Privatización bancaria camuflada
La intermediación financiera —banca, seguros, pensiones— es uno de los negocios más rentables porque los propietarios aportan una parte mínima de los recursos con los que hacen negocios.
Por ejemplo, en el caso de la intermediación bancaria, las regulaciones sobre suficiencia patrimonial permiten hacer préstamos por hasta 10 veces el aporte de capital de los dueños. Esos préstamos se financian principalmente con los recursos de los depositantes, a algunos de los cuales (cuentas corrientes) no se les reconoce ningún pago de intereses.
Cuanto más grande sea un banco, los costos promedio de la intermediación serán marcadamente menores. La existencia de fuertes economías de escala se origina, en primer lugar, en la distribución de altos costos de entrada y costos fijos entre más unidades monetarias intermediadas.
En segundo lugar —y más importante— los depositantes tienden a tener más confianza en un intermediario financiero grande y establecido que en uno pequeño, lo cual permite al primero captar a un menor costo financiero que al segundo.
La presencia de economías de escala explica la paulatina concentración del negocio en pocos grandes bancos (o aseguradoras o fondos de pensiones) en todo el mundo.
Un negocio sumamente rentable y concentrado en pocas entidades estuvo en manos del Estado costarricense hasta que la ideología privatizadora (respetable) y los intereses de sectores influyentes (no respetable) permitieron al sector privado participar.
No se vendió ningún ente estatal; simplemente se autorizó la operación de empresas privadas en el negocio. Peor aún, a mediados de los ochenta, el Banco Central otorgó financiamiento a los nuevos intermediarios bancarios privados a tasas de interés 4 puntos porcentuales inferiores a las que cobraba a los entes estatales.
Así, ni siquiera se obtuvieron ingresos para el fisco con una posible venta, al tiempo que el precio de mercado de estas empresas estatales se reducía.
Tales decisiones, a la par de la reorientación del Estado, que pasó de un paternalismo hacia el agro de subsistencia al apoyo al capital multinacional, y la ineficiencia en ejecutar los presupuestos destinados a la política social, quizá expliquen el deterioro en la distribución del ingreso.
Hoy el gobierno del presidente Chaves intenta dar pasos adicionales en ese proceso de privatización y posible concentración de la riqueza, de manera transparente, por medio de la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y, de manera camuflada, por medio de la eliminación de la garantía estatal que protege los depósitos en la banca nacionalizada.
La privatización del BCR poco contribuirá a la estabilización de la relación deuda/PIB, tal y como argumenta el gobierno.
El déficit primario, cuyo nivel es crítico para reducir esa relación, puede más bien elevarse cuando se venden empresas que generan ganancias.
El Ministerio de Hacienda tendrá que encontrar fondos para reponer los tributos y las cargas parafiscales que paga el BCR (a no ser que el plan contemple desfinanciar una parte del Estado social de derecho), lo que incrementará ese déficit.
Excepto que los propietarios que adquieran el banco compensen esos fondos con el impuesto sobre la renta, ¡un sueño de opio!
Si efectivamente la intención fuera reducir la deuda pública, el gobierno podría vender el BCR al Banco Nacional o a la CCSS a cambio de deuda interna en manos de esos entes, correspondiente al precio de venta.
Así, manteniendo el negocio en manos del Estado, se puede reducir la deuda interna que supuestamente justifica la decisión del gobierno. Si no hubiera ideología o intereses particulares detrás de la propuesta, esa sería la ruta que se debería tomar.
La propuesta para eliminar la garantía del Estado a los depósitos de la banca estatal es aún más grave en términos del debilitamiento de los bancos propiedad de los costarricenses.
Para comprender esta afirmación, primero, es necesario saber que el activo más importante de un intermediario financiero es la confianza, porque el comprador de un depósito, un seguro o una pensión entrega dinero contante y sonante a cambio de una promesa de devolución en la fecha de vencimiento, al momento de una contingencia o cuando se jubile, respectivamente.
Si confía en la solvencia del ente, entregará su dinero y en condiciones favorables para el intermediario. Si no confía, no lo entrega, o lo hace en condiciones onerosas para el ente. En este caso, los intermediarios tendrán que exigir tasas de interés o de rentabilidad elevadas cuando coloquen los fondos, lo cual afecta negativamente la tasa de inversión y el crecimiento económico.
Los bancos del Estado han contado con la confianza total de los costarricenses, gracias a la garantía de que si quiebran, el Estado se hará cargo de devolver los depósitos a los ahorrantes.
Por ello, aun ante crisis locales, como la de las financieras a finales de los ochenta, la del Banco Anglo en 1994 o las más recientes, como la del Crédito Agrícola, Coopeservidores o Desyfin, no se ha dado una estampida de depositantes que quieran retirar fondos ni del BN ni del BCR (por el contrario, los problemas en entes privados más bien han llenado las arcas de la banca pública).
Tampoco han tenido impacto en estos bancos las crisis financieras internacionales, a las que bancos reconocidos de las economías más desarrolladas del planeta solo sobrevivieron por la inyección de miles de millones de dólares del Estado.
Esa confianza ha dado una fuerte ventaja competitiva a los bancos del Estado, compensando las ineficiencias inevitables en relación con los bancos privados, derivadas de los procesos de compra y contratación, de las cargas parafiscales y del nombramiento de directivos casi siempre siguiendo criterios político-partidistas.
Ya van casi 30 años de la existencia de bancos privados con todas sus ventajas, y no han podido derrotar a la banca estatal. O esta es supereficiente o la garantía del Estado a sus depósitos es un activo tan importante que le ha permitido mantenerse como el actor más grande del sistema bancario nacional. Es lo segundo, y es lo que el gobierno quiere eliminar (y lo que tiene a los banqueros privados frotándose las manos).
Si esa decisión prospera, si se nivela la cancha en términos del activo confianza, la banca estatal no sobreviviría y todo este rentable negocio pasaría a manos de unos pocos empresarios nacionales y extranjeros, sin tener que pagar ni un colón.
O sea, por un lado, el gobierno defiende la venta del BCR como mecanismo para reducir la deuda pública, pero, por otro, hace una propuesta para eliminar la garantía del Estado que desvaloraría a cero activos estatales, eliminando así la posibilidad de al menos venderlos para mitigar esa deuda.
Ello revela que el verdadero argumento del gobierno para privatizar el BCR no es reducir la deuda pública, sino algo avieso que no puede revelar, pero que agudizaría el proceso de concentración de la riqueza y el ingreso, culpable de muchos de los problemas que enfrenta Costa Rica.
Al menos en el caso de la lamentable propuesta de privatización del BCR, el gobierno es transparente, pues lo comunica sin eufemismos.
Pero la privatización de hecho que resultaría de “la eliminación de la garantía estatal a los depósitos en la banca estatal” está camuflada en esa obtusa frase.
A la usanza de la política tradicional, que escondió sus decisiones sobre privatizar o cerrar instituciones con palabras engañosas como “racionalizar”, “reformar” el Estado o “movilidad laboral”, el gobierno intenta engatusar a casi toda Costa Rica con un lenguaje alejado años luz de la proclamada transparencia.
Solo en el marco de las enormes contradicciones conceptuales del presidente Chaves y sus acólitos, se puede comprender que, por un lado, quiera vender bancos estatales para reducir la deuda pública y, por otro, los quiera desvalorizar, o que un día ataque a las élites económicas y el otro ansíe entregarles la parte del negocio legal más rentable que hoy por hoy es propiedad de todos los costarricenses (incluida la señora de Purral y sus vecinas).
ottonsolis@ice.co.cr
Ottón Solís es economista.