Filtraciones, opacidad y privilegios en el caso Allende
Los últimos antecedentes conocidos respecto a la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, en la calle Guardia Vieja de Providencia, vuelven a mostrar la complejidad del caso. No parece recomendable simplificar sus varias aristas, sino analizar cada una en su propio mérito.
Partamos por algo grave, independiente de cuál sea el caso y quién sea investigado: la filtración de la conversación telefónica entre Miguel Crispi y Claudia Serrano vuelve a mostrar a un Ministerio Público, en especial últimamente en investigaciones bajo la responsabilidad del fiscal Patricio Cooper, en que al menos no se evita que diligencias en curso lleguen a la opinión pública. Debería ser, por lo tanto, el primer y más notorio interesado en esclarecer el origen de las filtraciones. No se trata solo de un problema de procedimientos deficientes, pues instala la razonable sospecha de que hay móviles políticos en el conocimiento de ciertos detalles de las investigaciones en vez de otros, con lo que se erosiona la legitimidad de la institución encargada de sostener el principio de igualdad ante la ley. Naturalizar este tipo de acciones mediáticas gira hacia una justicia que ante los ojos de la ciudadanía deja de ser ciega y se convierte en un instrumento contingente, además de validar la intervención del Estado en la privacidad de las personas, algo que debería estar especialmente acotado por sus delicadas implicancias. Ambas son más propias de regímenes totalitarios que de democracias maduras.
Por otra parte, los antecedentes conocidos –que no podemos dar por sentados, pero que se deben investigar- contradicen de manera nítida la versión sostenida hasta ahora por la exsenadora Isabel Allende y por el propio Partido Socialista. Según esa narrativa, Allende habría sido solo una espectadora pasiva en el fallido intento de compra de la histórica casa de su padre, siendo la situación en que se encuentra más bien responsabilidad de los supuestamente incompetentes equipos del Gobierno. Sin embargo, las conversaciones filtradas mostrarían no solo conocimiento, sino también participación activa en el proceso. Esto, además de las consecuencias investigativas, pues como decía a nuestro medio el abogado Mauricio Daza podría dar indicios de tráfico de influencias, debe ser aclarado por el propio bien del prestigio de la exsenadora.
Finalmente, llama la atención la incomodidad, expresada en un silencio que dice más que lo que calla, con que el oficialismo ha recibido estos últimos antecedentes. Durante todo este proceso, ha sido notoria la perplejidad con que se ha enfrentado la investigación a una de sus dirigentas más emblemáticas. Pudiera ser indicio, solo podemos decirlo hipotéticamente, de una élite que llega a sentirse distinta y, por tanto, menos sujeta al escrutinio ciudadano que el resto de la población. Paradójicamente, ese eventual reflejo corporativo sería una contradicción con la herencia política igualitaria de Salvador Allende, quien planteó la idea de un Chile donde nadie, ni por su apellido ni por su cargo, estuviera en una situación de privilegio.