Editorial: Gobierno abandona diálogo sobre pensiones
El Poder Ejecutivo abandonó la mesa de diálogo convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) para enfrentar la crisis del sistema de jubilaciones. Entre los motivos, el ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén, alegó la falta de atención al reforzamiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM ) y, en su lugar, la concentración de esfuerzos en la construcción de una pensión básica universal.
No obstante, el apuntalamiento del IVM es el principal objetivo del diálogo y nadie sabe, mejor que la Supén, las dificultades del principal régimen de jubilaciones del país. No hay incompatibilidad entre la discusión de la pensión básica universal y la búsqueda de soluciones para el IVM. Las propuestas son tan urgentes como alarmantes son las noticias emanadas de la gerencia de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El IVM utilizará, en el 2024, los intereses generados por el fondo de pensiones para pagar los beneficios de 376.885 jubilados. No hay otra forma de cubrir el déficit creado por la retención de la contribución estatal. El año pasado, el faltante exigió el 75% de los intereses generados por las inversiones del fondo (¢188.800 millones). Este año, nada quedará después del pago de unos ¢222.728 millones para cubrir lo retenido por Hacienda.
La inevitable gravitación de las contribuciones del Estado sobre las discusiones de la mesa podría explicar mejor el abandono del proceso por el Ejecutivo. Acosta lo dejó entrever cuando reveló sus razones para dejar el diálogo iniciado en mayo. Según dijo, el abordaje de la situación financiera del IVM no debe hacerse desde la deuda estatal con la Caja, sino partiendo de las formas de financiamiento posibles en el futuro.
En cualquier caso, el abandono de la mesa por el gobierno se veía venir desde finales de octubre, cuando el presidente Rodrigo Chaves renunció a presentar iniciativa alguna para reformar el IVM, cuyas reservas se consumirían a partir del 2041 y se agotarían en el 2048, un plazo muy reducido en términos actuariales. Según dijo, los diputados no están dispuestos a aprobar sus propuestas de ley y es mejor esperar una Asamblea Legislativa más favorable. Contra todos los criterios técnicos, rehusó reconocer la urgencia de las reformas, que serán mucho más dolorosas con el paso del tiempo. “No vale la pena dividir al país”, añadió como motivo adicional para no “comprarse la bronca”, como solía decir.
Pero el proceso de diálogo no se agota en la discusión de la deuda estatal y la posible pensión básica universal. Entre los objetivos explícitos está disminuir la dependencia del financiamiento del IVM de las planillas del sector privado y público, la posibilidad de unificar los regímenes básicos y equiparar, en cada uno de ellos, la cotización estatal, los beneficios de retiro y los requisitos de jubilación, además de sanear las finanzas del IVM mediante el incremento de la cobertura y crear mecanismos de formalización para los trabajadores.
Según Acosta, es necesario discutir sobre la edad de retiro, el porcentaje de los aportes y el alineamiento de las pensiones con el nivel de cotizaciones del trabajador. Son puntos válidos de discusión y ninguno está excluido de la mesa de diálogo. Planteados por un actor tan importante como el Ministerio de Hacienda, la consideración de esas ideas está garantizada.
Entre las poco convincentes razones para justificar el abandono del urgente diálogo, Acosta resta importancia al examen de la propuesta de la pensión básica universal. Según dijo, existe un régimen no contributivo para hacer frente a las personas sin cotizaciones y en condición de pobreza. Le faltó decir que ese régimen es precario, con beneficios de ¢82.000 mensuales, sin ajuste desde hace años y con el peligro de una reducción o suspensión. A los beneficiarios no les asisten los mismos derechos de los jubilados por otros regímenes y la posibilidad de una rebaja de ¢82.000 a ¢68.464 se contempló por primera vez en el 2023. Por otra parte, miles de aspirantes son rechazados y existen más de 200.000 mayores de 65 años sin ingreso alguno, dependientes de sus familias o de su propio trabajo más allá de la edad de jubilación. También sobre eso es urgente conversar.