Alemania: ¿Es posible prohibir al partido de ultraderecha AfD?
Iniciar el proceso para que se prohíba al partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD). Eso es lo que están considerando algunos políticos alemanes en este momento, semanas después de que la Oficina Federal de Protección de la Constitución haya calificado a la AfD como movimiento “extremista de derecha”.
La decisión del servicio de inteligencia interno del país fue dada a conocer el pasado 2 de mayo. Sin embargo, luego de que la propia AfD apelará esta definición en un tribunal administrativo, la Oficina Federal decidió suspender temporalmente la calificación, esperando la respuesta del poder judicial.
De todas maneras, el debate ya se instaló entre los principales actores políticos alemanes.
El proceso de prohibición de partidos está normado en la Constitución del país europeo, donde se estipula que las colectividades que “busquen socavar o abolir el orden democrático, o poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana, serán inconstitucionales”.
En el mismo artículo de la carta magna, se define que el único organismo capaz de prohibir partidos políticos es el Tribunal Constitucional Federal, que a su vez, debe recibir una solicitud formal de parte del Bundestag (Cámara Baja del Parlamento), el Bundesrat (Cámara Alta) o el gobierno federal.
Se trata, entonces, de una discusión política, en la que los distintos partidos, desde la CDU del canciller Friedrich Merz hasta La Izquierda, deberían tratar de coincidir; pero también de una legal, sobre si se cumple o no con ciertos requisitos.
En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF): una organización de la sociedad civil alemana, que en español se llamaría “Sociedad por los derechos civiles” y que tiene entre sus principales proyectos un estudio meticuloso para responder a la pregunta: ¿La AfD es inconstitucional?
Jonas Deyda, representante de GFF, afirmó que se embarcaron en esta investigación porque la interrogante sobre la legalidad de la AfD lleva al menos dos años en la esfera pública, “pero pensamos que al debate le falta un examen jurídico profundo”. “Pese a que hay algunos informes, artículos periodísticos y opiniones breves de expertos, queremos ir un paso más allá y escribir algo así como una gran opinión legal sobre el tema”, detalló.
Deyda aseguró que el principal motivo para sospechar de la AfD es por “la comprensión racista y étnica” que tiene del pueblo alemán, pero que más allá de eso, para que el partido sea declarado inconstitucional, se deben cumplir con varias condiciones. Lo primero es comprobar que el partido atenta contra la dignidad humana, el principio de la democracia o el estado de derecho.
De acuerdo al abogado, “lo más importante en el caso contra la AfD es la pregunta sobre la dignidad humana y gran parte del informe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución se enfoca en eso, pero tambien hay dudas sobre el principio de la democracia y en menor medida sobre el estado de derecho”.
El principio de la democracia, explicó Deyda, “asegura la participación de todos los ciudadanos en las decisiones políticas, así que si la AfD apunta a la exclusión de algunos ciudadanos de la toma de decisiones políticas, eso sería inconstitucional”, advirtió.
El representante de la GFF agregó que el otro requerimiento para que se declare inconstitucional a la AfD es si este partido “toma medidas estratégicas” para concretar sus ideas, por ejemplo, en contra de la comunidad musulmana.
“O sea, no basta con que esto quede en palabras. Deben poner en práctica un plan y además, deben tener la posibilidad o potencialidad de tener éxito”, añadió.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caida del regimen nazi, en Alemania se han prohibido dos partidos: el Partido Socialista del Reich en 1952 y el Partido Comunista Stalinista en 1956. En 2001 y 2017 también se intentó prohibir al Partido Nacional Demócrata de Alemania (NPD). Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal argumentó que aún cuando la tienda de ultraderecha perseguía objetivos anti constitucionales, no tenía opciones reales de llevarlos a cabo. Según Deyda, eso es distinto en el caso de la AfD.
“La potencialidad de concretar los planes es una pregunta legal relevante en el caso del NPD, pero no es difícil en el caso de la AfD, porque la AfD es el partido más fuerte en algunas regiones, porque tienen bastante influencia en la discusión política e incluso partidos en el Bundestag han votado junto a la AfD. La potencialidad no es una pregunta difícil si hablamos de la AfD, estos casos son muy distintos”, recalcó.
La decisión política
Consultados sobre la posible prohibición de la AfD, expertos consultados por Radio y Diario Universidad de Chile tuvieron opiniones dispares. La politóloga, Carolina Tobo Tobo, instó a que el resto de los partidos haga la solicitud al Tribunal Constitucional Federal, apuntando al peligro que representa Alternativa para Alemania.
“Sería realmente en contra de todo el legado histórico alemán decir: ‘No hacemos nada, nos cruzamos de brazos’”, opinó.
En contraste, los periodistas especializados en ultraderecha, Olaf Sundermeyer y Michael Götschenberg observaron que, aunque se prohíba a la AfD, eso no cambia el hecho de que hay un 20% de la población alemana que los apoya.
“Puedes prohibir un partido, pero no puedes prohibir a su electorado. Si ilegalizamos el partido, ¿qué harán estas personas?”, cuestionó Sundermeyer.
Requerido sobre esto, Jonas Deyda, de GFF, recalcó que incluso si su estudio llega a la conclusión de que la AfD es anti constitucional, “aún así habrá una pregunta política, sobre si el partido debe ser prohibido”.
“Los políticos, el parlamento, el gobierno, aún tendrán que discutir si es que tomar ese paso es la decisión correcta”, enfatizó.
En esa misma línea, el abogado afirmó que en su investigacion, la GFF solo responderá a las preguntas legales y no abordará los pros y contras de la determinación política. “Creo que hay buenos argumentos en favor de la prohibición de un partido peligroso, pero también hay buenos argumentos sobre el gran riesgo de hacer un procedimiento de ese tipo. Creo que las dos posiciones se beneficiarán de nuestro estudio”, cerró.