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USA 2025: De esta forma tu solicitud de visa o Green Cards se vería afectada tras una deportación en EE. UU.

Una deportación desde Estados Unidos no solo implica la salida obligatoria del país, sino que también puede tener repercusiones legales prolongadas que dificultan el regreso legal. Estas consecuencias afectan directamente las solicitudes futuras de visas o Green Cards, imponiendo restricciones adicionales según la naturaleza de cada caso.

Las personas que han sido deportadas enfrentan periodos de inadmisibilidad, prohibiciones de ingreso y, en algunos casos, la necesidad de solicitar exenciones especiales para volver a entrar al país. A continuación, exploramos cómo la deportación puede influir en las posibilidades de obtener un estatus migratorio en Estados Unidos.

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¿Cuáles son las consecuencias legales de una deportación en tus futuras solicitudes?

Una deportación genera barreras legales que varían dependiendo de las circunstancias del caso. Los periodos de prohibición más comunes incluyen:

  1. Prohibición de cinco años:
    Se aplica a quienes fueron deportados tras permanecer sin autorización entre 180 días y un año en Estados Unidos. Estas personas deben esperar cinco años para volver a solicitar el ingreso.
  2. Prohibición de diez años:
    Si la deportación ocurrió tras una estancia ilegal de más de un año, el periodo de prohibición se extiende a diez años.
  3. Prohibición permanente:
    En casos graves, como fraude migratorio o delitos graves, se impone una prohibición permanente que, en principio, impide solicitar cualquier tipo de visa o Green Card.

Los antecedentes penales también agravan la situación, dificultando el acceso a ciertos estatus migratorios o visas específicas.

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¿Cómo una deportación afecta el proceso para obtener una Green Card?

Las personas deportadas que buscan una Green Card enfrentan un proceso más complejo y prolongado. Dependiendo de las razones de la deportación, pueden requerir documentación adicional o solicitar exenciones para ajustar su estatus.

Este proceso suele incluir un análisis exhaustivo por parte de las autoridades, especialmente si existen antecedentes penales o violaciones graves a las leyes migratorias. Aunque las exenciones pueden ofrecer una oportunidad, no garantizan la aprobación y suelen requerir un esfuerzo considerable para cumplir con los requisitos legales.

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