Los empresarios valencianos lamentan la decisión «más política que económica» del Sabadell

La decisión del Banco Sabadell de emprender el camino de vuelta y devolver su sede social a Cataluña, más de cinco años después, ha caído como un jarro de agua fría entre las instituciones y los sectores económicos de la Comunidad Valenciana. La entidad encontró refugio en Alicante , en octubre de 2017, ante la inestabilidad política provocada por el 'procés' independentista. Su marcha es una «mala» e «imprevisible» noticia , pese a que la compañía se ha comprometido ante la Generalitat a mantener los 1.160 puestos de trabajo, sus 211 oficinas y la fluidez del crédito para consumidores, autónomos, pymes e industrias de la región. Además, el Centro de Competencias Tecnológicas del banco seguirá ubicado en el polígono alicantino de Agua Amarga, en un edificio de la extinta CAM. No obstante, la región pierde un polo tractor de inversión y empleo en un momento clave para la recuperación tras la catastrófica dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. «Es evidente» que, en plena oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA y en una «situación de debilidad» , el Sabadell «ha decidido hacer algún gesto que otro a quien corresponda», ha aseverado este miércoles el presidente valenciano Carlos Mazón. De esta cuestión ha hablado, en los pasillos de Fitur, con su homólogo catalán, Salvador Illa. Tanto el Ejecutivo autonómico como la patronal han mostrado su rechazo absoluto a esta operación financiera, desde que se anunció en mayo, al considerar que restringiría la posibilidad de financiación de las empresas y mermaría la atención a la ciudadanía. Ante el descontento general, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha emplazado a la patronal autonómica y a la Cámara de Comercio de Alicante a mantener en breve un encuentro con empresarios para tranquilizarlos, ante un movimiento inesperado que todos respetan pero pocos entienden. A juicio del presidente de esta última entidad, Carlos Baño, es «una decisión más política que económica» que «puede deberse al pacto entre el PSOE y Junts en Suiza por los presupuestos generales del Estado, en un intento del actual gobierno catalán por recuperar su fortaleza y que esta entidad vuelva a cotizar en Cataluña». También responde, ha afirmado, a un «intento por salvarse de la OPA» del BBVA. En ese sentido, Baño ha recordado que el empresariado se volcó ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para «defender» los intereses de la compañía. En la misma línea, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha mostrado «defraudado y sorprendido» tras el «apoyo incondicional» que la entidad ha recibido por parte de los alicantinos. «Alguien del banco va a tener que dar explicaciones muy precisas de a qué obedece esta operación y cuáles son los intereses que están primando en estos momentos por encima de los clientes y de la plantilla del Sabadell», ha subrayado Barcala. Un aspecto, el del empleo, que es el que más preocupa a los sindicatos. Más diplomático ha sido el presidente de la Confederación Empresarial de la ComunidadValenciana (CEV) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Salvador Navarro. Pese a lamentar la «perdida significativa» que supone el cambio de sede social, lo considera «lógico» ante la normalización de la seguridad jurídica en Catalunya. Precisamente, sobre la posibilidad de que CaixaBank , que trasladó su sede a Valencia también en 2017, siga el ejemplo del Sabadell, ha apuntado que el objetivo de la CEV es que «no se vayan» y atraer inversión nacional y extranjera, pero la última palabra corresponde a las empresas. En ese caso concreto, CaixaBank ya ha aclarado que la decisión sobre su sede social «no está en revisión». «Tenemos territorio, posicionamiento, entidades, el puerto de referencia número uno del Mediterráneo y, por tanto, creemos que seguimos siendo, a pesar de la situación complicada por la dana, un territorio muy interesante para inversiones extranjeras y nacionales por cuestiones de compromiso y diálogo social, seguridad jurídica y posicionamiento estratégico», ha zanjado Navarro.