Castilla-La Mancha exige con «carácter inmediato» un fondo transitorio mientras se negocia el nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado este jueves, en el marco de la XXVIII Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, la aprobación «con carácter inmediato» de un fondo transitorio que compense a las comunidades «objetivamente infrafinanciadas» —como Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha— mientras no se negocie un nuevo sistema de financiación autonómica. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que Castilla-La Mancha recibe una financiación que «no se parece en nada a la media» y que la región asume un «sobreesfuerzo» para garantizar servicios esenciales como sanidad, educación o atención social. Lamentó que la reforma del sistema no haya sido abordada como tema principal en la reunión, pese a que el actual modelo lleva «más de diez años caducado» y genera «tensiones financieras» en muchas comunidades. Ruiz Molina ha reclamado que se corrijan los desequilibrios actuales —con diferencias de más del 30 % entre comunidades— mediante una financiación igualitaria «por habitante ajustado y en función del coste real de los servicios». El Gobierno regional ha expresado también su oposición a un modelo de financiación singular para Cataluña. «Todos tenemos singularidades», ha señalado Ruiz Molina, quien ha defendido que cualquier reforma se discuta en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con representación de todas las autonomías. Castilla-La Mancha también ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para la condonación parcial de deuda, cifrada en 5.000 millones de euros, aunque insiste en que «la reestructuración no sustituye al nuevo modelo de financiación». El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha aprovechado la Conferencia para recordar las propuestas de Castilla-La Mancha en materia de vivienda, centradas en fomentar la oferta y combatir la ocupación ilegal. Ha citado el Decálogo regional y ha subrayado que la comunidad fue pionera en presentar una proposición de ley contra la ocupación, que ha sido atendida con la aprobación de la Ley 1/2025. Hernando ha reivindicado el enfoque «pragmático, sin telarañas ideológicas ni prejuicios» del Gobierno castellano-manchego y ha lamentado la falta de concreción en anteriores reuniones como la Conferencia de Santander. También ha valorado la propuesta estatal de elevar la inversión en vivienda hasta los 7.000 millones, pero ha advertido que el reparto de gasto propuesto —40% comunidades, 60% Estado— no se ajusta al modelo europeo de cofinanciación FEDER, que establece un 15/85 en favor de las regiones. En el ámbito educativo, el consejero Amador Pastor ha solicitado financiación específica para cumplir con los estándares de calidad que establece la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). «Si queremos alcanzar el 1% del PIB en inversión universitaria, necesitamos apoyo estatal», ha afirmado. Pastor también ha reclamado fondos para sostener la expansión de la Formación Profesional derivada de los cambios normativos, así como para avanzar en la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil. En este último punto, ha agradecido los avances en creación de plazas, pero ha advertido de la necesidad de asegurar su mantenimiento a medio y largo plazo.