Ayuso acepta finalmente las condiciones del Ministerio y firma el convenio para incorporar mil profesores universitarios
La Comunidad de Madrid se adhiere entre protestas al programa María Goyri, por el que Universidades cofinanciará la contratación de profesorado para los seis centros públicos; el Gobierno regional era el único que no se había adherido al convenio y trató de cambiarlo, pero el ministerio se plantó
Ayuso maniobra para recibir 169 millones de Universidades pero no comprometerse a estabilizar a los profesores contratados
Entre protestas, calificándolo de “cacicada” del Gobierno porque no han querido hacerles un convenio ad hoc que nadie más tiene, la Comunidad de Madrid se ha adherido finalmente al programa María Goyri, por el que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cofinanciará la incorporación de mil profesores ayudantes doctor a las universidades de la región.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso era el único entre 17 que se había desmarcado del convenio, destinado a ayudar a los rectorados de todo el país a cumplir la (no tan) nueva ley de universidades ampliando sus plantillas. Primero dijo que no, que el acuerdo era una trampa porque el ministerio solo financia el primer contrato (seis años) de y luego cada Gobierno regional debe asumir esas nóminas. A lo que nunca ha hecho alusión el Ejecutivo regional es a que el ministerio no tiene ninguna obligación de financiar estas incorporaciones –las competencias son de las comunidades autónomas– y de hecho será la primera vez que lo haga. El convenio contempla que el ministerio invierta 169 millones de euros en seis años (28 por curso), mientras que Madrid pondrá 17,5 los primeros seis años y luego tendrá que añadir la parte de Universidades.
Pero a Madrid no le cuadra que le obliguen a gastar. Aún así, cuando hace dos semanas los seis rectores de las universidades públicas hicieron un comunicado público conjunto denunciando la “situación crítica” que les impide funcionar con normalidad, cambió el discurso. La Comunidad dijo que “sí” con condiciones. Y le plantearon una alternativa al ministerio que dirige Diana Morant. Universidades la rechazó. “Hay un texto que han firmado las demás comunidades, no se va hacer otro diferente para Madrid”, venían a explicar fuentes del ministerio. Ahí se plantó el Gobierno y por ese aro tuvo que pasar Madrid. Este miércoles han acabado firmando. Las universidades de la región tendrán 1.091 nuevos profesores ayudantes doctor, la figura que da inicio a la carrera académica.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, ha criticado la “imposición” del Gobierno central y ha tirado del repertorio habitual del PP. “El Gobierno es muy solicito a la hora de negociar con los independentistas y los herederos de ETA, pero no atiende a razones y no es capaz de negociar una sola coma” de un convenio que implica a varias administraciones, ha lamentado. Preguntado por qué ha cambiado para que la Comunidad se adhiera a un texto que había rechazado, ha explicado que se trataba de “elegir entre lo malo y lo peor. Nos hemos quedado con lo malo. El convenio es insuficiente, no soluciona ningún problema generado por la propia ley [de Universidades] y sigue sin financiar de manera estructural las necesidades de las universidades madrileñas y de todo el país”, ha insistido obviando que las competencias son autónomicas. “Tendría que financiar íntegramente el coste de aplicación de la ley, no solo durante seis años”, ha exigido.
Antes, el pasado martes, el consejero de Educación de Madrid, Emilio Viciana, había tachado el programa de “cacicada” del Gobierno de Pedro Sánchez. “No ha habido posibilidad de negociar”, lamentó. “Seguimos denunciando los problemas que ya vimos en el convenio, por ejemplo que impone la figura del profesor ayudante doctor, una figura que no soluciona el problema para muchas universidades públicas madrileñas y discrimina la figura del profesor asociado, con el consecuente detrimento de la calidad universitaria”.
Han sido semanas agitadas en las universidades madrileñas. El Gobierno de Ayuso está en una especie de guerra abierta contra los centros, que considera “tomados por la izquierda”, especialmente la Complutense de Madrid (la misma que hizo a la presidenta alumna ilustre hace dos años) y les congeló los fondos en el borrador de presupuestos para 2025. Los rectores, que hasta ahora habían optado por el perfil bajo, se revolvieron en público y acabaron arrancando una subidad del 4%, el mínimo imprescindible para seguir funcionando. Calculan que realmente necesitarían 200 millones entre las seis.
Porque la Comunidad de Madrid transfiere hoy a sus universidades públicas el mismo dinero que en 2009 mientras el coste de la vida ha subido un 35,9%, según el INE. Esta no evolución supone, de facto, que hoy se invierte menos en la educación pública superior que hace 15 años.