El PPdeG concluye que al Cunqueiro lo ampara una «absoluta legalidad»

El Grupo Parlamentario del PPdeG presentó este sábado su enmienda al proyecto de dictamen elaborado por la comisión que investiga la contratación pública de la Administración autonómica durante la construcción del Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y, en su documento, los populares gallegos aseguran que el análisis de la documentación defiende la «absoluta legalidad» del proceso de la infraestructura sanitaria; «de la contratación menor de la Xunta y de los contratos de emergencia investigados». Por un lado, insisten en que la colaboración público-privada era la única «opción viable» de financiación en un momento de grave crisis económica y escasez de recursos públicos, y que tuvo el aval del Estado, del Banco Europeo de Inversiones y del Grupo de Trabajo de Contabilidad Nacional. Acreditan que no hubo cambios en la duración de la concesión ni se redujo la superficie hospitalaria. Y que, aun habiendo contado con presupuesto suficiente, la construcción a cargo de la Xunta habría sido más cara y habría tomado más tiempo, plazo no disponible entonces debido al colapso de las infraestructuras sanitarias de Vigo. Ratifican que, en la comisión, «quedó plenamente acreditado que no hubo sobrecoste» y añaden que, de hecho, la fórmula empleada «permitió dotar a Vigo del mejor hospital de España en menos de 5 años, frente a los 15 que supondría un contrato de obra pública común. Gracias al nuevo hospital, Vigo resistió la covid-19 mucho mejor que otras áreas». De acuerdo al documento que presentaron ayer, las conclusiones de los populares gallegos se resumen en las siguientes: primero, que la comisión «acreditó que la contratación pública, incluida la contratación menor, de la Xunta de Galicia cumple escrupulosamente la normativa legal, sometiendo los expedientes a todos los controles internos y externos exigibles». La segunda, que también quedó probada «la ausencia de una relación causa efecto entre la identidad de los cargos directivos y la facturación de las empresas que prestan servicio a la Xunta»; y que, en el caso de Eulen, el volumen de facturación con la Xunta «es similar con independencia del color político del Gobierno autonómico». Y, por último, que se evidenció que la actividad contractual del Sergas, «muy elevada y sometida a una casuística específica», se desarrolló «sin fallo o reparo de legalidad»: «El procedimiento negociado sin publicidad está previsto en la normativa de contratación y se utiliza para la adquisición de determinados medicamentos sometidos la patente y sin alternativa terapéutica o para el mantenimiento de determinados equipos», inciden. Al final, valoran que las diferentes etapas del proceso en el Parlamento «dejaron en evidencia la diferente vara de medir del BNG, y también del PSdeG», respecto a los procedimientos de contratación. «La defienden y la utilizan cuando ejercen responsabilidades de Gobierno y tratan de demonizarla cuando desarrollan labores de oposición. Mientras que las diputadas y diputados del BNG trataron de demonizar la colaboración público-privada, y también la contratación pública de la Xunta, nombradamente la utilización de los contratos menores, dos altos cargos del bipartito defendieron en sus comparecencias que se trata de procedimientos admisibles de uso frecuente», comparan. La comisión, que encara ya su fase final, volverá a reunirse mañana.