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Malas noticias para inmigrantes en EEUU: Trump solicita a la Corte Suprema reactivar deportaciones de venezolanos en este estado

El gobierno de Donald Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos reactivar las deportaciones de aproximadamente 200 inmigrantes venezolanos en Texas. Según CNN, se les acusa de formar parte de organizaciones criminales, principalmente del Tren de Aragua.

Según los documentos judiciales, los detenidos, originarios de Venezuela, fueron custodiados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tras ser considerados un riesgo para la seguridad pública.

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Trump solicita reanudar deportaciones de inmigrantes venezolanos en Texas

De acuerdo con CNN, la solicitud fue presentada por John Sauer, procurador general del Departamento de Justicia. En el documento se declaró que 176 inmigrantes venezolanos permanecen detenidos y que algunos de ellos habrían estado relacionados con el Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

Además, el informe judicial detalla que en el Centro de Detención Bluebonnet, ubicado en Anson, Texas, se registró un incidente en el que 23 inmigrantes se atrincheraron en una unidad habitacional. Durante horas, los detenidos habrían amenazado con tomar rehenes y causar daños a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades trasladaron posteriormente a los involucrados a otra instalación dentro del mismo estado.

Sauer indicó en su petición que "el traslado de estos prisioneros a otras instalaciones crea riesgos constantes de reclutamiento en prisiones y la expansión de las actividades de la pandilla Tren de Aragua dentro de Estados Unidos".

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¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros en Estados Unidos?

La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgado en siglo XVIII y permite al gobierno de Estados Unidos deportar a ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra. Ahora, la administración de Donald Trump la ha invocado argumentando preocupaciones de seguridad nacional.

El pasado mes, la Corte Suprema había prohibido de manera temporal al gobierno utilizar esta norma para agilizar las deportaciones de inmigrantes, exigiendo garantizar el derecho de los afectados a ser notificados y a presentar objeciones legales.

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