Exresponsables de protección a la infancia en Cataluña justifican las contrataciones de emergencia por el aumento de llegadas de menores extranjeros

Quien fue máximo responsable de la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) entre enero de 2016 y agosto de 2017, Ricard Calvo, ha asegurado este miércoles que las prórrogas no formalizadas y los contratos de emergencias en este organismo de la Generalitat, irregularidades que recoge la Sindicatura de Cuentas en su informe de 2024, eran legales y «necesarios». También el exconsejero de Asuntos Sociales Chakir el Homrani ha justificado los contratos por la vía de emergencia , entre 2016 y 2020, como obligación «legal y ética», ante el aumento de llegadas de menores extranjeros . Así lo han explicado ambos durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales del Parlament, en la que Calvo ha asegurado que cuando accedió al cargo, en enero de 2016, el sistema estaba «tensionado y sobreocupado» debido a una reducción de plazas y a una falta de disponibilidad presupuestaria para nuevas contrataciones. Ha indicado así que estas obedecieron al aumento de menores no acompañados en Cataluña (684 en 2016; 1.489 en 2017 y 2.659 en 2018) por lo que considera que fueron servicios «necesarios, imprescindibles y de obligatoria prestación», y que se utilizaron las formas legales disponibles y se informó debidamente al Govern. Por su parte, El Homrani ha apuntando que ni el sistema ni las entidades estaban preparadas ante el aumento de la llegada de menores extranjeros, ni la aplicación del 155 ni la pandemia del Covid-19, y que se hizo un trabajo «titánico» al respecto. «El sistema de políticas de infancia siempre debe evolucionar, siempre tiene retos que lograr, siempre debe mejorar. Trata una de las realidades más complejas que nos podemos encontrar. Y cuando falla, o cuando no actúa, la brutalidad de las consecuencias nos hace encogernos», ha manifestado. Su comparecencia llega después de que una petición de cárcel de la Fiscalía para el líder de una red de pederastia, entre cuyas víctimas se encontraba una menor tutelada , generase gran revuelo sobre el funcionamiento del organismo de protección a la infancia en Cataluña. Todo ello, después de que en marzo el actual Govern relevase a sus máximos responsables bajo el pretexto de «darle un nuevo impulso». Lo cierto es que la Oficina Antifraude alertó, ya el año pasado, de posibles irregularidades en la gestión de contratos por la vía de emergencia. También, en su informe de 2024, la Sindicatura de Cuentas detectó mala praxis en su gestión entre 2016 y 2020, ya que durante el citado periodo, el organismo contrató 154 centros por el procedimiento de emergencia «sin que se diesen los motivos recogidos en las leyes de contratos para hacerlo». En cifras, tanto la Dgaia como el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (Cssbcn) tramitaron gasto por 94,99 millones de euros y 19,59 millones, respectivamente, mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito. De hecho, recoge la Sindicatura, el consorcio pagó gastos por 12,57 millones «sin ningún amparo formal para hacerlo». Algo que ahora niegan quienes fueron sus máximos responsables.