Castilla y León alcanza con 45 entidades un Pacto por las Familias
La Junta de Castilla y León ha firmado este martes un Pacto por las Familias con un total de 45 entidades sociales con el propósito de avanzar hacia una «sociedad más justa» y un futuro «en el que nadie se quede atrás». En concreto, el acuerdo recoge 56 medidas en materias como la vivienda, el empleo, la educación y los servicios sociales. Así lo ha asegurado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha explicado que se trata de un «paso importante» con el que se busc a «blindar la protección» de las familias más vulnerables , pero también de las «de clase media» que en algún momento pueden atravesar «dificultades» por cuestiones laborales o de otro tipo. «Las familias con el corazón de la sociedad y el motor de nuestro futuro», ha defendido el presidente de la Junta, antes de anunciar que los firmantes se han comprometido a impulsar un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para la «activación social» de las personas, sobre todo de los hogares que tengan menores. Esta ayuda estará vinculada a la búsqueda de empleo y a la escolarización de los hijos . Además, se ha acordado que la Junta vuelva a reclamar al Gobierno central que le ceda la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), como ya ocurre en otras autonomías. En cuanto a la vivienda, ha subrayado que se «garantizará» las ayudas al alquiler aquellas personas cuyos ingresos anuales estén entre el 0,5 y 3 veces el IPREM y que se otorgarán un «criterio progresivo» para que las rentas más bajas puedan recibir mayor porcentaje. También el pacto establece que se vigilará que las viviendas cumplen con las «condiciones de habitabilidad» y que se incrementarán las plazas para el alojamiento de los colectivos vulnerables. Sobre el empleo , ha indicado que se mantendrán los itinerarios de inserción para el empleo y se buscará una «mejor coordinación» entre las áreas del Gobierno autonómico implicadas, así como con el Tercer Sector y las Empresas. Este será el año en el que se ponga en marcha la historia social única , ha anunciado, de manera que se agilizarán los procesos y el sistema será «aún más eficaz». Por parte de las 45 organizaciones sociales firmantes, Óscar Castro, de EAPN, ha asegurado que este pacto «no sólo es necesario» sino que es «urgente». Lo ha calificado, además, de «oportunidad histórica» para caminar hacia una «sociedad más justa e inclusiva» en un «momento decisivo». «De las crisis se pueden sacar momento de transformación y este es el ejemplo de hacer la necesidad acción» , ha subrayado. Es, además, una «herramienta de transformación social» y un «paso decisivo» que le brinda a Castilla y León la «oportunidad de liderar» y «construir» una sociedad «en la que nadie se quede atrás».