Ángel Víctor Torres: "Si los menores llegados a Canarias fuesen blancos, no habría problema en repartirlos"

El año está a punto de finalizar y, tras meses de negociaciones, casi 6.000 menores migrantes seguirán acogidos en Canarias en condiciones inadecuadas ante la falta de consenso para distribuirlos por el resto de España. El ministro Ángel Víctor Torres (1966, Las Palmas) fue hace más de un año el elegido por el Gobierno para coordinar, desde su cartera de Política Territorial, los pasos necesarios para acordar una fórmula que impulsase un sistema de reparto obligatorio de menores migrantes desde los territorios fronterizos. Tras varios reveses, desde el Congreso a las sucesivas reuniones discretas, el último bloqueo de las negociaciones por parte del PP ha empujado al Ejecutivo central a dar por perdido el apoyo de los populares.

Torres analiza cómo han sido los últimos meses de negociaciones infructuosas para conseguir el respaldo que consideraban clave para sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería. Ahora con la vista dirigida hacia Junts, el Gobierno busca la manera de salvar el texto del cambio normativo, defendido durante meses como la única solución para alcanzar una solución estable para el traslado de menores migrantes desde territorios fronterizos. También responde a las últimas declaraciones de Víctor de Aldama y defiende la respuesta del Ejecutivo tras la DANA.

Va a acabar el año y miles de menores migrantes siguen acogidos en condiciones inadecuadas en Canarias y Ceuta a la espera de un acuerdo que no llega. ¿Está al tanto de las condiciones en las que se encuentran esos menores? ¿Cómo es posible que aún no se haya logrado una solución?

Las menores no se encuentran en las condiciones aceptables que ningún niño o niña, ningún menor, debe tener por cuestiones humanitarias y por nuestro marco jurídico. En esta ocasión y por vez primera en la historia, hemos conseguido llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley después de un año de trabajo. No fue sencillo porque había que buscar un mecanismo jurídico que tuviese los parabienes de los servicios jurídicos de los distintos gobiernos. 

Esa proposición establece que, tras el cumplimiento de un trámite, en 15 días saldrían hacia otras comunidades los niños recién llegados. Y en un año, saldrían aquello que ya estaban en los territorios fronteras. Lamentablemente, el 23 de julio, y aunque no lo esperábamos, el Partido Popular impidió su admisión a trámite. Hemos intentado por todos los medios que el Partido Popular regresara al consenso porque gobierna la mayoría de las comunidades.

Tuvimos reuniones infructuosas en verano. Hemos vuelto a sentar en la mesa al Partido Popular, se han vuelto a levantar... Nos han ido pidiendo cada vez más cosas y hemos ido respondiéndoles a todas las peticiones. 

En el proceso de negociación, ¿qué peticiones del PP han escuchado e incluido en la propuesta de reforma legislativa?

Nos pidieron celebrar la Conferencia Sectorial en Canarias, lo hicimos. Pedían añadir en la proposición de ley la contratación por emergencia, que la financiación estuviese más definida, que mandáramos una carta a la Unión Europea. Lo hicimos.  Personalmente, envié una carta a Ursula von der Leyen. Todo. Sin embargo, en la última reunión, hace escasas semanas, dijeron claramente que ellos no estaban por la modificación del artículo 35, cosa que se corroboró en la Conferencia de Presidentes.

Yo lo tengo que lamentar porque la única solución permanente estable jurídicamente indiscutible que solventaría para todos los territorios de frontera esta situación es la modificación del artículo 35 [de la Ley de Extranjería]. El PP ha decidido ponerse en contra de la solución para unos territorios donde precisamente gobierna su partido. Gobiernan en Ceuta, en Melilla y cogobiernan en Canarias y han decidido darle la espalda a la solución. 

¿Dan por perdido el apoyo del PP?

En estos momentos no hay ninguna opción de que esto salga adelante con el apoyo del Partido Popular.

¿Por qué han concluido que no hay ninguna posibilidad de negociar? 

En estos momentos no hay ninguna petición a la que responder. El PP ya han decidido que no quiere modificar el artículo 35 y quedó muy claro en la Conferencia de Presidentes. Después del fracaso de la reunión última con el Partido Popular, fue el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien dijo que iba a llevar una propuesta a la Conferencia de Presidentes, uniendo la proposición de ley que habíamos cerrado los dos gobiernos (el central y Canarias) con el texto que había firmado con el señor Feijóo. Podíamos pensar que si se incluían todas las peticiones que el señor Feijóo había firmado con el señor Clavijo, podríamos modificar el artículo 35. Pues ni así. Finalmente, lo que llevó a la Conferencia de Presidentes el presidente de Canarias y el lehendakari de Euskadi fue una propuesta distinta, una medida excepcional, temporal, que no llevaba consigo la modificación del artículo 35. Por tanto, es evidente: el Partido Popular ha dicho que no quiere modificar la ley. 

