Por millonario fraude al Fisco: CDE interpone querella criminal contra diputado Miguel Ángel Calisto
Este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella penal en contra del diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (Ind.-Partido Demócrata), así como de todas aquellas personas que puedan resultar responsables, acusándolos del delito de fraude al Fisco. El organismo añadió que esta acción se lleva a cabo “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público”.
La querella, radicada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, también incluye a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, a quienes se les imputa “haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la nación”.
De acuerdo con la investigación del CDE, los antecedentes recopilados revelan que “la imputada Carla Graf, en colusión con el diputado Calisto, habría firmado múltiples contratos de prestación de servicios supuestamente destinados a apoyar las labores del parlamentario mediante asesorías, coordinación y elaboración de estudios. Sin embargo, los pagos por honorarios no solo aumentaron progresivamente sin justificación alguna, sino que además carecieron de documentos que respaldaran la ejecución real de los trabajos contratados”.
El CDE también señaló que: “Existen múltiples antecedentes que dan cuenta que la querellada no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región”.
Asimismo, el organismo sostiene que “Carla Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto Águila, quien faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó”.
En tanto, el CDE concluyó que “durante ese período se constataron una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, concordante con épocas de campañas políticas en la región, las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables”.