El Gobierno renuncia al plan más radical sobre el Valle de los Caídos: no planea derribar la cruz
- La cruz, en principio, fuera de los planes
- Convertirlo en un punto cultural
- Sacar a los monjes benedictinos
- Los cambios con la ley de 2022
El Gobierno no tiene entre sus planes demoler la cruz del Valle de los Caídos, uno de los puntos más polémicos de la resignificación del lugar a cargo del Ministerio de Memoria Democrática. El departamento que dirige Ángel Víctor Torres abrirá este mes un concurso de ideas para la resignificación de Cuelgamuros y, según la hoja de ruta marcada, elegirá el proyecto ganador antes del verano de 2025.
Pese a que las formaciones a la izquierda del Partido Socialista sí pidieron demoler la gran cruz de 150 metros que se alza en pleno monumento, el Ministerio no tiene previsto tocarla. El Ejecutivo aún se encuentra en negociaciones con El Vaticano para que los monjes benedictinos abandonen el lugar, y asegura que abordarán este proceso de mutuo acuerdo.
La cruz, en principio, fuera de los planes
La cruz seguirá custodiando, por tanto, Cuelgamuros. El Gobierno no fija condiciones sobre el esquema del proyecto. Estudiará todas las ideas que se presenten al concurso y de ahí, seleccionará la ganadora. El Ejecutivo, en principio, considera que ninguna de las propuestas recogerá una demolición que levantaría una polémica que el Ministerio quiere evitar.
El Ministerio da por garantizada su continuidad e incluso no descarta excluir su derribo si se incluye en uno de los planes o directamente descartar aquellos que recojan tirarla abajo.
Convertirlo en un punto cultural
Tras la exhumación del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, la idea de Memoria Democrática es convertir el mausoleo en un lugar cultural que refleje lo que fue la guerra civil, construcción del Valle y los años posteriores.
La idea es que esta resignificación cuente con el apoyo de gran parte de la población y convierta lo que se consideraba un mausoleo al dictador y un lugar de culto al franquismo, en un punto cultural e histórico que explique, con rigor, lo que supuso la construcción del Valle de los Caídos, la mayor fosa común de España con casi 34.000 cuerpos enterrados, 21.423 identificados y 12.410 sin identificar, según el censo del Ministerio de Justicia.
Sacar a los monjes benedictinos
La presencia de la congregación de los benedictinos comenzó en 1958, tras un convenio entre la dictadura y la Abadía Benedictina de Silos. Pero la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público extingue todos los convenios con el Estado que no hayan sido prorrogados entre la entrada en vigor de dicha norma y los cuatro años posteriores, es decir, entre 2015 y 2019.
De modo que el convenio con los benedictinos caducó en octubre de 2020, hace más de cuatro años. Ante la negativa de los monjes a abandonar Cuelgamuros, el Gobierno ha pasado a negociar con El Vaticano. Un acuerdo con la santa sede forzaría su salida y esta continúa siendo la opción más viable, según el Ejecutivo.
Los cambios con la ley de 2022
El Gobierno prevé lanzar próximamente el concurso de ideas para recoger proyectos sobre cómo abordar la refundación del Valle de los Caídos, más de 65 años después de su inauguración, en 1959. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática cambió el nombre del Valle de los Caídos a Cuelgamuros, y también fija que el objetivo del lugar debe ser honrar a todas las víctimas allí inhumadas.
La norma prohíbe expresamente cualquier exaltación del franquismo: “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni de exaltación de la Guerra, de sus protagonistas o de la dictadura”. Y también recoge que solo las víctimas de la guerra civil permanecerán enterradas allí, como símbolo del conflicto.
Esta modificación supone exhumar los restos que continúan allí en contra de la voluntad de sus familiares, así como parte de los 20.000 presos políticos del régimen que construyeron el monumento —según historiadores como Juan Pablo Fusi— y que perecieron durante la obra.