¿Cree que la presión de Vox está detrás de su negativa?

Vox ha ganado en ese pulso. Había una amenaza de que, si aprobaban cualquier modificación, Vox no iba a aprobar los presupuestos de muchas comunidades de España. Y al final quien ha sido sumiso ha sido el Partido Popular de Canarias, que ha sido incapaz de elevar la voz y le ha dado la espalda a la solución para Canarias.

Si el PP sale del tablero, solo queda conseguir los apoyos parlamentarios de Junts. ¿Se han sentado a negociar con ellos para este asunto en concreto? ¿Cómo van las negociaciones? 

Nosotros no hemos dejado de hablar con Junts para todos los asuntos que desde el Gobierno de España entendemos que debemos sacar adelante. Presupuestos, acuerdos que tienen que ver con la inmigración, modificación del artículo 35, paquete fiscal y otros. No son sencillas las negociaciones cuando tienes minoría en un gobierno. Nosotros aspiramos a modificar el artículo 35. Creemos que es mucho mejor con el Partido Popular a favor, porque podemos encontrarnos con la modificación del artículo 35 y con presidentes de comunidades poniendo pegas del Partido Popular o dificultando el desarrollo de la propia ley.

Una de las exigencias clave de Junts para este y para otros asuntos es el traspaso de competencias en materia migratoria. ¿El Gobierno ha avanzado en esa petición? El president del Parlament de Catalunya deslizó que este acuerdo estaba cerca. ¿Es así?

En el Gobierno de España los distintos ministros tenemos competencias diversas, incluso de negociación con las formaciones políticas. No soy yo quien negocia con ese grupo político, son otros compañeros. La información que puedo dar es a través de la que me trasladan. Y repito, estamos negociando, trabajando, poniendo sobre la mesa soluciones y propuestas porque queremos sacar los presupuestos del año 2025 y no vamos a renunciar a ello.

Llegados a este punto, ¿siguen sin plantearse aprobar la reforma de la Ley de Extranjería por decreto-Ley?

Cualquier aprobación que vaya por decreto ley está condenada al fracaso si no tenemos mayoría absoluta o una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de distribuir personas que son menores, que son trasladados a otras comunidades. Por tanto, tenemos que conseguir primero que ese decreto ley pueda ser convalidado desde el punto de vista jurídico, es decir, que no esté sometido a cualquier impugnación ante el Tribunal Constitucional para dar seguridad a la medida que estamos tomando. Y en ello vamos a trabajar.

En la Conferencia de presidentes, Canarias y Euskadi presentaron un acuerdo que apuesta por un pacto extraordinario, sin detallar cifras, para repartir de forma puntual a los menores migrantes que ahora mismo se encuentran en Canarias. Clavijo también dice estar avanzando en una propuesta de decreto con Junts para un reparto puntual de menores migrantes ¿Qué valoración tiene de dichas propuestas? ¿Se plantean dejar a un lado de momento la reforma legislativa y apostar por un reparto puntual de los chavales que deben ser repartidos en este momento?

Hay que estudiar bien el texto que se pueda proponer, tenemos que validarlo jurídicamente. Tenemos que tener en cuenta que esto es una competencia autonómica. Por tanto, si no se hace con cobertura jurídica, hay un verdadero riesgo de que vaya al Tribunal Constitucional y estamos dispuestos a estudiar todas las opciones que nos lleguen porque llevamos un año haciéndolo. 

Es una propuesta para una redistribución puntual. No es la modificación que proponíamos de la Ley de Extranjería, que es la solución más factible y definitiva. Ese nuevo texto que propone Canarias, si camináramos con él, terminaría siendo votado en el Congreso y en el Senado, donde será fundamental el voto del PP. ¿Qué ocurre si nosotros apoyamos una iniciativa y luego las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por el PP, la elevan al Tribunal Constitucional? Tendríamos dificultades. Sería importante que el PP se sumara al sí, pero la realidad es que hasta ahora solo se ha sumado al no. Y eso que gobiernan en Canarias.

En un momento de aumento en el que algunos intentan aumentar la xenofobia y el racismo en España, ¿qué mensaje transmite el hecho de que esté costando tanto distribuir a 5.000 o 6.000 niños migrantes por toda la España? 

