El Pleno de Lucena exige, por unanimidad, al Gobierno central que mantenga el Juzgado de la Mujer

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PP solicitando la revocación del Real Decreto 422/2025 , que suprime por parte del Gobierno central las competencias en materia de violencia de género del Juzgado de Lucena , trasladándolas al Tribunal de Instancia de Córdoba. La medida, que entraría en vigor el 31 de diciembre, ha sido rechazada por todos los grupos con representación municipal al considerar que perjudica gravemente tanto a las víctimas como al personal jurídico del partido judicial de Lucena. Durante el debate plenario, según ha informado el Consistorio en un comunicado, la concejal popular Charo Valverde expresó el compromiso del Ayuntamiento con «la defensa de un modelo de justicia cercano y accesible». El portavoz de IU , Miguel Villa, justificó su apoyo a la moción señalando que, si bien el decreto parte de una voluntad de mejora, sus consecuencias son « perjudiciales para los vecinos, los profesionales del Turno de Oficio y el propio Colegio de Abogados, al alejar los servicios judiciales del territorio». Desde Ciudadanos , Purificación Joyera lamentó la centralización de competencias que, según afirmó, « aleja la justicia de quien más la necesita», considerando que el Gobierno debería «dotar de más jueces, no vaciar de competencias los juzgados locales». Por el grupo socialista , Isabel Carrasquilla calificó la medida de « injustificada » tanto por criterios de especialización como de proximidad, al mismo tiempo que propuso solicitar una reunión con la subdelegada del Gobierno, Ana López, para trasladar la preocupación del municipio y defender los intereses de las personas afectadas. Por último, la portavoz de Vox , Laura Sánchez, alertó sobre el impacto logístico y operativo del traslado de competencias a Córdoba, tanto para las víctimas como para las fuerzas de seguridad. Cuestionó también la eficacia de la medida y denunció que podría provocar un incremento en los tiempos de detención, afectando a los derechos de los investigados. El Ayuntamiento de Lucena trasladará el acuerdo plenario al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Junta de Andalucía, al Ilustre Colegio de Abogados de Lucena, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).