Nathalie Castillo pide inhabilitación de Jean Pierre Matus en Caso Dominga por “respeto a la transparencia del proceso”

La situación del megaproyecto minero Dominga continúa dando qué hablar. Lo anterior, luego de que el Ejecutivo recurriera al Tribunal Constitucional (TC) tras el fallo del Primer Tribunal Ambiental, y que el pasado 17 de febrero ordenó a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental dictar una nueva resolución que diera cumplimiento incidental de la sentencia dada en diciembre pasado, donde se acogía de forma unánime la reclamación presentada por la empresa Andes Iron en contra de la resolución adoptada en 2023 por el Comité de Ministros, que calificó desfavorablemente la iniciativa.

Algo que se suma a una nueva arista que tiene que ver con una recusación interpuesta por varias organizaciones sociales y medioambientales en contra del ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, aduciendo el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como causal de inhabilidad las relaciones de amistad entre un juez con alguna de las partes.

Acción presentada luego de que el 20 de mayo se conociera que la Tercera Sala ya estaba “en acuerdo” respecto de si admitir o no los recursos de casación presentados por el Gobierno, la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. Recursos que buscan que la Corte Suprema anule la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que declaró ilegal el rechazo unánime entregado al proyecto Dominga por el Comité de Ministros en 2023, ordenándole una nueva votación.

“Este recurso está en acuerdo, y será Matus el redactor de la sentencia”, explicó la diputada del Partido Comunista por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo. En la historia que tiene este proyecto, y según consta en el listado de las inhabilidades declaradas por la Corte Suprema, el juez Matus tiene declarada la causal de inhabilidad con uno de los abogados que formaron parte como gestores de intereses del proyecto Dominga, y que es Marcelo Castillo, quien ha representado en alguna oportunidad a los pescadores artesanales de un sector de La Higuera, Totoralillo Norte, en enero del 2023″, contextualizó la parlamentaria.

“Después, este abogado renuncia a la representación de este sindicato de trabajadores independientes cuando el caso pasa a la Suprema. No me hago cargo, pero sí creo que puede haber sido por la inhabilidad que el mismo Matus dio a conocer. Y obviamente realiza otras acciones paralelas, como la querella contra la ministra del Medioambiente, imputándole delitos de desacato y falsificación de instrumentos públicos”, sumó Castillo entre los antecedentes.

Por eso, la diputada manifestó su preocupación ante la urgencia de que “en este proceso, donde están tan delicadas las posiciones, el ministro Matus, como redactor de la sentencia, pueda eximirse. Al menos es un hecho de preocupación para mí, en mi posición de diputada, el hecho no solo de que llevamos años trabajando junto a las comunidades en la negativa a un proyecto de estas características en nuestra región, sino también el respeto a la transparencia del proceso”.

Sobre la decisión del TC de dejar “en acuerdo” el fallo de Dominga por contienda de competencias, la autoridad contextualizó que “ya existe una definición del Tribunal Constitucional, que tiene como objetivo decidir si el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta invadió las atribuciones del Comité de Ministros al ordenar una cuarta votación. Recordemos que solo hay tres respecto de Dominga, y es ahí donde el Servicio de Evaluación Ambiental, que representaría en este caso al Comité de Ministros y Ministras, solicita aclarar cuáles son las competencias que tiene cada organismo”.

“Ese acuerdo es el que no conocemos hoy. Lo que esperamos es que el ministro pueda redactarlo en función de la ecuanimidad o el balance de fuerzas de poder en relación a algo tan sensible como es un proyecto súper grande, mega portuario, que tiene a la comunidad dividida. Hay una necesidad de conocer si existe o no anulación de lo que ya ha planteado la Corte Suprema en relación al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que declaró ilegal el rechazo unánime en el año 2023 de los ministros y ministras, ordenándole una nueva votación”, sumó.

En esa misma línea, Castillo igualmente recalcó el impacto que ha tenido esta discusión en las y los habitantes de la zona: “Me preocupa mucho el daño social que han realizado en la comuna de La Higuera entre personas de la misma comunidad, quienes están a favor o quienes están en contra de esta iniciativa. Es irreparable y lamentable, y por eso creemos, confiamos y esperamos que se realicen los diversos anuncios que dio el Presidente de la República, el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, sobre avanzar en un plan La Higera para potenciar diversas estrategias económicas y de inversión pública, con obras civiles, por ejemplo, o con el potenciamiento y fortalecimiento del turismo y otras áreas más, como un parque tecnológico y de innovación científica, con el propósito de generar empleabilidad”.

“Es una zona con mucha escasez y con muy bajos índices de empleo. Así, podremos prescindir de que la minera Dominga sea la que va a entregar el trabajo que esa comuna requiere. Hay una posición clara del Gobierno de ‘No a Dominga’, pero también el tiene que, al menos en el corto plazo, comenzar a trabajar en este plan anunciado”, añadió la parlamentaria.

Por último, recalcó que esperan que “cese el trámite judicial y la judicialización que existe con Dominga, que Andes Iron y todos quienes lo representan, que son la familia Piñera, Délano y otros inversionistas, entiendan que no todo se puede hacer como ellos creen, especialmente cuando hay comunidades que por diez años hemos visto que dicen un no rotundo a que se puedan instalar ahí empresas que vayan a generar deterioro socioambiental”.