Si los 5.000 o 6.000 menores que han llegado a Canarias hubiesen sido de países de Europa y niños blancos, no habría habido la circunstancia que estamos viviendo para lograr el reparto. Lamentablemente, existe de forma latente un pozo de xenofobia y racismo en representantes políticos que deberían dar ejemplo, al contrario de lo que hacen. Lo lamento porque, del mismo modo que se ponían guaguas [autobuses] para ir a buscar a los niños que venían de Ucrania a la frontera con Polonia; a esos niños que vienen de Senegal, de Mali, de Guinea Conakry, del África Subsahariana, se les pone muros. Es algo que no se puede aceptar desde el punto de vista de la humanidad.

Pasamos a los efectos de la DANA. ¿Cómo se explica que 50 días después de la Dana aún siga habiendo gente que no pueda entrar en sus casas, coches en el fango y vecinos que aún no han recibido las ayudas?

Eso son tres afirmaciones que tendría que ir desmontando una a una. Ya se han entregado a la ciudadanía de Valencia 737 millones de euros. Las ayudas están llegando más rápido que nunca en ningún otro fenómeno. Lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana no tiene precedentes ni en el número de fallecidos ni en los daños producidos en esos municipios. A día de hoy siguen desplazados cerca de 20.000 efectivos entre la UME, el Ejército, y Policía Nacional. Están sacando el lodo de los garajes y se prevé que antes de la Navidad se haya completado en todos ellos.

Estamos hablando de cerca de mil garajes. Se están haciendo también las salidas de todos los vehículos que no están en los cascos de los municipios. Se han retirado 100.000 vehículos que fueron afectados. Todo se está haciendo con la máxima lealtad con la Generalitat de la Comunidad Valenciana, que es quien tiene las competencias. 

Yo puedo entender y, por supuesto, respetar que haya quien esté roto por dentro, porque ha perdido su casa o ha perdido sus vehículos o, más aún, ha perdido a un familiar. Pero el esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno de España es indudable. 

Hay un colectivo que, como ocurrió en la pandemia, se ha quedado atrás en las ayudas para paliar los efectos de la DANA. Son las personas sin papeles o aquellas que no tenían un contrato de trabajo o no tenían contratos de alquiler. ¿Cómo se llega a ellas? Estamos hablando de cuidadoras internas, jornaleros, trabajadoras domésticas, etc. sin papeles que apenas encuentran apoyo público.

Para todos esos casos concretos hemos abierto oficinas en todos los pueblos, que es algo que hemos hecho en cortísimo espacio de tiempo, o sea, oficinas físicas y también móviles, con centenares de personas contratadas para el trámite de las ayudas, para ver caso a caso, ver cada petición. Hemos reducido, por ejemplo, los plazos teniendo un solo formulario para todas las ayudas de protección civil. Eso no tenía precedente tampoco.

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado que usted reclamaba a Koldo García el pago de 50.000 euros por la presunta adjudicación irregular de contratos de material sanitario en plena pandemia. Además, Aldama afirma que alquiló un piso de Airbnb en el número 25 de la calle de Atocha de Madrid para que usted, Koldo y José Luis Ábalos celebraran un encuentro. ¿Niega estas acusaciones? ¿Por qué cree que le menciona a usted?

Las niego absolutamente todas. Hemos iniciado una acción judicial. Estoy convencido de que le van a caer una serie de condenas, pero va a sumar una más: la de injuria y calumnia ante sus falsedades y sus mentiras trasladadas hacia mi persona. Yo sí puedo probar que no he estado en ningún piso. Él no podrá nunca probar que lo he estado, porque lo que no ocurrió no lo puedes probar. Tengo que reconocer que no sé por qué tiene esa inquina contra Ángel Víctor Torres. Me lo pregunto. No sé si hay alguien detrás que le interesa mancillar el nombre de Ángel Víctor Torres.

A mí me conoce mucha gente y sabe que eso es absolutamente falso. Él tan poco me conoce que no sabe ni cómo me llamo. En su primera declaración dijo que conocía bien a Víctor Ángel, [en vez de Ángel Víctor, como se llama el ministro], lo que evidencia ante qué personaje nos encontramos. Si alguien demuestra que yo haya pedido o haya cobrado no 50.000 euros, sino un solo euro de comisiones en mi vida pública, yo me hago a un lado porque eso es imposible demostrar, porque no lo he pedido jamás ni lo haré nunca.

Por dejarlo claro. ¿Usted ha estado alguna vez en esa vivienda, el número 25 de la calle Atocha, que mencionó Aldama?

