Los cuatro nuevos magistrados pasaran a integrar los colegiados que juzgan los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Corrupción en el poder, entre otros casos complejos y mediáticos.
De acuerdo con una nota de prensa de la Junta, la sesión de votación para su nombramiento se realizó el 20 de noviembre último. El acto de votación había quedado pendiente desde la segunda semana de septiembre, por motivos desconocidos.
En el concurso del 2022, la JNJ buscó cubrir 28 plazas vacantes de jueces titulares de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, pero solo ha logrado nombrar a nueve. Las otras 19 plazas continúan vacantes y será necesario nuevos concursos.
El 16 de septiembre, la Junta nombró cinco jueces, dos superiores y tres de investigación preparatoria y declaró en reserva la convocatoria para cubrir cuatro plazas de jueces penales colegiados.
Esto es lo que se ha concluido con nombrar este 20 de noviembre. De los cuatro jueces nombrados, tres se han venido desempeñando como fiscales provinciales y uno como juez supernumerario en la Corte Superior de Lima Norte.
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De los tres nuevos jueces, Alfaro Cáceres era un experimentado fiscal especializado en crimen organizado, Rodríguez Junior, fiscal penal y de ciberdelincuencia en Arequipa. Ambos integraron, en diferentes momentos, el Equipo Especial de Fiscales del caso "Cuellos Blancos del Puerto".
De acuerdo con el cuadro de méritos, tras las pruebas de conocimiento, evaluación curricular, desarrollo de caso y entrevista personal, quedaron como únicos finalistas: Christian Alfaro Cáceres, Liliana Lizárraga Arqueros, Andy Rodríguez Domínguez y Wilmer Quispe Umasi. En el mis orden fueron nombrados.
Liliana Lizárraga era fiscal provincial en Tarapoto y Wilmer Quispe juez supernumerario en la Corte Superior de Lima Norte.
Preocupación en la Corte Penal Nacional
El nombramiento de jueces es para una plaza específica. Los cuatro nuevos jueces pasaran a integrar alguno de los Juzgados Penales Colegiados que tienen a cargos juicios actualmente en trámite.
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Si alguno de ellos va a un juzgado donde antes ya se produjo la rotación de un magistrado, podría producir el quiebre del juicio. Esto podría haber sido uno de los motivos por lo que el nombramiento se pospuso de septiembre hasta noviembre.
Esperar que los Juzgados Penales Colegiados, donde serán ubicados, concluyan los juicios en trámite y evitar, en los posible un quiebre del juicio.
Nota del Editor: persecución a periodistas
El 5 de abril de 2023, el ahora juez titular penal colegiado Andy Rodríguez incluyó al periodista y editor judicial del diario La República, César Romero Calle y otras personas, en una investigación secreta del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", con el "rótulo de los que resulten responsables", en las que se incluyeron acciones de seguimiento, video vigilancia y observación electrónica domiciliaria, por presunta resiliencia de esta red de corrupción judicial descubierta el año 2018.
Los presuntos indicios y la justificación para incluir al periodista en dicha investigación fue haber sostenido dos llamadas telefónicas con el abogado penalista José Luis Castillo Alva en el verano del año 2014 y ser autor de dos artículos, uno de marzo y otro de abril de 2023, en los que se critica su desempeño fiscal y el de su adjunto Max Castro Huamán.
Con ese objetivo, se disponen técnicas especiales de investigación: seguimiento, video vigilancia y observación electrónica domiciliaria a los que resulten responsables, que terminan siendo los abogados Percy León Alva y José Luis Castillo Alva y los periodistas Juan Carlos Tafur Rivera y César Romero Calle.
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Posteriormente, el 15 de julio de 2023, el fiscal Andy Rodríguez se inhibe de seguir conociendo la carpeta fiscal secreta y es trasladado a las fiscalías de ciberdelincuencia de Lima. El 5 de enero de 2024, lo trasladan de regreso a la fiscalía provincial de Arequipa, donde era titular.
En defensa de la libertad de información
En tanto, que el ahora juez penal colegiado Christian Alfaro Cáceres fue el fiscal que, al recibir dicho expediente, el 13 de octubre de 2023, advierte cuatro cosas: 1), que la investigación secreta estaba con el plazo vencido desde el 5 de agosto del 2023; 2) no se evidenciaba ningún indicio de delito ni en los abogados ni en los periodistas, 3), que desde mayo no se había incorporado ninguna evidencia nueva y 4) que hay peligro de afectar la libertad de información.
Por lo cual, el 23 de noviembre de 2023, Alfaro Cáceres decide levantar el secreto de la investigación y la identidad de "los que resulten responsables", mandar todo al archivo y en reconocimiento y defensa de los derechos afectados notifica a los investigados la actuación fiscal.
Aproximadamente, en mayo de 2024, la carpeta fiscal que abrió en abril de 2023 el ahora ex fiscal Andy Rodríguez volvió a ser activada, por delito de crimen organizado y plazo de tres años, bajo la premisa de "los que resulten ser responsables", sin derecho de defensa. Además, todo acto de defensa puede ser interpretado como indicio de crimen organizado.
El 22 de febrero de 2024, a pedido de la procuraduría, el Tercer Despacho de la Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto” dispone la reapertura y continuación de las investigaciones, se declara nula la notificación del 23 de noviembre de 2023, se da por no notificados a César Romero Calle y otros y se indica que la investigación continuará contra “Los que resulten responsables”.
Sin embargo, en la misma resolución se cita a declarar a todas las personas que fueron notificadas con la resolución del 23 de noviembre de 2023. Posteriormente, otra resolución fiscal, volvió a declarar nula la notificación del 22 de noviembre. La investigación secreta sigue su curso, contra "los que resulten responsables".
De crimen organizado a una querella por difamación
El 28 de septiembre de 2023, el ahora abogado Max Castro promovió una querella por presunta difamación, calumnia e injuria contra el periodista César Romero, por los mismos hechos, el artículo periodístico de marzo de 2023, que como fiscal consideró indicio de crimen organizado. Tras una serie de subsanaciones, la querella fue admitida a trámite en mayo de 2024.
El segundo Juzgado Penal Transitorio de la Corte Superior de Lima Norte, ha programado para este viernes, 13 de diciembre iniciar el juicio privado respectivo. Max Castro ha presentado como testigo principal de su demanda al ahora juez penal colegiado nacional, Andy Rodríguez Domínguez.
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En tanto, por haber archivado la investigación que el fiscal Andy Rodríguez contra los periodistas y abogados, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder (Eficcop) incluyó al fiscal y ahora juez Christian Alfaro en una investigación en relación a las actividades de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La investigación no ha encontrado nada ilegal en la actuación del entonces fiscal y hoy juez penal colegiado nacional, Christian Alfaro. Su criterio jurisdiccional se ajustó a derecho y al contenido de un expediente sin indicios. Tampoco, han encontrado nada ilegal o antiético en el desempeño del periodista y editor de La República.