Trump, ICE y DHS se unen para deportar inmigrantes en 60 días con 20.000 agentes migratorios en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reactivado su agenda migratoria con un anuncio que ha generado gran controversia. Bajo el nombre de Proyecto de Regreso a Casa, la propuesta busca llevar a cabo deportaciones masivas en solo 60 días, una de las campañas migratorias más agresivas en la historia reciente.
El plan contempla la expansión de ICE en Estados Unidos, mediante la contratación de al menos 20.000 nuevos agentes migratorios y la colaboración activa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según fuentes cercanas al equipo de campaña de Trump, el proyecto busca frenar lo que describen como un “descontrol en la frontera” y restablecer el control migratorio.
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¿Qué es el Proyecto de Regreso a Casa para inmigrantes en Estados Unidos?
El Proyecto de Regreso a Casa es una iniciativa migratoria federal que contempla dos opciones para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La primera opción ofrece la posibilidad de salir voluntariamente del país con asistencia financiera federal para facilitar su repatriación. La segunda opción es enfrentar un proceso de deportación forzada a través de los mecanismos legales establecidos.
Esta medida forma parte de lo que Donald Trump ha calificado como un esfuerzo para “restaurar la seguridad nacional y la integridad fronteriza”. Aunque el plan ha sido anunciado, aún no se ha definido un calendario oficial ni los detalles sobre su implementación.
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ICE y DHS apoyan plan de deportaciones masivas de Donald Trump
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el DHS han recibido instrucciones para apoyar el plan de deportaciones de Donald Trump. La estrategia incluye la participación de cuerpos policiales locales y estatales para acelerar los procedimientos migratorios.
La expansión de ICE en Estados Unidos también contempla la reasignación de agentes que actualmente desempeñan funciones en agencias locales, una decisión que ya ha provocado tensiones en algunas ciudades santuario, conocidas por su resistencia a colaborar con las autoridades migratorias federales.
El plan también ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre el posible impacto en comunidades migrantes y sobre la capacidad de ICE para gestionar adecuadamente la seguridad y los derechos de los detenidos.