Año cierra con al menos 31 funcionarios judiciales y 20 policías detenidos

Al menos 31 funcionarios judiciales y 20 policías de diferentes cuerpos fueron detenidos en este 2024, por delitos que van desde mal uso de su arma hasta colaboración con grupos criminales.

Uno de los primeros casos trascendió el 13 de febrero, día en que se realizó un operativo para detener a dos policías de Fuerza Pública por presuntamente montar un retén para facilitar un secuestro en favor de una organización criminal, en febrero del 2022 en Guanacaste. El objetivo del secuestro habría sido el miembro de otro grupo delictivo que les robó droga.

Dos días después, un fiscal de Turrialba, de apellido Coto, de 53 años, fue detenido como sospechoso de cometer delitos de abuso de autoridad, peculado de uso y falsedad ideológica. Al parecer, Coto usó un vehículo del Ministerio Público durante varios días seguidos, sin estacionarlo en el edificio judicial, sino en su casa.

Se sospechó también que el fiscal ingresó información falsa en la libreta de control del vehículo de uso oficial, y que habría hecho un trato diferenciado en un expediente judicial, donde supuestamente favoreció al imputado.

También en febrero, un oficial de Tránsito de apellidos Rodríguez Madrigal, de 42 años, cayó por supuesta complicidad en el homicidio de Noilyn Adriana Mora Sobalbarro, de 26 años, ocurrido el 18 de octubre del 2020, cerca del aeropuerto de Limón.

Aquel día, Mora iba en un vehículo junto a otra persona cuando fue atacada a balazos. Supuestamente, Rodríguez facilitó el paso del vehículo sin placas de los agresores en un retén cercano a la escena del crimen.

Policía de Tránsito detenido por presuntamente colaborar en el homicidio de una mujer

Otra seguidilla de casos se dio en mayo. Comenzó el día 9 de ese mes, cuando un técnico judicial de San Carlos fue arrestado tras aparentemente disparar contra el conductor de un camión cerca del Hospital San Carlos. Según la investigación, el funcionario de 41 años, de apellido Bolaños, tuvo una discusión con el conductor del vehículo pesado, que se elevó al punto de que Bolaños sacó un arma de fuego y disparó contra el parabrisas del vehículo.

Un técnico judicial fue también el detenido en un operativo realizado el 22 de mayo. Al parecer, el funcionario del Juzgado Penal Juvenil de Limón, de apellidos Hay Martínez, aprovechó su puesto para consignar falsamente que un empleado de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), de apellido Jarquín, participó en un juicio durante cuatro días. El supuesto objetivo de Jarquín era justificar ausencias ante su jefatura.

Un día después, un funcionario de la Defensa Pública, identificado con los apellidos Molina Araya, fue puesto a disposición de la Fiscalía luego de que agentes penitenciarios encontraran presuntas drogas en su vehículo, cuando intentaba ingresar a la cárcel de Pococí.

La institución detalló que, aparentemente, confiscaron, 9,15 gramos de picadura de marihuana, una pipa con restos de marihuana, gotas de LSD, una picadora con marihuana, un rollo de boletas para fabricar cigarrillos, dos máquinas para enrollar cigarrillos, un vaporizador y un frasco de vidrio con residuos de marihuana.

Causas asociadas a bandas criminales

Posteriormente, en junio también salieron a la luz varios casos que dejaron detenidos a 11 funcionarios judiciales, cinco oficiales de Tránsito, un policía penitenciario y cuatro funcionarios públicos de otras instituciones.

Uno de esos arrestos ocurrió el 20 de junio en Limón, donde cayó un juez penal de 32 años, de apellidos Mora Ramírez, por supuestamente almacenar droga en su casa y se indaga si difundió pornografía infantil.

Un día después, tres jueces y tres fiscales fueron detenidos por supuestamente dar privilegios al abogado y exjuez asesinado en febrero pasado, Luis Diego Ulloa Rodríguez, quien defendía a miembros de presuntas bandas criminales.

Entre los arrestados había dos jueces penales de La Unión, un fiscal de Narcotráfico de San José, un fiscal de Flagrancia de Goicoechea, una jueza de Tránsito de Desamparados y una funcionaria judicial. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los identificó con los apellidos Sánchez, de 44 años; Padilla, de 43 años; Darcia, de 30; Kikut, de 31; Ulloa, de 32, y Cabezas, de 33.

Luego, el 23 de junio, un policía penitenciario de apellidos González Orellana, fue descubierto mientras presuntamente intentaba introducir celulares, pastillas e incluso una cuchilla a la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

En el caso Madre Patria, en el que se detuvo a 35 personas por su presunto papel en un complejo entramado de fraude registral, se vieron salpicados cinco policías de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP), un juez de Desamparados, un técnico de archivo criminal, una técnica judicial del Juzgado de La Unión y un técnico de la Defensa Pública.

El año cerró con otra serie de arrestos por diferentes investigaciones. El 11 de diciembre, dos hombres, entre ellos un juez penal de apellidos Sandí Chaverri, fueron capturados en Limón porque, según el OIJ, el juez habría recibido $15.000 del otro sospechoso, un hombre de apellido Herrera, alias Banano, para liberarlo. Este hombre ya era investigado por infracción a la Ley de Psicotrópicos y por vínculos con la banda criminal liderada por Tonny Peña Russell, alias Tony.

Menos de una semana después, una funcionaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) fue detenida en La Trinidad de Moravia por su presunta colaboración con una banda narcotraficante. La mujer, de apellido Vargas y 41 años, se habría reunido con miembros del grupo criminal y les habría dado información confidencial.

Asimismo, este 16 de diciembre, el OIJ de Santa Cruz detuvo a un agente del OIJ de esa delegación, de apellido Guevara y de 46 años, quien al parecer les mentía a sus víctimas con que eran investigadas y les pedía dinero a cambio de alterar y cerrar los expedientes.

Finalmente, el 18 de diciembre, una técnica judicial de apellido Valverde y cuatro oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos en Acosta y San Gabriel de Aserrí, por presuntamente ayudarle a una organización criminal a lavar dinero obtenido del narco y a evitar ser sorprendidos por algún operativo en su contra. En varios allanamientos, fueron detenidos otros 16 supuestos miembros de la banda criminal.