Ley firmada por Gavin Newsom en California permite detener a personas sin haber cometido un crimen
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó hace poco la Ley SB 43, una reforma importante que amplía los criterios para la detención involuntaria en el estado. Esta ley permite que las personas que padecen trastornos mentales o de consumo de sustancias sean detenidas sin necesidad de haber cometido un delito, lo que ha generado tanto apoyo como controversia. Los críticos advierten que la reforma podría llevar a un aumento de las detenciones sin el debido proceso, mientras que los defensores la consideran una medida necesaria para abordar la creciente crisis de salud mental y consumo de sustancias en el estado.
La Ley SB 43 modifica aspectos fundamentales de la Ley Lanterman-Petris-Short (LPS), que regula la detención involuntaria en California. La reforma introduce una ampliación de la definición de "grave discapacidad", permitiendo la detención de personas que, debido a trastornos mentales o por consumo de sustancias, no pueden proveer para su seguridad o cuidado. Esta medida es parte de un esfuerzo por mejorar el acceso al tratamiento y reducir la crisis de salud mental que afecta a miles de residentes en California.
¿Qué ley firmada por Gavin Newsom en California permite detener a personas sin haber cometido un crimen?
La Ley SB 43 de California, firmada por Gavin Newsom en 2023, permite la detención involuntaria de personas que sufren de trastornos mentales graves o abuso de sustancias, aunque no hayan cometido un crimen. Esta reforma de salud mental amplía la Ley Lanterman-Petris-Short (LPS), que ya permitía la detención involuntaria, pero solo para quienes no podían proveer para su propia seguridad debido a trastornos mentales.
Con la nueva ley, la definición de "grave discapacidad" se amplía para incluir también a las personas con trastornos por consumo de sustancias. De acuerdo con la ley, quienes presenten un riesgo significativo para sí mismos o para los demás debido a su incapacidad para tomar decisiones relacionadas con su tratamiento o seguridad pueden ser detenidos y recibir atención médica sin necesidad de haber cometido un crimen.
Esta reforma ha sido recibida con opiniones divididas: mientras algunos ven la medida como una herramienta vital para abordar la crisis de salud mental en California, otros advierten que podría resultar en la detención innecesaria de personas, infringiendo sus derechos civiles.
California: ¿cómo cambian las detenciones con la ley firmada por Gavin Newsom?
La Ley SB 43 modifica el proceso de detención involuntaria en California, extendiendo las circunstancias bajo las cuales las autoridades pueden intervenir. Bajo esta reforma, una persona que sufra de un trastorno mental grave o que esté gravemente afectada por el consumo de sustancias puede ser detenida involuntariamente si no puede proporcionarse cuidado o atención médica, aunque no haya cometido un crimen. Esto significa que las personas pueden ser detenidas por su bienestar sin que exista un delito previo.
Antes de la ley, la Ley LPS permitía la detención involuntaria solo cuando una persona presentaba un peligro inminente para sí misma o para otros debido a una enfermedad mental. Ahora, con la Ley SB 43, esta capacidad de intervención se extiende a aquellos con trastornos por abuso de sustancias, sin necesidad de una acción criminal previa. Esta ampliación busca reducir la crisis de salud mental y consumo de sustancias en el estado, proporcionando un mecanismo de intervención más ágil y accesible.
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Impacto de la ley SB 43 en California
La Ley SB 43 tiene un impacto significativo en el sistema de salud mental en California, particularmente en lo que respecta a la detención involuntaria y la tutela de personas con trastornos mentales graves y problemas de abuso de sustancias. Esta reforma permite un tratamiento involuntario más amplio, lo que puede ser visto como una medida para proteger a personas que no tienen la capacidad de cuidar de sí mismas. Sin embargo, su aplicación también ha generado preocupaciones sobre el posible abuso de estas detenciones y la violación de derechos civiles.
Además, la ley exige a los condados que recopilen y reporten datos sobre las detenciones involuntarias, lo que podría proporcionar mayor transparencia sobre cómo se está utilizando esta nueva facultad. Sin embargo, los críticos de la ley señalan que no existen suficientes recursos para garantizar un trato adecuado para las personas detenidas bajo estas nuevas disposiciones, lo que podría resultar en un aumento en las detenciones sin el seguimiento necesario.