PSOE, Vox, Podemos e Igea sacan adelante la nueva Ley de Publicidad Institucional

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles la nueva Ley de Publicidad Institucional gracias a los 41 votos de PSOE, Vox, Unidas Podemos e Igea, frente a los 31 en contra del PP, a los que se sumaron el de Por Ávila y los dos no adscritos, mientras que los seis de UPL-Soria ¡Ya! se abstuvieron. La iniciativa, que partió del único parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Fernández, pretendía, en un primer momento, acabar con los «bulos» limitando su acceso a la publicidad que contratan las administraciones a medios que tengan sentencias en contra. Sin embargo, finalmente y vía enmiendas, el texto legislativo ha acabado por introducir criterios de reparto y a definir un nuevo modelo de televisión autonómica. Han sido meses de debate en los que prácticamente toda la oposición se han unido en bloque para sacar adelante la ley, en contra de la posición de los populares, hasta llegar al pleno, donde los grupos que han participado del acuerdo han destacado su capacidad de diálogo desde posiciones ideológicas muy alejadas. La portavoz del PSOE, Nuria Rubio, ha insistido en que «la publicidad institucional no puede ser un arma de propaganda» como, a su juicio, ocurre actualmente, frente a la norma aprobada que es «más justa en el reparto». Además, ha atacado a los populares por oponerse a una ley «transparente, justa, profesional y alejada del clientelismo». Frente a los socialistas, la bancada popular y un viceportavoz, Miguel Ángel García Nieto, que ha calificado la norma de «bodrio» porque «vulnera la libertad de expresión» que, ha advertido, «puede suponer el cierre de los medios de comunicación más pequeños y apegados al territorio». «Es una ley que nace muerte y que se debería llamar 'de censura'», ha añadido. Por Vox, Miguel Suárez ha destacado el acuerdo alcanzado por «grupos con posiciones oceánicas», y ha hablado de «las bondades» de la norma que llevan la firma de su bancada, como que los medios de comunicación ni puedan tener más de un 33 por ciento de sus ingresos procedentes de la publicidad institucional o que dentro de las Cortes se cree una comisión que sirva de control a la televisión autonómica para evitar que, como ocurre en la actualidad, «sea el Ejecutivo». Pablo Fernández, ha asegurado que «hoy es un día histórico para la pluralidad. Estoy disfrutando mucho», El procurador Francisco Igea ha cargado contra quienes, a su juicio, presionan a los medios y ha reivindicado el valor de los periodistas que «arriesgan su trabajo» por contar la verdad: «Este país no sería el mismo sin la prensa libre», ha sentenciado La nueva ley «tiene fallos que se pueden remediar», han señalado sus impulsores para referirse a la necesidad de concretar que el citado 33 por ciento de publicidad institucional se refiera exclusivamente a la Junta de Castilla y León y no a todas las administraciones. Un cambio que se quiso introducir a través de una enmienda transaccional antes de llegar al pleno pero que no fue posible al oponerse el PP (se necesita unanimidad) por lo que se impulsará una reforma exprés de la ley de forma inmediata. Por otra parte, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla León lamentó que se haya aprobado en las Cortes de Castilla y León la modificación de la Ley de Publicidad Institucional sin que se haya llegado a un consenso previo entre todos los grupos parlamentarios.