El Gobierno pide que otros países intervengan para liberar al gendarme detenido por Maduro

Mientras recrudece el conflicto diplomático entre Argentina y Venezuela, la ministra de Seguridad de Patricia Bullrich confirmó que un gendarme argentino está detenido ilegalmente en una base de inteligencia de ese país y aseguró que pediría la intervención de otros países. Asimismo, se suma a las denuncias de Amnistía Internacional por detenciones ilegales en el país latinoamericano. 

Según informó la ministra de Seguridad, es el canciller Gerardo Werthein el encargado de pedir intervención del secretario general de las Naciones Unidas en esta materia. "El Gobierno argentino exige de forma categórica la liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas en la sede diplomática", indicaron desde la Cancillería Argentina.

Agustín Nahuel Gallo es un suboficial de la Gendarmería que habría ingresado a Venezuela de licencia con la intención de visitar a su esposa e hijas que se encontraban allí. Bullrich ratificó que el gendarme "fue a ver a su novia, su hijo y su familia en su tiempo de licencia anual" y que, en este momento, "está en una base de inteligencia en Táchira".

Un gendarme argentino cruzó a Venezuela a visitar a su mujer e hija y fue detenido por el régimen chavista.Exigimos la INMEDIATA liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin. pic.twitter.com/TisulVGPMp

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 13, 2024

"La citaron a la madre de su novia, pero ella por un tema de seguridad no se acercó", agregó Bullrich, quien aseguró que el Estado argentino ya se comunicó tanto con la pareja como con la suegra de Gallo, mientras que la ministra de Seguridad de Catamarca, Fabiola Seguro, entró en contacto con la familia sanguínea del detenido, quien continúa incomunicado.

Asimismo, Bullrich desestimó la versión venezolana de que Gallo ejecutó tareas de espionaje. "Es una acusación estúpida, banal y poco seria", indicó. Aun así, Bullrich aseguró que a partir de este caso establecieron una "norma para que todas las fuerzas de seguridad tengan prohibido ir a determinados países e informen a dónde van a ir".

"Nunca nos imaginábamos que esto iba a pasar", indicó.

Por último, la ministra se refirió a las versiones que apuntaban a una presunta mediación de Brasil y Colombia: "Hasta ahora el canciller no me ha informado eso; me ha dicho que no tiene colaboración con nadie". Sobre esto, Bullrich manifestó que "queremos una colaboración, porque nuestra embajada está invadida: se llevaron a un chofer de la embajada".

"Estamos bajo asedio del régimen de Maduro; necesitamos que un tercer país nos ayude", concluyó.

Las denuncias por detecciones ilegales en Venezuela

La situación de las personas detenidas en Venezuela ya fue abordada por varias organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Una de ellas es Amnistía Internacional que detalla en un extenso informe "una de las crisis de derechos humanos más agudas" en la historia reciente del país sudamericano. 

En este sentido, identificaron un "nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho" tras las elecciones presidenciales de julio y, lo que es más significativo, también concluye que "las violaciones documentadas durante el marco temporal de su mandato (...) constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos".

Además de este aumento sin precedentes de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, que no solo incluían a niños sino también a personas que viven con una discapacidad, la represión también incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo.

En cuatro días, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, se denunció que las autoridades realizaron detenciones arbitrarias masivas de manifestantes. Según el fiscal general, al menos 1.062 personas estaban detenidas entonces y las ONG locales afirmaban que al menos 700 personas eran acusadas de "terrorismo", incitación al odio y otros delitos discrecionales. 

"Exigimos que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y pedimos al fiscal general que garantice a todas las personas detenidas acceso a abogados de su elección y todas las garantías del debido proceso", afirmaron. Solicitaron además a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU demostrar su compromiso con los derechos humanos en el país.

 Por su parte, la ONU denunció las reiteradas violaciones a las garantías procesales en Venezuela exponen un sistema judicial falto de independencia que prolonga las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores gubernamentales, según indica el informe elaborado por una Misión Internacional Independiente de la ONU sobre el país sudamericano.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, denunció que "la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada", una situación que pone en peligro "su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales".