Caputo reaviva el conflicto con los municipios y hay denuncias contra una localidad importante
Durante los últimos 12 meses, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha llevado adelante diversas batallas, pero la que se esconde detrás del cobro de las tasas municipales ha sido recurrente y ahora parece volver con un nuevo capítulo.
En la semana que pasó, a través de la red social X, Caputo alentó a un empresario que expuso al municipio de Carlos Casares por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene. Y, además habló de "ir a la justicia" por esas "matufias". La publicación se da mientras algunas empresas acudieron a tribunales para cuestionar los aumentos.
El Palacio de Hacienda viene insistiendo contra las acciones impulsadas por los Jefes Municipales desde mitad de año, en especial cuando se los acusó de conspirar contra la política económicas de Javier Milei.
En ese trayecto, Caputo lanzó resoluciones que apuntaron al limitar el cobro de "tasas" ocultas dentro de las boletas de servicios, se criticaron tanto el alza de los cánones de "seguridad e higiene" como aquellas que suman costos a las carga de combustible.
Luego de las declaraciones de Caputo, una Confederación de Entidades dio a conocer que una ciudad importante de la provincia de La Pampa modificó este año la modalidad por la que se calculan las tasas municipales y, en algunos casos, los ajustes pasaron de los 65 mil pesos a más de 6 millones por mes.
Mientras sobrevuela el rumor de que Economía recurriría a la Justicia para frenar las "tasas viales" por considerarlas una doble imposición (ya que los combustibles ya tienen un impuesto que es coparticipable), la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) expresó su "profunda preocupación por las recientes disposiciones adoptadas por el municipio de la Ciudad de Santa Rosa, en torno a la Ordenanza N°6985/2023, respecto a la Tarifaria 2024".
Mediante la Resolución Nº 422 de 2024, se implementó un cambio en el cálculo de la Tasa de Seguridad e Higiene, que pasó de ser un monto fijo basado en la superficie ocupada por las estaciones de servicio a un porcentaje variable determinado por las ventas facturadas.
El impacto de esta medida se traduce en que una estación de servicio tipo, que anteriormente pagaba una suma fija que rondaba en los $65.000 pesos mensuales, ahora enfrenta un aumento desmedido que convierte la tasa de inspección en seguridad e higiene, en una carga fiscal que en "algunos casos, supera los $6.000.000,00 de pesos mensuales", señalaron desde la entidad.
Para los estacioneros, el ajuste implementado por el municipio "resulta insostenible, considerando que los márgenes netos de operación en el sector son exiguos y la nueva base imponible grava el total facturado (y no la ganancia) duplicando la alícuota en los casos de consignación".
"El sector no puede soportar una presión tributaria tan desmedida sin poner en riesgo la continuidad de los negocios, las fuentes de trabajo vinculadas y, por ende, la estabilidad económica de la comunidad", dijeron al tiempo que solicitaron al intendente Luciano Di Nápoli que revise con urgencia esta disposición.