En la vida. Todas las veces que vine a Madrid nos quedábamos casi siempre en el mismo hotel. Siempre venía con mi equipo, tres o cuatro personas: el jefe de protocolo, el director del gabinete, el responsable de prensa. Y están [registradas] todas mis entradas, todas mis salidas, todos mis movimientos. Por eso lo puedo probar. Pero intenta manchar el honor de las personas, intenta perjudicarme en lo personal, porque es un ataque muy feo, muy sucio, muy vil. Es complicado poder defenderse ante la palabra de un embustero. Lo tendrá que hacer delante de la justicia.

¿Tiene miedo del efecto de sus palabras? ¿Tiene miedo de Aldama?

No se puede tener miedo cuando tú tienes en tu poder la verdad, qué es lo que él no tiene. Por eso no ha mostrado ninguna prueba.

Sobre memoria democrática, en el Valle de Cuelgamuros se están llevando a cabo las exhumaciones de las víctimas, pero aún está pendiente la conversión del espacio en un centro de interpretación anunciado hace tres años. ¿En qué punto está?

En estos momentos, a través del Ministerio de Vivienda, estamos en una comisión interministerial en la que estamos abordando el concurso de ideas que se fallará durante el año 2025 para la redefinición de ese espacio como un lugar que haga recordar lo que ocurrió, pero que fundamentalmente defienda también lo que queremos de ahora en adelante: la democracia, la libertad y los derechos.

Porque hay quien no ha entendido nada. Fundamentalmente, el Partido Popular no ha entendido nada. Lo que queremos festejar no es que haya muerto el dictador. Lo que queremos festejar en el año 2025 es que con la muerte del dictador se inició una etapa que culminó en una nueva Constitución democrática en elecciones, en derechos y libertades que perdimos durante cuatro décadas de totalitarismo. Queremos que la gente conozca qué se pierde con una dictadura y qué se gana con una democracia.

Pero hay quienes automáticamente se ponen a la contra incluso de la democracia. Hablan mucho de libertad. Utilizan mucho la palabra libertad. ¿Y resulta que veo a la presidenta de la Comunidad de Madrid utilizar la palabra libertad acusando a un gobierno que festeja la libertad que recuperamos tras la muerte del dictador, con un tremendo populismo? ¿Qué queremos? ¿Queremos que los jóvenes salgan a las calles defendiendo la democracia, la libertad, los derechos humanos o que salgan cantando el cara al sol? ¿Qué queremos que reivindiquen? Eso es lo que tiene que decidir la presidenta de la Comunidad de Madrid que, obsesionada con ir contra Pedro Sánchez, va contra la democracia y la libertad verdadera.

La Ley de Memoria Democrática de momento no ha servido para juzgar los crímenes del franquismo. Se han archivado todos los casos. ¿Entiende la decepción de las víctimas?

Yo asisto también a actos donde recientemente incluso víctimas y familiares de víctimas se les llenan los ojos de lágrimas cuando ya por fin queda nulo el juicio que condenó a sus familiares o incluso a ellos. Y quedan como ilegítimas las sentencias y también los jurados, y también los procedimientos de entonces. Fue un gran paso que podríamos haber dado antes, indudablemente. Pero se han dado grandes pasos a pesar de las amenazas que ha habido de derogación de la Ley de Memoria Democrática en algunas comunidades. 

Perdone que insista, ministro. Pero no le preguntaba por las causas o condenas contra inocentes anuladas por falta de garantías sino a los crímenes del franquismo. La Ley pretendía juzgar crímenes del franquismo pero no está sirviendo para ello de momento, dado que los casos se están archivando…

No sé exactamente a qué asunto concreto menciona, porque hemos declarado ilegal, por ejemplo, el Consejo de Guerra que condenó a Companys. También con respecto al acuerdo que llevó a garrote vil a Salvador Puig Antich. Lo hemos hecho también con el proceso judicial que llevó a la muerte a Miguel Hernández y con otros muchos. 

Y otro de los asuntos pendientes. ¿Hay fecha prevista para la salida de los monjes benedictinos del Valle?

Indudablemente, debía haberse producido desde hace décadas porque es un decreto del franquismo que, una vez recuperada la democracia, no tenía ningún sentido. No es sencillo porque estamos hablando de alguien que ocupa un espacio y debe salir, pero es una obligación de toda índole que eso se produzca. Y estamos intentándolo de una manera negociada, pero en cualquier caso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer.

Vídeo: Javier Cáceres y Nando Ochando