NYT: Así se armó el plan de Trump para deportar a venezolanos de EEUU a El Salvador
Mientras se dirigían a los periodistas en el Despacho Oval a mediados de abril, el presidente Donald Trump y su homólogo salvadoreño parecían actuar al unísono.
Estados Unidos acababa de deportar a más de 200 migrantes a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, y el presidente Nayib Bukele dijo que su país estaba ansioso por recibir a más. Se burló de la pregunta de un periodista sobre si liberaría a uno de los hombres que, según un juez federal, había sido deportado por error.
“Quiero decir, no nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país”, dijo Bukele.
Pero semanas antes, al aterrizar los tres aviones con los deportados, fue el presidente salvadoreño quien expresó discretamente su preocupación.
Como parte del acuerdo con el gobierno de Trump, Bukele había aceptado alojar en la prisión solo a lo que él denominó “delincuentes convictos”. Sin embargo, muchos de los venezolanos etiquetados como pandilleros y terroristas por el gobierno de Estados Unidos no habían sido juzgados.
Bukele quería garantías de Estados Unidos de que todos los que estaban encerrados en la prisión eran miembros del Tren de Aragua, la banda transnacional con raíces en Venezuela, según personas familiarizadas con la situación y documentos obtenidos por The New York Times.
El asunto era urgente, advirtió un alto funcionario de Estados Unidos a sus colegas poco después de las deportaciones, lo que desencadenó una carrera para conseguir cualquier prueba que pudieran presentar a los salvadoreños.
Las exigencias de Bukele de obtener más información sobre algunos de los deportados, que no se habían dado a conocer anteriormente, profundizan las dudas sobre si el gobierno de Trump evaluó adecuadamente a quienes envió a una prisión extranjera.
The New York Times ha reconstruido el relato más completo hasta la fecha del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador y las deportaciones del 15 de marzo a partir de documentos internos del gobierno, documentos judiciales y entrevistas con 22 personas familiarizadas con la operación o los recursos legales, muchas de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para evitar represalias.
Durante meses, los asesores de Trump habían trabajado para diseñar un nuevo sistema para deportar rápidamente a los migrantes a Centroamérica y Sudamérica, con poca o ninguna supervisión de los tribunales. La estrategia se basaba en utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII y tratar a los migrantes como ciudadanos de un país en guerra con Estados Unidos.
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