Gobierno de Trump y DHS confirman el fin tan esperado de este polémico programa de vigilancia que alegra a todos en EEUU
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en colaboración con el gobierno de Trump, hizo público la cancelación del programa de vigilancia más criticada por los ciudadanos. Las autoridades mencionaron su elevado gasto anual de US$200 millones y su falta de eficacia para evitar amenazas y posibles abusos durante la gestión de Biden.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, solicitó un estudio del Congreso. El programa había recibido años de críticas por su dudosa legalidad y el mal uso de recursos.
¿Qué programa de vigilancia fue eliminado por el gobierno de Trump y el DHS?
El programa Quiet Skies, establecido desde 2010, tenía como objetivo supervisar de manera discreta a los pasajeros en vuelos tanto nacionales como internacionales con el propósito de identificar conductas sospechosas. No obstante, su operación se basaba en listas de vigilancia poco transparentes y en exenciones concedidas a ciertos grupos privilegiados.
El DHS justificó su anulación sosteniendo que el programa se desvió de su objetivo inicial y se empleó como instrumento político para sancionar a los opositores y proteger a aliados de gran influencia. Entre los beneficiados, según el informe oficial, se encontraban integrantes de la élite política, celebridades y periodistas, lo que provocó aún más polémica acerca de su legitimidad.
¿Qué críticas específicas ha recibido el programa Quiet Skies desde su implementación?
Desde sus comienzos, Quiet Skies ha recibido críticas de entidades como la ACLU, quienes denunciaron la ausencia de claridad en los estándares de vigilancia y seguimiento de ciudadanos sin indicios de delito. En el año 2018, la ACLU demandó que la TSA divulgara los registros del programa. Casos específicos intensificaron el debate público.
Uno fue el caso del abogado William Shaheen, esposo de la senadora Jeanne Shaheen, que fue eliminado de la lista después de realizar gestiones ante la TSA. Un caso más fue el de la ex congresista Tulsi Gabbard, que fue incluida en una categoría especial del programa sin una razón evidente. Estos casos incrementaron las incertidumbres respecto al alcance y la legitimidad del programa.
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