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El Mercurio desea limitar las atribuciones de la contralora Dorothy Pérez

La semana pasada se conoció un estudio elaborado por la Contraloría General de la República, titulado “Qué piensas de la corrupción en Chile”, en el cual el 72,2% de los encuestados declaró que nuestro país es “bastante o totalmente corrupto”, señalándose además por el 91.1% que los más propensos a esta lacra son los municipios, lo cual no es ninguna novedad, por lo menos, para la fundación Defendamos la Ciudad y para todos aquellos cuerpos que se dedican a investigar el comportamiento de las instituciones administrativas del Estado y de los actores privados que se desenvuelven en los distintos sectores de la economía. Según esa noticia, publicada por algunos medios, la contralora Dorothy Pérez consideró “alarmantes” esos resultados.

Pues bien, el filósofo, politólogo e intelectual estadounidense Noam Chomsky, hombre que es un verdadero aporte a la verdad y a la transparencia, entre otras de sus sólidas conclusiones, ha dicho que “el propósito de los medios masivos no es informar sobre lo que sucede, sino dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante” y como demostración de lo anterior damos cuenta de un impropio deseo de un influyente medio de comunicación.

En efecto, en un editorial del domingo 15/12/2024 publicado en El Mercurio, titulado “Modernizar Contraloría” informa que Dorothy Pérez, “tanto en su período de subrogancia como ahora……….ha dado interesantes señales, las que abren el espacio para la pregunta ……” mencionando dos. Partimos aclarándole a dicho diario que Pérez nunca ejerció el cargo de contralora como subrogante, pues en ese extenso lapso de tiempo no existía un contralor titular, por lo tanto, ella lo desempeñó siempre como interina o provisional.

En su caprichosa crítica a la Contraloría, ese medio le enrostra que ha emitido informes o dictámenes con interpretaciones contradictorias, “sin verdadera lógica” (sic) y, llegando al colmo de su atrevimiento, que se conduce como un activista contralor, reprendiéndole que actúa como un super regulador sectorial final, desplazando por ello a los ministerios en el diseño de las políticas públicas y dañando la certeza jurídica, con lo cual se desconoce que los servicios del ejecutivo son permanentes violadores de las leyes, muchas veces por lenidad o ignorancia de los funcionarios que firman los actos administrativos.

Hablando de certeza jurídica, no dice ese diario que tal principio se obtiene solo con apego a la ley y al respecto, se debe tener presente que el sector privado, afectado por el resultado de una investigación de la Contraloría, tiene todo el derecho para recurrir a los tribunales de Justicia, de tal forma que en Chile, utilizándose un conocido término vulgar, se resguarda con absoluto rigor, el derecho a pataleo para todos y es más, también las empresas extranjeras, pueden recurrir a instancias internacionales, como el Centro internacional de arreglos de diferencias relativas a inversiones -CIADI- del Banco Mundial. Este columnista conoce algunos casos publicados en medios de prensa independientes.

Por sus variadas objeciones al ente fiscalizador, tal diario propone reevaluar su carácter unipersonal porque una sola autoridad tiene amplias potestades, razón por la cual expone livianamente que su dirección sea colegiada para que así, en la hora de resolver, se contemplen distintas miradas jurídicas, improcedente insinuación que rechazamos de plano, pues así se daría pábulo a arreglines y espurias compensaciones.

La actual contralora Dorothy Pérez, desde que ejerció el cargo como interina y actualmente como titular, ha dado pruebas irrefutables de su independencia, probidad y transparencia, motivo más que suficiente para que todos, incluyendo a la prensa que le gusta influir en las decisiones de políticas públicas, debemos apoyarla en su necesario combate frontal en contra de la corrupción imperante, ya que así el mercado funcionará correctamente.

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