Narcos vinculados a Clan del Golfo pagaban $15.000 por aterrizajes en pistas clandestinas

Llamadas telefónicas interceptadas por agentes judiciales revelaron cómo una red de narcotraficantes costarricenses, vinculada al Clan del Golfo de Colombia, buscaba pistas clandestinas en San Carlos para el aterrizaje de aeronaves que traían dinero desde México correspondiente al pago de cargamentos de cocaína. La banda pagaba hasta $15.000 (¢7,6 millones) a dueños de terrenos, pero en una conversación se mencionó la disposición de dar hasta $25.000 (¢12,7 millones).

Las llamadas también dejaron al descubierto otro dato: los propietarios de fincas llegan a cobrar entre $40.000 y $50.000 si en los aviones hay droga. Sin embargo, cuando los vuelos solo cargan dinero, se negocian montos más reducidos.

El grupo local ligado al Clan del Golfo, según las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo lideraba Alexi Meléndez León, de 55 años, quien hasta su captura, el 17 de setiembre en un condominio de Ciudad Colón, San José, era uno de los 50 hombres más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

La oferta de $15.000 a un finquero de San Carlos quedó registrada en las intervenciones telefónicas del caso Shark (Tiburón en inglés), expediente judicial que incluye delitos de robo agravado, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Según el OIJ, Meléndez, nacido en Colombia y naturalizado costarricense en 2006, está vinculado junto con 10 personas más a esta red.

El 5 de junio, dos hombres de apellidos Lara Vargas y Arce Salas fueron captados en una conversación donde estaban explorando campos de aterrizaje. Uno de ellos dijo: “Yo lo que ocupo bajar es un chunchito, un mini (avión) y eso lo que trae es plata, no es droga, ni nada que ver, es plata”. De seguido, pidió hablarle al dueño del terreno para explicarle que no pidiera demasiado porque, advirtió, “hay maes que cobran 40.000 o 50.000 (dólares) por una pista porque es para droga”.

En ese momento uno de los dos afirmó que al finquero lo más que podría ofrecérsele eran $25.000 ya que el avión es “pequeñito”, no un “chunchón” y nadie se daría cuenta porque “ni hace bulla. Esa vara llega, se baja, levanta y jala, tira las maletas y jala”. El otro consultó si no era mejor ofrecer $10.000, pero la respuesta fue: “Ofrezca $15.000 por lo menos. Es que son como cinco o seis tiros (aterrizajes), entonces, no es poca harina la que se van a ganar”. De seguido se advierten de que hay que dar dinero por adelantado porque así lo piden siempre. Fueron precisos en dejar claro que en la nave no venía “doña Blanca” (cocaína).

En otra conversación que se le interceptó a Lara, él manifestó a un hombre llamado “Gerardo” que hay casos en que “en la avioneta viene el billete mexicano y a como viene, descarga y carga a doña Blanca”. Los imputados, dice el expediente judicial, mencionaron la necesidad de que los campos de aterrizaje para traer el dinero estuvieran cerca de las localidades donde vivían ya que era peligroso trasladar las maletas con efectivo por largas distancias.

En otra llamada con Lara, “Gerardo” contó que otro hombre llamado Jeffrey le comentó que la idea era traer al país “10 millones de verdes”, lo cual, en lenguaje cifrado policialmente, se presume son dólares, dice el expediente. Para los agentes judiciales, ese monto da una idea de las transacciones ilícitas que se dan por medio de pistas aéreas clandestinas.

Otro dato curioso es que los interceptados comentaron que cada campo de aterrizaje se debe usar tres o cuatro veces y luego ponerlo a “descansar” por un tiempo para no llamar la atención.

Según las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Lara Vargas es vecino de Pital, tenía un rol de transportista y participaba en la coordinación de actividades como robo de ganado. Además, tenía contacto con personas dedicadas a colocar dinero de origen ilícito.

Arce Salas, alias Piojo, es vecino de Aguas Zarcas y era el encargado de logística de las empacadoras de piña de donde salía la droga hacia Europa. El expediente agrega que era el “sujeto de confianza” de un pastor evangélico de apellidos Barboza Pilartes, considerado uno de los encargados de lavar capitales por medio de inversiones en bienes muebles e inmuebles. Él también está detenido.

