La Xunta autoriza a La Coruña a limitar los precios de los alquileres

La Coruña se convirtió ayer oficialmente en el primer ayuntamiento gallego en contar con la declaración de mercado residencial tensionado , acogiéndose de esta forma a la ley de vivienda estatal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras solicitar la declaración ante el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y añadir, posteriormente, la documentación pendiente en la solicitud inicial, la Xunta confirmó ayer la adecuación de La Coruña para acogerse a esta normativa, que incluye medidas como limitar el aumento de los precios del alquiler o la protección de los inquilinos vulnerables frente a los impagos. A pesar de las acusaciones de «torpedeo» por parte de la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, el procedimiento se produjo en 13 días, cuando el plazo máximo es de seis meses. Si bien la Xunta mostró su oposición en todo momento contra la ley de vivienda, también aseguró que no impediría su aplicación en los municipios que cumplan con los requisitos y decidan acogerse. « Frente al intervencionismo hay que darle seguridad jurídica al propietario », defiende el Ejecutivo autonómico según recogió Ep. «No va a solucionar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad de La Coruña, de la misma manera que agravó estos problemas en los demás lugares en los que se implantó», añaden. Se trata pues del primer ayuntamiento gallego y el primero en una comunidad autónoma gobernada por el PP que se declara zona tensionada. Hasta el momento, únicamente Cataluña y País Vasco y Navarra se han acogido a esta medida, y a pesar de que en un principio se consigue contener la subida de precios común en toda España, el resultado final es la destrucción de oferta , reduciendo el número de viviendas disponibles, lo que se repercute posteriormente en el precio de acceso para la ciudadanía. De hecho, el pasado 18 de mayo la ley cumplió dos años en vigor , y el resultado del primer ejercicio no resultó en una reducción de precios de compra o alquiler, si no en que aproximadamente 120.000 inmuebles desapareciesen del mercado por la inseguridad jurídica, tal y como advirtieron desde el sector inmobiliario desde 2023. Una realidad que contrasta con el optimismo de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que agradeció a la alcaldesa de La Coruña su liderazgo y compromiso. «Ante la evidencia de que la Ley de Vivienda funciona, confío en que la declaración de zonas tensionadas se amplíe a otras Comunidades Autónomas», publicó en su cuenta de X. Para poder declararse zona de mercado residencial tensionado, de acuerdo a la ley de vivienda, la ciudad o municipio en cuestión d ebe cumplir con dos requisitos . En primer lugar, que el coste de la hipoteca o alquiler y los gastos derivados de la vivienda superen el 30% de la renta del hogar y, en segundo lugar, que el precio de compra o alquiler experimentase, en los últimos cinco años, un crecimiento superior al 3% del IPC. Unos factores que se cumplen en el 50% de los distritos de La Coruña, que suponen un 70% de las secciones censales. Además de establecer un límite al aumento de los alquileres ajeno al IPC, con un índice de referencia elaborado por el Gobierno, se establecen p enalizaciones para los propietarios de viviendas vacías y dilata los procedimientos de desahucio en caso de que la unidad familiar tenga miembros vulnerables.