Trump duda del derecho al debido proceso constitucional para inmigrantes en EEUU y cuestiona la ley: "No lo sé"
Donald Trump vuelve a encender el debate sobre inmigración en Estados Unidos, esta vez cuestionando uno de los pilares legales más fundamentales: el derecho al debido proceso.
Durante una entrevista en el programa Meet the Press en NBC News, el presidente puso en duda que los inmigrantes estén protegidos por la Constitución de Estados Unidos, lanzando una afirmación que desató alertas en la comunidad extranjera en territorio estadounidense.
Trump cuestiona el derecho al debido proceso para inmigrantes en Estados Unidos
Durante una entrevista con NBC News, Donald Trump fue consultado sobre si los inmigrantes en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso según la Constitución. El mandatario respondió: "No lo sé. No soy abogado. No lo sé", mostrando dudas sobre una garantía constitucional establecida. La Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU establece que nadie será privado de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal, sin especificar la ciudadanía como requisito. Históricamente, la Corte Suprema ha reconocido que los no ciudadanos poseen ciertos derechos básicos bajo la Constitución.
Trump argumentó que otorgar el debido proceso a todos los inmigrantes podría resultar en millones de juicios, lo que, según él, obstaculizaría su objetivo de deportar rápidamente a personas que considera peligrosas. "Pero entonces tendríamos un millón, dos millones o tres millones de juicios. Tenemos miles de personas que son, algunos asesinos o traficantes de drogas, las peores personas en la Tierra", afirmó.
Propuesta de deportaciones masivas y uso de leyes controvertidas por parte de Trump
La administración Trump ha buscado implementar deportaciones masivas utilizando leyes como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, originalmente diseñada para tiempos de guerra. Esta estrategia ha sido criticada por expertos legales y ha enfrentado desafíos en los tribunales. Recientemente, un juez federal dictaminó que el uso de esta ley para deportar inmigrantes venezolanos era ilegal, argumentando que excedía la autoridad presidencial y violaba derechos constitucionales.
Además, la Corte Suprema ha intervenido en casos donde se cuestiona la legalidad de las deportaciones rápidas sin debido proceso, destacando la importancia de garantizar los derechos constitucionales incluso en políticas migratorias.