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Estas conversaciones ocurrieron en la misma época en la que varios miembros de la red criminal estaban urgidos de comprar terrenos en Pital de San Carlos, Sarapiquí, en Heredia y Guápiles, en Limón.

Las fincas servirían como puntos estratégicos para la construcción de aeródromos clandestinos que permitiesen la llegada de avionetas cargadas con dinero, que luego despegaban con cocaína hacia el norte del continente.

Según los hallazgos del expediente judicial 22-000116-1322-PE, del que La Nación tiene copia, cada avioneta que operaba en estas rutas transportaba al menos 100 kilos de cocaína. Además, se descubrió que el grupo tenía contactos con narcotraficantes mexicanos, quienes estaban dispuestos a pagar precios mucho más altos por cargamento que los compradores locales.

“Cuando Chumino (un hombre de apellidos Alfaro Arias, privado de libertad, quien tiene contacto con mexicanos) hacía negocios, hablaban de 100 kilos por avionetazo”, se puede escuchar en otra conversación interceptada.

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Líder del grupo

Alexi Meléndez León, el presunto enlace con el Clan del Golfo, fue detenido el 17 de setiembre en Ciudad Colón, en Mora, durante un operativo conjunto del OIJ y el Ministerio Público.

Según el expediente judicial del caso Shark, Meléndez estuvo al frente de operaciones de narcotráfico en Costa Rica desde 2013, operando principalmente en la zona norte del país, y con fuertes vínculos con el narcotráfico hacia Europa.

Nacido en Miranda, Cauca, Colombia, Meléndez fue identificado como uno de los “siete tiburones del Pacífico”, una élite de narcotraficantes que controla las rutas del Clan del Golfo en América.

A través de empresas de exportación, principalmente de piña, Meléndez y sus socios camuflaban grandes cantidades de cocaína en contenedores, que luego eran enviados desde puertos como Limón con destino a Europa. En uno de los decomisos más relevantes, en 2015, se incautaron 120 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de piña en España. Entre 2019 y 2022, las autoridades detectaron otros cargamentos de droga enviados desde Costa Rica con el mismo modus operandi.

En el momento de su captura, Meléndez vivía de manera discreta en un condominio de Ciudad Colón, donde también operaba como un próspero empresario, con propiedades de lujo y vehículos de alta gama. Durante la investigación, se descubrió que su red incluía a varios colaboradores, entre ellos tres empleados del Banco de Costa Rica, un pastor evangélico, y otros individuos que ayudaban a lavar los activos ilícitos.

Las autoridades también investigan la participación de estos individuos en el uso de “empresas de papel” y en actividades de subastas ganaderas, con el fin de integrar el dinero del narcotráfico en la economía legal.

¿Qué es el Clan del Golfo?

El Clan del Golfo es una de las organizaciones criminales más temidas y poderosas de Colombia, conocida por su involucramiento en narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. Fundada en 2007 por Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, la banda surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de extrema derecha. Desde sus inicios, el Clan del Golfo ha sido responsable de la distribución de grandes cantidades de cocaína, principalmente a través de rutas en América, Europa y Asia.

Pastor vinculado a grupo narco organizaba conciertos internacionales en su iglesia

La organización estuvo bajo el liderazgo de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, hasta su captura en 2021 y posterior extradición a los Estados Unidos en 2022. A pesar de estos golpes significativos, el Clan del Golfo sigue siendo una amenaza activa, con aproximadamente 1.900 miembros operando en Colombia y otros 28 países a nivel mundial. Su red de narcotráfico se extiende desde las selvas colombianas hasta puertos clave en el Pacífico, como el de San Buenaventura, donde las autoridades colombianas han incautado toneladas de cocaína destinadas a mercados internacionales.

La organización ha mantenido su poder gracias a una estructura descentralizada y alianzas con otros carteles, incluyendo los de México, lo que les ha permitido continuar con sus operaciones ilegales a pesar de las detenciones de varios de sus líderes.