Policías y guardias civiles se alían bajo una plataforma para frenar la «cesión ilegal» de competencias en Cataluña

Asociaciones de guardias civiles y sindicatos de policías se han aliado bajo una plataforma conjunta para frenar la «cesión ilegal» de competencias en Cataluña , tras el acuerdo entre el Ejecutivo socialista y Junts para traspasar inmigración y fronteras a los Mossos d'Esquadra; aún por concretarse. Por este motivo, a través de un comunicado conjunto, han convocado una concentración ante la sede Delegación del Gobierno, en la capital catalana, este viernes, 30 de mayo, a mediodía. Denuncian así, de manera unitaria, que el acuerdo registrado el pasado marzo en el Congreso, que propone una ley orgánica para delegar competencias representa un ataque, no sólo al marco constitucional, sino también al Estatuto de autonomía de Cataluña y al sistema nacional de seguridad pública . Policías y guardias sostienen que las funciones que se pretenden transferir « vulneran frontalmente la Constitución Española , la Ley Orgánica de las fuerzas de seguridad del Estado y las propias competencias de los Mossos». La plataforma, 'PN GC SOS Cataluña', reprocha además el « silencio institucional denigrante y ofensivo » ya que, desde hace más de seis meses, tanto sindicatos como asociaciones han solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, de quien todavía esperan respuesta. Al respecto, la portavoz de Jucil en Cataluña, Milagros Cívico, explica a ABC, en nombre de todos sus integrantes, que consideran la actitud de Prieto una «falta de respeto total y absoluta» ante una decisión, la cesión de competencias, que supone un paso más para el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña . Recuerda así Cívico que el reclamo de guardias y policías es que se proteja la permanencia de ambos Cuerpos en la comunidad. Además de Jucil, entre los integrantes de la plataforma está también Jupol, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión de Oficiales. Respecto a la inviabilidad del acuerdo entre Junts y el PSOE, asociaciones y sindicatos apuntan que la Constitución recoge que es el Estado el que ostenta la competencia exclusiva en materia de inmigración , extranjería, nacionalidad y asilo. Y, si bien permite la delegación mediante ley orgánica, esta no puede afectar al núcleo esencial de competencias estatales exclusivas, ni desnaturalizar la soberanía nacional. Consideran que este es el caso, por invasión de competencias exclusivas del Estado y la «amenaza de la unidad constitucional». También recuerdan que el Estatut «reconoce únicamente funciones de colaboración de la Generalitat en política de inmigración, sin otorgar competencias ejecutivas plenas en documentación, expulsiones, control de fronteras o gestión de CIEs». En lo que respecta a la ley de las fuerzas y cuerpos de seguridad, asigna funciones exclusivas a Policía Nacional y Guardia Civil, entre estas, la custodia de fronteras, puertos y aeropuertos y la documentación de ciudadanos extranjeros, así como la ejecución de expulsiones. «Los Mossos d'Esquadra no pueden asumir estas competencias sin que ello suponga una infracción legal directa », reza el comunicado conjunto, en el que concluyen que la Generalitat «puede gestionar acogida, formación e inserción, pero no puede decidir quién entra, sale o se queda en Cataluña». La conclusión de los funcionarios es que el acuerdo para ceder competencias « desnaturaliza el modelo único de seguridad del Estado y crea una ruptura operativa y legal que compromete incluso la colaboración internacional con Europol, Interpol y Frontex». Advierten asimismo que «colocaría en una ilegalidad jurídica» a España y a la propia Generalitat «ante cualquier actuación de los Mossos en materia de inmigración, dada la inconstitucionalidad y contrariedad del derecho la Unión Europea». Por este motivo, han convocado una primera protesta este viernes, para «defender la legalidad constitucional y la permanencia del Estado en Cataluña». Exigen así la paralización del trámite legislativo, una reunión inmediata con Prieto, y el refuerzo de operativos en Cataluña de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña.